Baltasar Garzón, extitular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, continuación del TOP (Tribunal de Orden Publico) franquista, y responsable de instruir los casos de terrorismo en el Estado Español, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación en la carrera judicial por un delito de prevaricación, debido a la orden de realizar escuchas ilegales a los abogados de los imputados en prisión preventiva por el caso Gürtel, trama de corrupción ligada al Partido Popular. En el segundo de los juicios en el que estuvo procesado, el referido a las diligencias en torno a las víctimas del franquismo, el ya exjuez Garzón ha sido absuelto por el Tribunal Supremo mediante una sentencia adoptada por mayoría de seis a uno. Tampoco podemos olvidar que Garzón tiene un tercer procedimiento abierto en el mismo Tribunal Supremo por cohecho y prevaricación, debido a los patrocinios que pidió (y obtuvo) a grandes multinacionales y bancos españoles, para financiar sus conferencias y un seminario sobre terrorismo en la Universidad de Nueva York.

Como respuesta a la sentencia, hemos leído con sorpresa pero también con cierta preocupación el pronunciamiento de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad titulado «Contra la impunidad franquista». Sorpresa porque, mientras que en el citado documento se reconoce que Garzón cerró diarios y coartó las libertades del pueblo vasco, se protesta por su condena de 11 años de inhabilitación. Preocupación porque, como militantes de izquierda e internacionalistas que somos, pensamos que no vale cualquier argumento, mucho menos la defensa de un personaje como Baltasar Garzón, para denunciar el fascismo imperante en el Estado español y el intento de sepultar de nuevo a las víctimas del franquismo. Mucho menos si esta defensa la realizan compañeros, y en muchos casos amigos, de la izquierda latinoamericana y europea con los que hemos compartido innumerables eventos, foros, reuniones y publicaciones.

En Euskal Herria, un pueblo milenario que lucha en defensa de su identidad y que no quiere otra cosa más que poder decidir libremente su futuro, conocemos mejor que bien a Garzón. Algunos hemos sido detenidos en aplicación de sumarios por terrorismo instruidos por este juez y hemos pasado por su despacho después de días de tortura por parte de la Policía Nacional en aplicación de la llamada ley antiterrorista, tortura amparada y legitimada por el propio magistrado, que nos ha visto sentarnos frente a él en pésimas condiciones físicas y mentales. Esto no es más que una gota en un océano. A las cientos de personas que Garzón ha enviado a prisión sin más pruebas que declaraciones autoinculpatorias obtenidas bajo tortura, se le suman el cierre del diario «Egin» y la ilegalización de numerosas organizaciones que trabajaban en diversos ámbitos, desde el movimiento juvenil, a la defensa de la lengua vasca o de los derechos de las prisioneras y los prisioneros políticos.

Pero no solo eso. En el País Vasco tenemos la legitimidad necesaria para reivindicar la memoria de las víctimas del franquismo, pues son más de 6.000 personas vascas las ejecutadas en los meses y años posteriores al alzamiento militar antidemocrático y fascista del 18 de julio de 1936. Según datos del historiador Iñaki Egaña, son 37.930 los niños y niñas vascas que tuvieron que exiliarse durante la dictadura franquista, muriendo muchos de ellos en lugares tan alejados como Siberia, mientras más de 100 mujeres vascas eran ejecutadas y numerosas de ellas violadas. No en vano, el pueblo vasco alumbró el nacimiento de la organización político militar Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que permitió que el franquismo no se perpetuara, ejecutando al sucesor de Franco, el comandante Carrero Blanco. Conocemos muy de cerca el sufrimiento causado por el franquismo, dictadura que no permitía siquiera hablar nuestra lengua, el euskara, el idioma más antiguo de Europa, o mostrar la ikurriña, nuestra bandera.

Sin embargo, convertir a Garzón en un símbolo es un error. Es cierto que la impunidad con la que se mueve todo lo que tiene que ver con los crímenes franquistas nos demuestra que si el sistema tiene que apartar a un lado a uno de sus jueces estrella (juez convertido en estrella por su protagonismo en los aparatos represivos del Estado como ariete contra la disidencia vasca) para que no desentierre los crímenes franquistas, lo hace sin dudar. Pero, curiosamente, los juicios contra Garzón siguen de nuevo girando en torno a la figura megalómana del superjuez, que no olvidemos que en las elecciones de 1993 fue numero 2 del PSOE, el partido cuyos dirigentes crearon los paramilitares Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y no en una reivindicación de la memoria de las víctimas del franquismo, cuyos familiares tienen todo nuestro respeto y comprensión.

Pensamos que tanto la izquierda española, como los intelectuales comprometidos en América Latina y Europa, no necesitan apoyarse en un violador de los derechos humanos para enfrentar a una derecha española que tiene en estos momentos los aparatos ideológicos del Estado a su servicio contra cualquier posición crítica desde la izquierda. No podemos caer en la trampa de un sector de izquierda que se erige ahora en defensora de los derechos humanos pero nunca levantó la voz cuando en Euskal Herria se violaban diariamente los derechos tanto individuales como colectivos, cuando se intervenían las comunicaciones entre presos políticos y sus abogados vascos, mismo delito por el que ahora han condenado a Garzón, o cuando todavía hoy en día decenas de miles de personas tienen restringidos sus derechos civiles y políticos y ni siquiera cuentan con un partido político que les represente porque Garzón ilegalizó las formaciones a las que votaban.

La falta de propuestas y alternativas programáticas no puede suplirse convirtiendo en adalid de la democracia a un juez torturador. La mal llamada Transición española obligó a sepultar bajo un impenetrable manto de silencio los crímenes franquistas, obligando a la izquierda a capitular y reformarse si querían entrar en el club de la democracia. Sin embargo, haciendo nuestra la reivindicación de «ni olvido ni perdón», Garzón algún día tendrá que pagar por su complicidad en alimentar la maquinaria de la clase dominante, que es tan poderosa que en cuanto el superjuez se ha salido del camino marcado, no han dudado en sacrificarlo por el bien de su democracia.

Esperamos en ese sentido que los compañeros que esta vez han defendido a Garzón comprendan que no hay defensa posible de este personaje desde una ética de izquierda, y que si buscamos el esclarecimiento y la justicia para las víctimas del franquismo, es mucho mas útil el trabajo en torno a planteamientos claros, contundentes e irrenunciables de verdad, justicia y reparación, entendiendo como nos lo explican los compañeros de Ahaztuak 1936-1977 que estas tres máximas no solo atañen a los responsables del régimen franquista y de sus crímenes desde 1936 hasta 1977, sino también a los que desde diferentes estamentos han sido responsables hasta el momento actual del modelo español de impunidad cuyas contradicciones refleja hoy día el enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón.

PD.: En recuerdo y homenaje a los cientos de torturados y represaliados políticos encausados por el juez Garzón.

(*) También firman este artículo Alberto Pradilla (Euskal Herria), Ricardo Bajo (Bolivia), Alejandra Santillana (Ecuador), Juan Contreras (Venezuela), Marco Santopadre (Italia) y Aníbal Garzón (Catalunya).