Justicia eleva las acusaciones y las dudas sobre contratos informáticos
La comparecencia de la consejera de Justicia, Idoia Mendia, y de la viceconsejera Victoria Cinto en el Parlamento de Gasteiz sirvió, por una parte, para aumentar el grado de acusación contra la exdirectora de relaciones con la Justicia Inmaculada de Miguel y, por otra, para aumentar las dudas y la perplejidad de los grupos, incluido el PP, sobre la actuación desarrollada por el Gobierno de Lakua antes y después de conocer las «graves irregularidades» y denunciarlas.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Hasta ayer sabíamos oficialmente por parte del Gobierno que entre los años 2000 y 2009 se habían producido una serie de «graves irregularidades» en las contrataciones informáticas del Departamento de Justicia, donde se había pagado por trabajos que las empresas no habían realizado y que se habían facturado varias veces los mismos trabajos. E incluso que había contrataciones que eran «una mera justificación formal para obtener financiación». El importe total de los expedientes donde había irregularidades supera los 23 millones de euros.
Pese a que la consejera de Justicia y portavoz del Gobierno autonómico, Idoia Mendia, insiste en que no han acusado a nadie, tras su comparecencia de ayer en el Parlamento de Gasteiz sabemos también que las memorias suscritas por la exdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, que daba origen a todas estas contrataciones, tenían como punto de partida el cumplimiento de la contratación anterior, lo que -según la viceconsejera Victoria Cinto-, además de una «huida hacia adelante», supone «faltar a la verdad en las memorias», es decir, en un documento público.
Y ahora tampoco sabemos ya de cuánto dinero se está hablando. Porque parte de esos contratos de 23 millones de euros, se han ejecutado o se están ejecutando, pero a la cifra resultante habrá que añadirle el dinero que se ha perdido por no tener realizado los trabajos contratados. Daños que se pedirán si la Fiscalía opta por llevar la cuestión a la vía penal, o que se tratarán de reclamar por lo civil si Juan Calparsoro no ve delito.
Perplejidad
Los grupos parlamentarios, con excepción del PSE, mostraron su perplejidad por la forma de actuar del Gobierno de Lakua en este caso. Uno de las dudas en las que coincidieron fue en el hecho de que tras las reuniones del Departamento de Justicia con las empresas Ibermática e Indra, las firmas reconozcan que hay trabajos que han cobrado y no han realizado -lo que la propia Victoria Cinto considera «extraño»- y se comprometen a hacerlas gratis. Pero al mismo tiempo, el Gobierno también reconoce que hay trabajos de servicio y mantenimiento que estas firmas han continuado haciendo sin contrato, por lo que acuerda pagarles más de 5 millones de euros. La explicación gubernamental es que de esta forma se garantizaba que el sistema continuara funcionando y no empezar de cero.
Parte de los grupos tampoco entienden cómo es posible que el Gobierno siga contratando a empresas que han admitido haber cobrado trabajos no realizados en una suerte de fraude continuado desde el 2000. La respuesta es que «son empresas que están trabajando bien y el problema es que no lo hicieron en tiempo y forma». A lo que se añadió que «son empresas punteras», que en algunos casos solo ellas conocen los entresijos del sistema y que en otros han obtenido la mejor puntuación en los concursos. Según Idoia Mendia, en el pliego de condiciones de un concurso no se puede vetar a nadie.
Hostilidad hacia la Cámara
Ante las dudas, las peticiones de explicación o las críticas de los grupos, la consejera y la viceconsejera adoptaron en algunos momentos una actitud hostil. Idoia Mendia enfatizó su «sorpresa por la actitud de la mayoría de los grupos de la Cámara», a los que llegó a acusar por dos veces de pretender que se guardara el caso en el cajón.
Alegando que la Fiscalía había dictado «el carácter secreto» de sus propias «diligencias de investigación», rechazó enviar al Parlamento documentación solicitada, que el portavoz del PP le recordó que es pública.
La consejera de Justicia, Idoia Mendia, afirmó ayer en el Parlamento que cuando el fallecido viceconsejero José Manuel Fínez accedió a su puesto se encontró borrado el disco duro del ordenador de su despacho.
La viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto, que antes fue presidenta de la Audiencia Provincial de Donostia, sorprendió al afirmar ante la Comisión que era «amiga íntima» de Inmaculada de Miguel, la exdirectora a la que acusa de haber «faltado a la verdad» en las memorias que han dado lugar a estos contratos.
Al preguntársele por la declaración pública de Inmaculada de Miguel de que durante la investigación no se le había dado oportunidad de explicarse, Victoria Cinto afirmó que ella misma, en compañía de un director, había citado a Inmaculada de Miguel el 2 de junio de 2011 en su despacho. «Éramos íntimas amigas. Le di fotocopia de todo lo que tenía para que me diera explicaciones. Yo no tenía ganas de investigar a una amiga. Esperé tres semanas antes de abrir la investigación y todavía estoy esperando su respuesta».
Pero Victoria Cinto también anunció que su antecesor José Manuel Fínez se había entrevistado con Inmaculada de Miguel en la cafetería del Hotel Lakua en mayo de 2010, Y contó públicamente que desde entonces, por las confidencias que se hacían entre amigas, sabía que «su preocupación era máxima», y que era ella quien trataba de restar importancia al asunto en función de las explicaciones que le daba De Miguel. Desvelar esas confidencias no parecen ayudar a su amiga. I.I.
