El desbarajuste en Lanbide continúa. En mayo, terminan los contratos de los trabajadores que atienden las solicitudes de renta de garantía de ingresos, y que una parte está subcontratada a la compañía privada Indra, pero que no puede garantizar ese servicio en condiciones.

Mientras las personas en la exclusión y en la pobreza reclaman atención y las prestaciones sociales que les corresponden, las administraciones públicas están mirando hacia otro lado recortando el presupuesto y postergando las ayudas sin previo aviso. El lunes, el colectivo Berri-Otxoak de Barakaldo hizo una denuncia ante el Ayuntamiento que preside Tontxu Rodríguez (PSE) por los recortes sociales en una población que sufre el paro y la precariedad.

Los problemas no se han resuelto como han puesto de manifiesto un exresponsable del servicio público de empleo de Bilbo que anunció a través de una misiva enviada al resto de la plantilla que «dentro de menos de dos meses, concretamente el 2 de mayo, los servicios de atención a los usuarios de la renta de garantía de ingresos (RGI) y de la prestación complementaría de vivienda, quedarán paralizados en todas las oficinas».

Algunos trabajadores de Lanbide remarcaron a GARA que esa fecha puede adelantarse a después de Semana Santa, puesto que los contratados por «acumulación de tareas», que son los que expiran en mayo, deben disfrutar también las vacaciones que les corresponden, porque la Administración pública «no paga las vacaciones», ni puede extender esos contratos por encima de esas fechas.

En la misiva del exresponsable del servicio público de empleo a la que ha tenido acceso GARA se explica que se está produciendo un desbarajuste «habitual desde que alguien decidió tomar las competencias en el pago de esta renta de garantía de ingresos sin saber la magnitud del problema».

Así, denuncia «la incesante lluvia de usuarios intentando recabar la información de sus solicitudes realizadas hacía 3, 4 o 5 meses y de las que no habían tenido respuesta; las reclamaciones por falta de pago; por suspensiones o extinciones que no entendieran; la mala fe de trabajadores tanto del Ayuntamiento de Bilbo, que es el que conozco, como de la Diputación, que derivan sin más a los usuarios a las oficinas de Lanbide sin dar explicaciones a sabiendas que en las oficinas no se disponían de datos que pudiesen dar respuesta a esas demandas». Advierte de que «los comienzos fueron muy duros» y la actualidad, «dada la carencia de medios, sigue siéndolo». Algunos retrasos superan los seis meses.