protesta estudiantil en barcelona
Los presupuestos del Govern estrangulan la universidad pública
Por segundo día consecutivo, los estudiantes catalanes reivindicaron ayer una universidad pública y de calidad, denunciando los recortes presupuestarios acordados por el Govern de CiU con el PP y lo que consideran una «privatización encubierta» de las universidades. Fue la secuela de una huelga que el miércoles unió, por primera vez en muchos años, a una gran mayoría de alumnos, profesores y trabajadores en una movilización conjunta.
Beñat ZALDUA | BARCELONA
Pese a que la Generalitat se empeña en negar que los recortes en las universidades afecten a la calidad de la enseñanza y no admite que la plantilla de profesores y trabajadores universitarios esté siendo perjudicada, es difícil creerlo cuando la partida presupuestaria destinada a la educación superior se ha recortado en dos años más de un 15% -13,7% en 2011 y 1,9% este año-.
Así lo cree al menos la Plataforma Unitaria de Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), que el miércoles organizó una huelga en todas las universidades públicas del Principat bajo el lema «No pagarem la seva estafa».
Según la PUDUP, los recortes del Departamento de Economía y Conocimiento -resulta significativo que las universidades no dependan de Educación- comprometen de forma grave la calidad de la educación, ya que las aulas están cada vez más masificadas y las condiciones laborales de los profesores son cada vez más precarias. La plataforma denuncia que este año 2012 ha empezado con centenares de despidos de profesores y personal administrativo y de servicios, ya sea por la vía del despido directo o por la no renovación de los contratos. Solo en la Universitat Autónoma de Barcelona, calculan que 400 trabajadores perderán su puesto de trabajo.
Peligrosa precarización
Además de los despidos, la plataforma unitaria advierte de la peligrosa precarización que se está llevando a cabo en las condiciones laborales de los docentes, bajo la excusa del Govern de CiU de «potenciar la contratación de personal docente e investigador», reduciendo el volumen de profesores-funcio- narios. Eufemismo bajo el que se esconde, según la PUDUP, la intención de despojar a los profesores de sus derechos laborales.
La plataforma unitaria denuncia también que, de esta manera, se está castrando a toda una generación de profesores que entra -o no consigue entrar- en la docencia universitaria en los últimos años. Como muestra, valga decir que la Generalitat ya ha anunciado que no repondrá al 50% del profesorado jubilado.
Estos elementos han confluido para que la huelga del miércoles fuese seguida por una gran mayoría de profesores y trabajadores de las universidades, algo que no sucedía en movilizaciones anteriores.
Ermengol Gassiot, profesor y delegado de la CGT en la UAB, señalaba en la manifestación del miércoles -que según los organizadores reunió a 70.000 personas- que antes, «cuando los estudiantes ocupaban un Consejo de Gobierno de la universidad, el profesorado los tachaba casi de criminales; sin embargo, el pasado 15 de febrero, la reunión de dicho Consejo tuvo que suspenderse por la acción conjunta de profesores, trabajadores y estudiantes».
Pagar más, recibir menos
Pero como no podía ser de otra manera, el grueso de la manifestación del miércoles -así como de las protestas de ayer en la UAB, donde se realizó una huelga de 48 horas, y en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona- estaba compuesta por estudiantes, tanto universitarios como de los últimos años de educación secundaria.
Los alumnos, organizados en asambleas de facultad, ponen el foco de su denuncia en el aumento de las tasas universitarias, que van camino de convertir la educación superior, tal y como advierten, en un lujo para las élites. Desde la PUDUP, aseguran que este año las tasas universitarias aumentarán todavía más sobre el valor del último año, resultando una media de un 15%.
Dicho aumento de las tasas universitarias, unido a la disminución y precarización del profesorado tiene como consecuencia que los estudiantes tengan que «pagar más para recibir una educación de menor calidad», tal y como se lee en el manifiesto de la PUDUP.
Esta debilidad de la universidad pública, junto con las facilidades del actual Govern, dejan la pista libre a que la iniciativa privada entre en los centros de educación superior públicos, mediante su participación en los consejos sociales de las universidades y la introducción de fundaciones privadas, ligadas muchas veces a entidades financie- ras responsables en gran medida de la crisis económica actual.
Los recortes de las universidades no afectan a las cúpulas. Según se ha sabido estos días, el Consejo de Dirección de la Universitat Pompeu Fabra se gastó, a mediados de febrero, 6.305 euros en una reunión de dos días en un hotel de Terrasa.
Todavía no se ha cerrado el capítulo de la represión policial, ya que el rector de la UB ha pedido a los Mossos que desalojen el edificio histórico de la universidad, ocupado por estudiantes que ayer decidieron permanecer en el espacio.
Como si de un espectáculo se tratara, los asistentes al Mobile World Congress pudieron sacar partido a las cámaras de sus móviles cuando contemplaron perplejos las cargas de los Mossos contra los estudiantes, en la entrada del Congreso.
Un joven fue detenido la tarde del miércoles cuando, delante de la entrada al Mobile World Congress, enseñaba su DNI a los Mossos d'Escuadra mientras pedía a los agentes antidisturbios la identificación que la ley les obliga llevar en un lugar visible. Fue uno de los doce detenidos en una jornada que paralizó las universidades y sacó a la calle, según los organizadores, a 70.000 personas.
Pese a la multitudinaria manifestación, que muchos coincidieron en calificar como la movilización universitaria más importante de los últimos años, la gran mayoría de medios de comunicación destacaron la gran violencia de algunos manifestantes. Algo difícil de entender incluso asumiendo el discurso oficial sobre la violencia; como circulaba ayer por Twitter, cuesta tragar que la infanta Cristina de Borbón no esté implicada en la malversación de fondos públicos por la que está imputado su esposo, pero no que 70.000 manifestantes sean responsables de la quema de dos contenedores.
Tampoco se sostienen las declaraciones del conseller de Interior, Felip Puig, que describió los disturbios de «fiesta de los alborotos» y responsabilizó de los mismos a «profesionales de la violencia». Si así fuese, el trabajo de los Mossos quedaría en entredicho, ya que, según información de la propia Policía, ninguno de los doce detenidos tenía antecedentes.
La primera carga policial del miércoles se produjo en la Bolsa de Barcelona, cuando los Mossos intervinieron después de contemplar impasibles, y a escasos metros, cómo decenas de manifestantes arrojaban todo tipo de objetos a la entrada de la sede bursátil. Más tarde se produjo la quema de algunos contenedores a la altura de la calle Diputación, donde también se quemó un coche particular. Los medios de comunicación no tardaron en recoger el testimonio de la dueña que afirmó que «lo acababa de pagar». Muy pocos recogieron, sin embargo, el testimonio del fotógrafo Jordi Borràs, presente en el lugar, que aseguró que el coche se quemó después de que los Mossos moviesen de su sitio un contenedor incendiado.
Las protestas de los estudiantes catalanes siguen ahora con la ocupación del edificio histórico de la Universidad de Barcelona, sobre el cual pende el peligro de un desalojo inmediato, ya que el rector ya ha pedido la intervención policial. Los estudiantes, por su parte, advierten de que, si son desalojados por la fuerza, podrían extender las ocupaciones por las distintas facultades. B.Z.
La sensación de impunidad de la que gozan los Mossos crece entre los ciudadanos después de que el juez archivase la causa por el violento desalojo de Plaza Catalunya y de que 5 agentes fuesen indultados tras ser condenados por torturas.
