Todo comenzó cuando el 9 de junio de 2010, la Hacienda vizcaina emprendió una investigación acerca de la compra de un terreno y la posterior construcción de un chalé por parte de Melchor Gil y su esposa en la localidad cántabra de Castro Urdiales. Veinte días más tarde, se inició una inspección fiscal para que aclarasen cómo hicieron frente a la inversión de 815.921 euros, de la que 419.074,28 euros no pudieron justificarlos, ya que no se admitieron para acreditarlos supuestos «préstamos de amigos».

La inspección fiscal de 2005 a 2009 se cerró en junio de 2011 -un año después de que comenzase- después de que Gil accediese a abonar a las arcas forales 131.733 euros; 103.551 en concepto de deuda tributaria y 28.182 como sanción. Por entonces, la Diputación ya había remitido a la Fiscalía -el 4 de marzo de 2011- una primera comunicación en la que se informaba de que en la tramitación de los expedientes había apreciado indicios de la comisión de supuestos delitos económicos.

El Departamento de Hacienda y Finanzas se interesaba el 30 de enero de 2012 por el resultado de las pesquisas emprendidas por el Ministerio Público, aportándole un informe de las actuaciones llevadas a cabo. Tras analizar la documentación, la Fiscalía archivó la primera denuncia al entender que no había fraude fiscal, ya que la cantidad que ocultó el dirigente del PSE a Hacienda no superó los 120.00 euros anuales.

A raíz de la segunda comunicación de la Diputación, el 29 de febrero, Melchor Gil prestaba declaración ante la Fiscalía del País Vasco por supuestos ingresos irregulares, que el acusado insiste en que proceden de «préstamos» de dos amigos. El fiscal investiga la veracidad de la documentación aportada.

Todo se mantenía bajo una estricta confidencialidad hasta que el martes, al mediodía, en las redacciones de varios medios de comunicación en Bilbo se recibían sendos sobres en los que, junto a un escrito anónimo, se aportaba una fotocopia del expediente instruido por Hacienda y las comunicaciones a la Fiscalía de Bizkaia.

El propio Melchor Gil se vio obligado ayer al mediodía a enviar un comunicado en el que acusaba abiertamente al PNV de haber «instrumentalizado» a la Hacienda vizcaina en «una estrategia de acoso a mi partido y a mi entorno más cercano». Es más, el cuñado del lehendakari estimó que la formación jeltzale «habría podido dirigir y utilizar la regularización fiscal, a la que presté formalmente mi conformidad, para suscitar mi caso con fines partidistas».

Gil dijo que estima que no hay datos para acusarle de delito alguno y por ello, el PNV «no ha dudado en manipular el proceso desarrollado durante la inspección de la que fui objeto, para suscitar un `caso' que posteriormente pudiera remitir a la Fiscalía, ante lo cual tergiversó los términos de la regularización realizada ante la Hacienda Foral».

El vicesecretario del PSE vizcaino, al igual que lo había apuntado José Antonio Pastor en una entrevista en ETB, manifestó tener «fundadas sospechas de que desde la propia institución foral que preside José Luis Bilbao se habría difundido una copia del expediente administrativo, con el propósito de menoscabar el honor y prestigio de mi esposa y el mío». Ante esa sospecha, Melchor Gil anuncio su intención de «esclarecer los hechos hasta sus últimas consecuencias».

Antes del comunicado de Gil, el portavoz foral contestó a la denuncia de «intencionalidad política» de la filtración, declarando que esas acusaciones del portavoz del PSE responden a la «fijación especial» de este político con la Diputación vizcaina. «Por respeto, por un lado, y, por otro, como es norma sagrada de esta casa, no vamos a hablar ni de este caso ni de ningún otro», zanjó Juan María Aburto ante la insistencia de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa habitual de los martes.

Aunque el PSE fijó su atención en la Diputación, a nadie se le escapa que la información sobre los problemas del dirigente del PSE con Hacienda estaba en manos de la Fiscalía desde hace un año. El sistema de seguridad del que dispone el departamento permite conocer quién o quiénes han accedido al expediente, al margen del personal autorizado, por lo que no habría dificultad en conocer si ha sido desde la institución foral de donde ha partido la filtración.