Acusan a Sri Lanka de secuestros y detenciones arbitrarias
El Gobierno de Sri Lanka se enfrenta a serias acusaciones de secuestros y detenciones arbitrarias en centros no oficiales hechas por Amnistía Internacional y a las críticas de 31 religiosos, entre ellos el obispo de Jafna, por no investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la ofensiva de 2009 contra los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil que, según datos de la ONU, se cobró la vida de entre 10.000 y 20.000 civiles.
GARA | COLOMBO
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado el «alarmante aumento» de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas en Sri Lanka, en las que hay «fuertes indicios» de la participación de las autoridades.
El director de AI para el área Asia-Pacífico, Sam Zarifi, informó en rueda de prensa del secuestro desde octubre de al menos 32 personas, mientras que otras cientos permanecen detenidas «sin ni siquiera saber qué cargos se les imputan».
«No todos los detenidos y secuestrados son sospechosos de ser tamiles», añadió. A modo de ejemplo, citó el secuestro de dos activistas mientras intentaban organizar una protesta en contra de estas detenciones arbitrarias. «Existe un patrón que consiste en detener a personas sin cargos y mantenerlas en lugares de detención no oficiales, sin acceso a abogados, sin contacto con sus familias y sin siquiera imputarles cargos», explicó.
En agosto, el Gobierno aprobó una ley que permite la detención de una persona sin cargos «bajo la prevención del terrorismo». Zarifi aseguró que las autoridades cingalesas actúan con total impunidad como ya lo hicieron durante la ofensiva contra los tamiles y reclamó al Consejo de Derechos Humanos «justicia y responsabilidad por aquellos acontecimientos».
Consideró que existen bastantes evidencias para que el Consejo de Seguridad de la ONU lleve a Sri Lanka ante el Tribunal Penal Internacional.
«Con este informe queremos atraer la atención de la comunidad internacional y presionarla para que busque responsabilidad sobre lo ocurrido. Sri Lanka pide más tiempo, pero hay cosas inmediatas que puede hacer», destacó.
Por otra parte, un obispo y treinta sacerdotes católicos han enviado sendas cartas al presidente cingalés, Mahinda Rajapaksa, y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exigir la creación de un órgano internacional independiente que arroje luz sobre los crímenes de guerra. «Teniendo en cuenta la persistente negativa del Gobierno, la naturaleza de las violaciones antes, durante y después de la contienda, consideramos que solo una organización independiente internacional puede ayudarnos a encontrar el camino hacia una verdadera reconciliación», destaca la misiva firmada por 31 religiosos, entre ellos Joseph Rayappu, obispo de Jaffna, reconocido por su lucha a favor de los derechos de los tamiles.
En ella critican la labor realizada por Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas (LLRC) creada por el Gobierno en 2010. «Hasta ahora, solo ha identificado los crímenes cometidos por los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), pero no ha abordado otras cuestiones importantes como los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas en las zonas del norte, especialmente, en la fase final del conflicto», inciden.
El Ejecutivo de Rakapaksa se niega a la apertura de una investigación independiente. Durante la operación que oficialmente finalizó en mayo de 2009 tras la muerte de los principales líderes tamiles, expulsó de la zona a todos los medios y grupos de derechos humanos
Según cálculos no oficiales de la ONU, la ofensiva terrestre, aérea y naval contra el LTTE acabó con la vida de entre 10.000 y 20.000 civiles. Imágenes captadas por satélite por la propia ONU mostraron en su día los cráteres que dejaron los bombardeos contra localidades bajo control de LTTE, que también alcanzaron a hospitales y otras infraestructuras civiles. Organismos de derechos humanos denunciaron, además, la utilización de armamento prohibido.
En octubre, la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas creada por el Ejército de Sri Lanka dijo que el Ejército «no mató civiles deliberadamente» en la etapa final de la ofensiva contra los tamiles en 2009. Sostuvo que «las bajas civiles se debieron al fuego cruzado».
El Gobierno de Sri Lanka calificó de «rídiculo» el informe difundido por Amnistía Internacional (AI). «Tenemos claramente documentado el número de personas en detención y custodia legal. AI está haciendo una afirmación exagerada y ridícula», dijo el ministro cingalés de Justicia, Rauff Hakim, citado por el rotativo local «Daily Mirror». «Los detenidos están bajo el Acto de Prevención de Terrorismo», alegó Rauff, que acusó al organismo de tener «una agenda con motivaciones políticas». En su opinión, este informe «está dirigido contra Sri Lanka en un momento en el que hay pendiente una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU patrocinada, entre otros países, por Estados Unidos».
Dicha resolución será votada en los próximos días en Ginebra, sede de la Comisión de Derechos Humanoa de la ONU y la misma ciudad en la Rauff hizo sus declaraciones y AI presentó su informe.
Ayer, partidarios del presidente cingalés, Mahinda Rajapaksa, se manifestaron en la capital de la isla, Colombo en contra de la campaña promovida por Estados Unidos y Gran Bretaña para que la ONU investigue los crimenes cometidos durante la operación contra el LTTE.
En el último mes se han sucedido las movilizaciones a favor del Gobierno, que prometió una campaña para «contrarrestar» la iniciativa de Washington y Londres. «Vamos a organizar manifestaciones en toda la isla para demostrar que el pueblo está con el Gobierno», adelantó Susil Premajayantha, portavoz de la administración del presidente Mahinda Rajapaksa. GARA
