El ministro español de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer su propuesta voluntaria para los bancos para que «aquellas familias que cuenten con bajos ingresos -por debajo de un umbral todavía sin determinar- y que tengan a todos sus miembros en paro y agotadas sus prestaciones, puedan salvarse del desahucio». En estos casos, añadió «se debería permitir dado que la vivienda es el único activo con el que cuentan esas familias». A estas condiciones habría que sumar la de que se trate de la primera vivienda.

De Guindos también se mostró partidario de que se permita un periodo de carencia para que las familias a las que se ha embargado efectivamente el inmueble puedan seguir ocupándolo «un tiempo prudencial» de al menos dos años.

Durante su intervención en el Congreso, De Guindos presentó una serie de propuestas que tienen como objeto «dar solución a errores del pasado que junto a la crisis, han provocado situaciones insostenibles para los ciudadanos». Así, el Gobierno de Mariano Rajoy propuso cambios legislativos en el mercado inmobiliario y«un código de buenas prácticas, que habrá que promover entre el sector bancario para que haya una adhesión voluntaria de las entidades».

No obstante, De Guindos advirtió de que «hay que tener cuidado con esta práctica, que puede llegar ser negativa para la concesión de crédito a futuro, así como provocar subidas de tipos de interés».

«Condiciones draconianas»

El presidente de la Asociación de Consumidores de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, declaró que esta propuesta puede resultar un «fracaso por las condiciones draconianas» que se imponen.

Pardos considera que el Gobierno se ha acogido a las «recomendaciones de la banca» y pidió que se aplique la moratoria de tres años, que la asociación viene reivindicando desde el año pasado. Asimismo, insistió en que es «necesario un cambio legislativo de la Ley Hipotecaria, ya que la actual es leonina con los usuarios y está anticuada».

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que la propuesta «es una mentira porque en realidad el Gobierno no va a legislar para evitar el desahucio de las familias, sino que va a elaborar un código ético con la pretensión de que la banca lo cumpla».