La jornada de presentación del informe de Osalan «Amianto en la Comunidad Autónoma de Euskadi» comenzó mal. No estuvieron invitados a participar ni los directamente afectados, a través de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), ni los sindicatos que están desarrollando una labor de sensibilización y afloramiento del amianto. En cambio, sí fueron invitados de honor dos mutuas: Fremap y Mutualia, así como el responsable médico de Nervacero. Quien no estuvo fue el representante de Tubos Reunidos, ausencia que algunas fuentes atribuyeron a que en unas semanas han fallecido dos extrabajadore afectados por cánceres derivados del amianto.

Siguió mal, porque el prometido estudio de impacto del amianto quedó en nada. No había estudio. Lo tiene la directora de Osalan, Pilar Collantes, en su ordenador. Está a la espera de presentarse en el Parlamento de Gasteiz, a la vez que eche a andar la Ponencia sobre la creación de un Fondo de Compensación a las víctimas del amianto.

A cambio, dijeron que van a proponer a los ayuntamientos que, allí donde se realice una obra, se controle si hay amianto. Nada que ver con un mapa integral del amianto. Los dos subdirectores de Osalan, José Antonio Vázquez (técnico) y Pedro Pablo Uriarte (planificación) explicaron «historias» del amianto y se atrevieron a hacer afirmaciones de que hasta 1984 no hubo un reglamento específico de prevención del amianto, obviando la doctrina unificada por el Tribunal Supremo que lleva a 1942 la necesidad de prevención frente al mineral cancerígeno.

El subdirector técnico tachó de «injusto» que las familias de los afectados por el amianto reclamen una contraprestación económica por la pérdida de la salud o de la vida contra «la empresa más grande en la que trabajó y dejando a un lado a empresas por las que pasó y han desaparecido» y exculpó a las empresas por la falta de prevención frente al amianto antes de 1984. Se atrevió a decir que quien tiene que dotar el Fondo de Compensación debe ser el Estado. No se pusieron de acuerdo los dos subdirectores, porque uno fechó en 1984 la regulación específica del uso del amianto, porque «antes se desconocía su peligro», aunque su compañero situó a comienzos del siglo XX el conocimiento del peligro del amianto.

La directora de Osalan presentó datos de los más de 5.000 extrabajadores «fichados» por haber trabajado con amianto, pero que el servicio público no realiza los controles médicos oportunos, mientras que las empresas ocultan los datos de los posibles afectados. Algunos afectados abandonaron la sala para acudir a las concentraciones en el exterior a grito de «mentirosos».

Sindicatos y afectados mostarron su más absoluto rechazo a lo que habían escuhado. No daban crédito. Asviamie rechazó las declaraciones y comentarios de los subdirectores y les acusaron de «total ignorancia» sobre la regulación del amianto y criticaron la «autocomplacencia» mostrada con la vigilancia de la salud. Ibon Zubiela, de LAB, denunció que «empresas y administración ocultan la realidad», mientras que Jesús Uzkudun sintió «vergüenza» por la defensa de Osalan de las empresas y las mutuas. Leire Heredia, de ELA, llamó «a socializar el problema» e Igor Mera, de ESK, tachó de «inoperantes y cómplices a la Seguridad Social, Osakidetza, las mutuas y Osalan». Mientras que los afectados sentían «la máxima repulsa».