Imputados por presentar listas a las elecciones piden el fin de la represión
Las elecciones del 1 de marzo de 2009 llevaron a unos al Parlamento, a otros a Ajuria Enea y a miembros de las listas de D3M y Askatasuna a la cárcel, de donde salieron una vez pasados los comicios. Trece personas se enfrentan ahora a penas de siete a nueve años de prisión por aquel intento de participación electoral. Ayer exigieron el fin de la persecución política apoyados por parlamentarios y exparlamentarios.
Iñaki IRIONDO |
Los parlamentarios y exparlamentarios autonómicos Javier Madrazo, Oskar Matute, Rafa Larreina, Iñaki Ruiz de Pinedo, Tasio Erkizia, Oxel Erostarbe, Mikel Basabe y Jesús Pérez de Viñaspre, acompañaron ayer a varias de las personas imputadas por haber intentado participar en las elecciones de hace tres años con las candidaturas de Demokrazia 3 Milioi y Askatasuna. El próximo 30 de abril comenzará el juicio contra ellas y la Fiscalía pide penas de nueve años de prisión por pertenencia a organización terrorista para nueve de ellas, y de siete años para otras cuatro por colaboración.
Ayer, 1 de marzo, tercer aniversario de aquellas elecciones que llevaron a unos al Parlamento y a otros a la cárcel durante dos meses, varios de estos comparecieron para pedir el fin de los juicios políticos, de la persecución policial y judicial y de las ilegalizaciones.
«Súmamente grave»
Aseguraron que, mientras una mayoría social y política del país está exigiendo la adopción de una actitud constructiva ante la oportunidad histórica para la resolución del conflicto político, «el Estado español sigue respondiendo con una estrategia de bloqueo».
Según denunciaron, este juicio por intentar presentarse a unas elecciones es el ejemplo del «inmovilismo y la utilización de viejas recetas represivas como la persecución política y judicial contra actividades políticas».
Los imputados, parlamentarios y exparlamentarios que comparecieron ayer en Gasteiz, señalaron que consideran «sumamente grave que se vaya a juzgar a 13 personas acusadas de articular una oferta electoral a la sociedad vasca. Una oferta electoral a favor de articular un proceso de soluciones, con el objetivo de crear un marco democrático para toda la ciudadanía de Euskal Herria. Es decir, democracia para los tres millones de personas que conformamos Euskal Herria».
Recordaron, al mismo tiempo, que las elecciones de hace tres años «se dieron en una situación de excepcionalidad», «con la oferta electoral que presentábamos las personas ahora imputadas, ilegalizada». Esto ha dado lugar a que en la Cámara autonómica que se conformó con motivo de aquellos comicios «no están representadas todas las opciones políticas».
La Caja General de Depósitos del Tesoro del Reino de España hará efectiva próximamente la indemnización de 20.000 euros a Arnaldo Otegi a la que fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en marzo del año pasado obligó a España a indemnizar al líder independentista por haberle impuesto una condena «desproporcionada» por injurias graves al rey en 2003.
El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó que el Estado cumple con la sentencia «sin ningún tipo de satisfacción, reiterando nuestra discrepancia y ello no supone ninguna descalificación al Tribunal Europeo ni a las personas que la han adoptado». Además, mostró su «coincidencia plena» con las resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en contra de Arnaldo Otegi y que provocaron la amonestación del Tribunal de Estrasburgo.
Al Reino de España se le agotaba el 19 de marzo el plazo para hacer efectiva la indemnización, sin que hubiera encontrado ningún resquicio para no hacerla efectiva. De no pagarla, se exponía a una sanción más fuerte. GARA
El 23 de enero de 2009 el Gobierno de Zapatero y Baltasar Garzón efectuaron una operación contra D3M que acabó con la detención de ocho independentistas que pasaron dos meses en la cárcel.
