Los sindicatos convocantes de la protesta y los organismos que se han adherido a ella dieron lectura ayer en Iruñea a un comunicado en el que se recogen sus planteamientos comunes y se califica la reforma laboral como un paso «muy agresivo» dentro del «ataque sin precedentes» que están sufriendo los derechos laborales y sociales «aprovechando la crisis».

Una reforma, señalan en la nota, que «facilita» el despido, «debilita» la negociación colectiva, «aumenta la flexibilidad» laboral y «precariza» la contratación, consecuencias que a su juicio tendrán «especial repercusión» en colectivos como el de la mujeres.

Pero «llueve sobre mojado», subrayan, y recuerdan que los sindicatos UGT y CCOO acordaron «recortar las pensiones y retrasar la edad de jubilación a los 67 años», que también estos sindicatos pactaron con la CEOE la «pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la flexibilidad laboral» y que ya en 2010 el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, hizo otra reforma laboral.

A esto sumaron los comparecientes «los recortes de gasto» en educación y sanidad, pero también en políticas sociales rebajando las prestaciones y «dejando sin derecho a percibirlas a muchas personas».

Y todo ello mientras «se perdonan impuestos a quienes más tienen, no hay voluntad de perseguir el fraude fiscal» y se aplica una política impositiva «injusta, regresiva y decidida sin participación social».

Un paquete de políticas que en opinión de todos los colectivos que comparecieron ayer exigen «un giro radical» porque «van a agravar» la crisis al aumentar el paro, la pobreza y la exclusión social.

Su alternativa pasa por retirar la reforma laboral, aumentar derechos laborales, proteger la negociación colectiva y eliminar el empleo en precario. Abogan también por «un marco vasco de relaciones laborales y de protección social con plena capacidad normativa para avanzar en el reconocimiento de derechos».

En el comunicado, los agentes sociales comparecientes apuestan por «una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, el impulso de políticas que favorezcan el empleo, la derogación de los recortes, otra política fiscal para un reparto equitativo de la riqueza y el diseño de políticas a favor de la igualdad de oportunidades».

«Estamos en una situación muy grave. Tenemos que decir no a la reforma laboral y de la negociación colectiva y reclamar el avance de los derechos laborales y sociales y unos servicios públicos de calidad», aseguran y, en base a ellos, sostienen que la huelga general del 29 de marzo es «una respuesta a los ataques y un grito a favor de un cambio de políticas».

Lujua, por elderecho a trabajar

Por su parte, el presidente de la patronal de la CAV, Confebask, Miguel Ángel Lujua, tras augurar que «todo apunta a que el seguimiento de esa huelga va a ser importante» defendió ayer la necesidad de reformar la legislación que regula el derecho de huelga para garantizar, ha afirmado, «el derecho de los que quieren acudir a trabajar» ante ese tipo de convocatorias.

En una entrevista en Radio Euskadi, Lujua opinó que es «absolutamente» necesario garantizar el derecho constitucional a hacer huelga pero también el derecho a acudir al trabajo «con plena libertad».

Planteó que, por ejemplo, igual que ante las elecciones hay un día de reflexión, el día previo a la convocatoria de huelga se limite la actuación de los piquetes informativos. Lujua criticó la convocatoria de huelga porque con protesta así «no saldrá adelante la economía, ni se creará empleo, pero después el país tendrá que seguir trabajando porque si no se genera actividad económica y empleo, lo vamos a pasar muy mal».