«Lo que buscamos es derribar totalmente la teoría de las dos violencias que siempre la izquierda abertzale ha querido construir en Euskadi. Aquí no han existido dos violencias, aquí solo ha existido una: la de ETA. Y luego, actuaciones aisladas de funcionarios públicos que se excedían en sus funciones. Las personas víctimas de esos excesos merecen ser reconocidas». Idoia Mendia, portavoz y consejera de Justicia del Gobierno de Lakua, abogó por utilizar el decreto de víctimas de abusos policiales, que ayer presentó en Madrid, para confrontar con el relato abertzale. Tal y como avanzó este periódico, el Ejecutivo que dirige Patxi López está abordando ahora el borrador del primer período, el que comprende entre 1968 y 1978. Este texto podría entrar en vigor en primavera.

«Es importante que desde las instituciones se reconozca a esas personas porque a la izquierda abertzale le gusta hacer suyas esas víctimas cuando no lo son, no tenían motivación política», señaló Mendia durante un desayuno informativo celebrado en la delegación del Gobierno de Lakua en Madrid. «No buscamos culpables ni juzgar a nadie», quiso dejar claro la portavoz del Ejecutivo de Gasteiz. No obstante, tuvo que reconocer que los juicios de los casos que ahora se tomarán en consideración, «se hicieron de aquella manera» en las ocasiones que llegaron a los tribunales.

«El afán no es establecer quién fue el autor de la muerte y no vamos a buscar a los culpables, sino a reparar el hecho», señaló. Paradójicamente, a pesar de tratar de restar la motivación política de las víctimas de la violencia policial, Mendia defendió el carácter «político» del trabajo destinado a legitimar tanto a las instituciones como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de quienes dijo que, en esa época, vivían en «alerta permanente». A esto añadió que «si estamos donde estamos es gracias a la labor de la Policía y la Guardia Civil».

«Cuándo nos hemos pasado»

«Se trata de reconocer cuándo nos hemos pasado», argumentó Mendia, que especificó que, por el momento, no han elaborado un censo de las personas que podrían acogerse a este decreto. Según explicó, actualmente se desarrollan labores de investigación. Además, la portavoz del Gobierno de Lakua señaló que se ha remitido el borrador, entre otras instituciones y organizaciones sociales, a las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, a Eudel, Asociación 3 de Marzo, Lau Haizetara, Unesco Etxea, Lokarri, Torturaren Aurkako Taldea, Behatokia o el Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo. También se han recogido las alegaciones de las formaciones políticas representadas en el Parlamento de Gasteiz. Próximamente se transmitirá si se admiten o no estos añadidos con su correspondiente justificación.

Pregunta de Amaiur

Por otra parte, también en el ámbito represivo, Amaiur ha registrado una pregunta por escrito en el Congreso español por la que insta a informar sobre el número exacto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegado en Euskal Herria, especificando cuántos de ellos son policías españoles y cuántos guardias civiles.