El Gobierno español sigue al parecer adelante con su pretensión de alterar el censo electoral de Hego Euskal Herria. Según indicó ayer la agencia Europa Press, citando fuentes del Ejecutivo, Madrid tiene previsto «encargar un informe jurídico para modificar la Ley Electoral General», con el fin de que puedan votar quienes se fueron «por culpa» de ETA.

La información publicada hace referencia como ámbito geográfico a «Euskadi», por lo que no se concreta si la situación de Nafarroa entraría también en dicho informe. Hace tres semanas, Carlos Salvador, diputado de UPN en el Congreso español, registró una proposición no de ley en ese sentido. La medida tendría vigencia en las elecciones autonómicas, estatales y europeas, pero no en las municipales y forales.

La posibilidad cobra nuevamente fuerza una semana después de que el PP aprobase en su XVII Congreso, celebrado en Sevilla, una ponencia política en la que se reclama que «el final necesario de ETA debe conllevar la restitución de alguna manera de los derechos políticos de miles de vascos desterrados por las consecuencias directas e indirectas de la amenaza y la extorsión del entramado etarra. Un País Vasco en paz y en libertad es una sociedad en la que puedan decidir su presente todos aquellos que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o en la que vivieron».

El principal redactor del texto es Antonio Basagoiti, presidente del PP de la CAV y que durante los últimos meses ha sido el principal abanderado de esta reclamación.

En un pleno celebrado en la Cámara de Gasteiz el pasado diciembre, Basagoiti defendió que «hay más gente que falta en el censo que votos tiene eso que se llama izquierda abertzale». Su cifra oscila entre los 219.664 que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) han dejado Araba, Bizkaia y Gipuzkoa desde 1998 -primer año del que ofrece datos-, hasta los 310.451 votantes que debiera haber censados «si el País Vasco se hubiese comportado en líneas generales como el resto de España».

«Constancia objetiva»

Según lo filtrado ayer, desde esta formación conservadora se considera que «este derecho de voto debería ser restituido a las personas de las que haya una constancia objetiva de un daño o una amenaza por parte de ETA, es decir, víctimas, hijos de víctimas, personas a las que la banda intentó extorsionar, amenazó o supervivientes de atentados, entre otros. En definitiva, sería necesario que se demostrara objetivamente que salieron de Euskadi por una acción directa o indirecta» de la organización armada.

Las misma fuentes basarían esta propuesta en el derecho de voto que tienen los emigrantes que salieron del Estado español por efecto de la Guerra de 1936, sus hijos y nietos.

«Este precedente de una emigración forzada es el que alegan las fuentes consultadas, quienes señalan que se trataría de restablecer una normalidad democrática con las personas que tuvieron que salir de Euskadi contra su voluntad», apunta Europa Press.

«No obstante, añaden que el ejercicio del voto dependería de la voluntad de las personas y, en ese caso, se baraja permitirles recuperar su presencia en el País Vasco en el último domicilio que hubieran tenido a efectos de poder votar, pero no se les exige que vuelvan. Tampoco se permitiría doble voto, es decir, en el País Vasco y en su lugar actual de residencia», puntualiza la agencia.

El PP quiere que esta modificación de la Ley Electoral General se apruebe antes de las próximas elecciones autonómicas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que, si no se adelantan, tendrían que celebrarse como muy tarde en marzo de 2013.

Cabe recordar que el Parlamento de Gasteiz es, actualmente, la única institución donde continúa vigente la política de apartheid contra la izquierda abertzale.

En cualquier caso, aún no estaría decidido si será el Gobierno de Mariano Rajoy quien apruebe la modificación de la Ley Electoral General y después lo envíe al Congreso o si será una propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Esta última opción podría ser más rápida.

Las fuentes consultadas admitieron a Europa Press que, aunque emprendan la reforma legal, irían bastante justos de tiempo, ya que el censo para las autonómicas se cierra bastante antes de la celebración de las mismas.