Amaiur presentó ayer en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la decisión de no admitir su constitución como grupo parlamentario. A juicio de los letrados de la coalición, la no admisión del grupo por parte de la Mesa del Congreso vulneró su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y rompió, asimismo, el criterio habitual del Legislativo en este tipo de casos, en lo que fue una actuación arbitraria por parte de la mayoría del PP.

Haciendo uso de su posición hegemónica, el partido de Mariano Rajoy prefirió ir en contra de la norma habitual del Congreso y faltar al respeto a las 334.000 personas que votaron a Amaiur, que asumir el veredicto de las urnas, que en Euskal Herria situaron a la candidatura abertzale y de izquierdas como primera fuerza, con siete representantes. Cuando aún no había accedido al gobierno, esa fue la primera decisión del PP, y fue mucho más que una maniobra injusta o una arbitrariedad, fue también un mensaje político al conjunto de la sociedad vasca, que un mes antes de los comicios había recibido el histórico anuncio de ETA con la ilusión de que se abriera un nuevo tiempo, sin vetos ni exclusiones. Desde entonces, tanto desde el Ejecutivo como desde la Cámara, el PP ha dado sobradas muestras de que no tiene intención de responder a las expectativas abiertas en este país, apostando por tratar de conducir el proceso a una situación de bloqueo, en un camino que PNV y PSOE le allanaron el 21 de febrero, cuando pactaron la hoja de ruta del Estado.

El Constitucional tiene la oportunidad de corregir la injusticia cometida con Amaiur. Sin embargo, tal como señalaron ayer portavoces de la coalición, el grupo es solo una herramienta que puede facilitarles un trabajo que harán igualmente, cuenten con ella o no. Por contra, sí sería un hecho decisivo que el PP cambiara su actitud y empezara a trabajar en clave de solución, aunque esa decisión no está en manos de ningún tribunal.