El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha hecho pública una sentencia en la que señala que los presos que sufren graves problemas mentales deben estar fuera de las cárceles y ser atendidos en servicios hospitalarios.

Behatokia destacó que la sentencia de Estrasburgo se ha producido en un momento en el que se está reclamando la puesta en libertad de presos vascos encarcelados con enfermedades graves e incurables y que el caso de Txus Martín se enmarca en el tipo de dolencia al que hace referencia el Tribunal. Encarcelado en Zaballa, sufre un trastorno esquizo-afectivo con componente delirante.

En este sentido, Behatokia recuerda que el Estado español ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que debe aplicar las sentencias que dicte el Tribunal de Estrasburgo.

La sentencia de Estrasburgo destaca que «una persona mantenida en prisión con graves problemas mentales tiene más dificultades para que se le pueda proporcionar el tratamiento médico que requiere su situación, por lo que se somete al reo a una situación que excede el nivel evitable de sufrimiento inherente en el detenido».

Por ello, condena al Estado francés por «tratos inhumanos y degradantes» por haber mantenido a M.G., nacido en 1975 y «enfermo de una sicosis crónica de tipo esquizofrénico que le provoca problemas de alucinaciones, delirios y conductas agresivas y adictivas», en una prisión de la zona de Marsella.

El Tribunal de Estrasburgo subraya que mientras estuvo encarcelado, M.G. no pudo recibir la atención adecuada, puesto que su enfermedad mental necesitaba un tratamiento adaptado en un hospital.

Ataque al derecho a la salud

Con la sentencia de Estrasburgo en la mano, Behatokia reclamó «la inmediata liberación de los presos políticos vascos que se encuentran gravemente enfermos, ya que su situación en prisión no solo es ilegal, sino que atenta contra uno de los derechos más básicos como es el de la salud».

Junto a ello, Behatokia recordó que además de Martín hay otros ocho presos políticos vascos gravemente enfermos que permanecen en prisión contraviniendo lo que establece tanto la propia legislación española como la internacional, «aplicando una serie de medidas de excepción que pueden tener nefastas consecuencias para los presos que tienen enfermedades graves e incurables».