Aunque el pleno del Ayuntamiento de Pamplona haya demostrado su incapacidad para aprobar una declaración en la que reconozca a nuestro vecino Ángel como víctima del conflicto político, pensamos que no es el momento de quedarse mirando a estrategias políticas que no nos llevan ni a la solución, ni a la convivencia, ni al reconocimiento mutuo.

Por eso, antes que nada, queremos subrayar la importancia de acudir el próximo 10 de marzo a la plaza del Ayuntamiento de Iruñea, para exigir reconocimiento y reparación para Ángel y otras victimas que están en la misma situación. Vivimos tiempos de cambio y resolución, por lo tanto, pensamos que no hay excusas para seguir manteniendo la discriminación de una de las partes en conflicto como estrategia política.

En ambas partes ha habido víctimas que a pesar de mantener una posición alejada del enfrentamiento político-militar, han sufrido las consecuencias del conflicto en primera persona. La diferencia entre unas y otras estriba fundamentalmente en el tratamiento y la interpretación que el Estado hace de unos y otros hechos, y por lo tanto, de unas y otras víctimas.

El caso de Ángel Berrueta es un caso paradigmático, dado que a diferencia de otros casos, aquí toda la secuencia se produjo a la vista de todos. Comenzó con la actitud irresponsable y premeditada de los responsables políticos del Estado, que azuzaron a la sociedad creando y posteriormente manteniendo una mentira a sabiendas de que lo era. A fin de asegurar su posición política y de sacar réditos de los atentados del 11M, instrumentalizaron los hechos y a las víctimas, usando el dolor y la rabia que provocaron. Todo esto se materializó en confrontaciones a pie de calle y en su máximo exponente, en el asesi- nato en su panadería de nuestro vecino y amigo Ángel a manos de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esto hizo que no pudieran tapar completamente el caso de Ángel, aunque lo intentaron desvinculando al Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de lo ocurrido, a pesar de la evidencia.

Es inmoral que reclamen arrepentimiento a otros cuando el Estado, en un caso tan flagrante (desgraciadamente no es el único), ha sido incapaz de asumir y depurar sus responsabilidades.

La legitimidad de todos sus reconocimientos y homenajes quedan en entredicho ante su incapacidad de reconocer también a las otras víctimas, esas que no les son tan cercanas o afines políticamente.

Cuando el Estado niega a Ángel y a su familia el derecho a ser reconocido como víctima del conflicto, los sitúa en una posición de desigualdad frente al resto de personas que en circunstancias similares sí lo han sido, y lo que debería ser un derecho, pasa a ser un privilegio, triste, pero privilegio al fin y al cabo, ya que se convierte en excluyente. Cuanto mayor es el poder que se tiene, mayor es la responsabilidad ante la vulneración de un derecho. El Estado español curiosamente aplica esta norma en sentido inverso en beneficio propio. Dado que el Estado es el garante de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, la vulneración que este hace de los mismos es la más grave que puede existir.

Tal vez el problema de fondo sea este, que en el asesinato de Ángel el responsable es el Estado. Y si el Estado es responsable también de causar víctimas, entonces podemos hablar de conflicto. Y si las acciones están motivadas por fines políticos, como es el caso, tal vez podemos hablar de conflicto político, y ya sabemos cuánto le cuesta reconocer esto al Estado.

Ha llegado el momento del cambio y lo que le falta al Estado es responsabilidad, voluntad, humildad y amplitud de miras para ser consciente de lo que está en juego y dar los pasos necesarios para conseguirlo.

Plantear la resolución en términos de vencedores y vencidos es a todas luces arrogante e irresponsable.

Empecemos a dar pasos hacia la convivencia pacífica a través de la verdad, el reconocimiento y la reparación de las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto, sean de la ideología que sean.

La movilización ciudadana y la presión social deben servir para avanzar en el camino a una solución justa, garantía esta para que no se repitan hechos similares.

(*) Firman también el artículo, Javier Huercanos, Daniel Rico, Jokin Aranguren y Raúl Eskalada.