La Sindicatura de Greuges de la Comunidad Valenciana -figura similar al Defensor del Pueblo- inició ayer una investigación sobre lo ocurrido durante las protestas estudiantiles que comenzaron la semana pasada en València tras recibir más de 38.000 quejas por actuación de la Policía. La directora del instituto Lluís Vives, Carmina Valiente, exigió a la delegada del Gobierno español, Paula Sánchez de León, que «se depuren responsabilidades» por la «actuación desproporcionada» de la Policía español contra una treintena de alumnos.