La situación abierta en Euskal Herria tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA ha centrado buena parte de la agenda de encuentros mantenido esta semana por Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional y Esteban Beltrán, director de la sección del Estado español. Su hoja de ruta: Derechos Humanos a la hora de abordar las consecuencias del conflicto. Un planteamiento que se traduce en verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. A ETA le pide irreversibilidad y al Gobierno español, poner fin a las leyes de excepción como la incomunicación.

¿Cómo valora Amnistía Internacional la situacion abierta tras el cese definitivo decretado por ETA?

Significa una oportunidad para los Derechos Humanos. Abre la posibilidad de que cesen las amenazas contra amplios sectores de la sociedad vasca por parte de ETA y de enfrentar el hecho fundamental que marcan las normas internacionales de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Para las que han sufrido abusos por parte de ETA, pero también en los casos de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. También profundiza en la posibilidad de suprimir la legislación extraordinaria antiterrorista. Es esperanzador, pero necesita consolidarse.

ETA se ha comprometido con un cese definitivo; la izquierda abertzale ha reconocido el dolor causado a unas víctimas. Sin embargo, el Estado no ha recogido el guante y suma nuevas exigencias. ¿Cuáles son los próximos pasos a dar y a quién le corresponde?

La hoja de ruta de este proceso deberían de ser los Derechos Humanos. No voy a entrar tanto en el orden como en lo que hay que hacer. Obviamente, que nadie sienta más nunca una amenaza por parte de ETA. Esto es una cosa importante. Si tenemos una hoja de ruta por los Derechos Humanos significa también que habrá que cumplir las leyes internacionales en esta materia. Para nosotros, esto no ha ocurrido desde hace mucho en España y en el País Vasco.

¿Podría concretar?

Lo primero es suprimir la detención incomunicada, que para nosotros, como para otras instituciones como el Comité Europeo de Prevención de la Tortura o el Comité de la ONU contra la Tortura, es una fuente de riesgo. El régimen de incomunicación, que es el más duro de toda la Unión Europea, debe de abolirse. Mientras tanto, aumentarse las garantías de forma sustancial, como vidocámaras bajo control judicial. Otro elemento es el derecho que tienen los presos (sean de ETA o de cualquier otra parte) de, según las normas mínimas de tratamiento de reclusos de la ONU, pedir individualmente a las autoridades estar lo más cerca posible de su familia. Tienen derecho a solicitarlo pero es verdad que, según las normas internacionales, no es un derecho automático que obligue el Gobierno a tomar medidas. Los presos no tienen derecho a estar juntos, porque no es un derecho, sino una petición individual. Pero tampoco el Estado tiene que mantener una política que los disperse. El tercer elemento son cambios legislativos. La ambigüedad de ciertas medidas ha significado que una persona que defiende de forma pacífica la independencia puede ser considerado miembro de organización armada. Se deben revisar los artículos que no solo castigan el medio, sino el fin. También debe de revisarse la Ley de Partidos políticos.

En los últimos tiempos se ha hecho mención a la justicia transicional, aquella que ayuda a la consecución de un proceso. ¿Cómo valora esta opción?

Para AI no hay una justicia de primera y de segunda. No es que en determinados períodos se pueda pensar, como ha ocurrido en algunos procesos históricos, que puede haber un poco más de Justicia o un poco menos. La Justicia debe de llegar a una verdad judicial, a un reconocimiento de culpabilidad o inocencia. Las víctimas de ETA tienen derecho a saber qué pasó, a la justicia y a la reparación; las de la tortura también. Sin que haya ningún tipo de componenda. Y un veredicto claro de inocencia o culpabilidad. A partir de ese veredicto, puede haber otras medidas.

No obstante, la Justicia puede ayudar o entorpecer, tal y como se ha comprobado en anteriores procesos.

La Justicia debe de ser independiente del poder ejecutivo y legislativo y aplicar las leyes y las normas internacionales. Una vez que se han aplicado, cuando hay una verdad judicial, es cuando puede haber medidas posteriores. La gente tiene derecho a saber qué pasó. No hay componendas a eso. Las páginas de los períodos tristes de la historia deben de leerse completas.

Estos días se han reunido con miembros del Gobierno español. ¿Les han trasladado sus propuestas? ¿Qué respuesta han recibido?

Es pronto para valorar, pero les hemos transmitido que es una gran ocasión para poner en marcha una hoja de ruta de Derechos Humanos. Por el momento, no parece que vaya a haber mucho movimiento. Pero esta situación puede cambiar de un momento a otro. Para nosotros es importante esperar un poco y ver cuáles son los pasos que dan el Gobierno y las autoridades. Todavía no se ha asumido, por parte de todo el mundo, que la hoja de ruta de los Derechos Humanos sea la que debe de ser. Siempre hemos dicho a todos los gobiernos que existe una tendencia de negar la existencia de torturas y que es un mal precedente. La tortura es un delito y la obligación es investigarlo. Tanta gente de la comunidad internacional, no influidos por ningúna ambiente, no podemos estar equivocados.

¿Todavía falta una pedagogía en el Estado español?

Hay un camino. Que ETA deje de intentar matar da una oportunidad para que florezcan otros aspectos de los Derechos Humanos que antes estaban tapados. Por eso miramos con atención lo que está haciendo el Gobierno Vasco en relación a la reparación de víctimas. Tienen que tener los tres elementos: no podemos solo focalizar en la reparación y reconocimiento. Necesitan, igual que hacemos con las víctimas de ETA, verdad, justicia y reparación.

Esto contrasta con las declaraciones de la portavoz de Lakua, Idoia Mendia, que aseguró que no iban a «buscar culpables»

Puede ser una posición del Estado, pero su obligación va más allá. Es la investigación de los delitos y obtener la verdad judicial. No hay opción. No es un menú. Uno debe de escoger las normas internacionales, que dicen que cualquier crimen de ETA o cualquier caso de torturas lo tienes que investigar. Y si no lo investigas ni lo pones ante un juez, faltas a tu obligación.

Otra sugerencia para la resolución del conflicto ha sido la de una comisión de la verdad. ¿Cómo valorarían una iniciativa de estas características?

Las comisiones de la verdad no son normas internacionales, sino opciones que toma cada país. En algunos países ha tenido más sentido que en otros, pero lo esencial para nosotros es que, cuando hablemos de verdad, lo hagamos de verdad oficial pero también judicial. Cualquier comisión de verdad que se cree no puede impedir acceder a la justicia.

¿Esta Justicia comparte la idea de vencedores y vencidos?

No. El concepto de AI es que debe de haber verdad, justicia y reparación para todo tipo de víctimas. Este es el concepto enraizado en las normas de Derechos Humanos.

¿Qué papel deberían de tener las víctimas en la resolución del conflicto vasco?

Las víctimas de ETA y de torturas y malos tratos tienen los derechos que les dan las normas internacionales: conocer, judicialmente, quién mató o quién torturó, intentar tener acceso efectivo a la Justicia y que haya investigación y una sentencia.

Las víctimas de la violencia de ETA han sido reconocidas. Sin embargo, quienes han sufrido a manos del Estado permanecen se han dejado de lado.

En caso de las víctimas de ETA, no siempre fue así. Y es importante que tengan su propio reconocimiento y su reparación y su investigación. Aún así, quedan varios casos de muertes sin investigar judicialmente. Debe de hacerse. Pero es verdad que ha existido  una cierta negación del Gobierno a toda la comunidad internacional de que había casos de tortura.  Las víctimas de torturas y malos tratos, en muchas ocasiones no han visto satisfecho su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Es hora de que se reconozca que hay tortura, que es un delito, que no es sistemática pero que son más que casos aislados y que se tiene que prevenir e investigar en caso de que ocurra. En caso de que se comprueble, la persona que sufre la tortura nunca es culpable. Es un delito más que hay que investigar. Y nosotros estamos con ellas. Todavía tienen que darse muchos pasos para que haya una investigación eficaz de casos de tortura. Se han documentado algunos casos, pero no se han investigado adecuadamente. En parte porque hay todo un sistema legal, partiendo desde la detención incomunicada, que lo dificulta.

Desde ciertos sectores políticos se mantiene que este discurso equipara a las víctimas de diferentes violencias, algo que rechazan.

Nosotros no equiparamos nada. Para nosotros no hay ninguna diferencia en el dolor de la persona individual cuando se enfrenta a un hecho, es decir, cuando ETA mata o hiere a un familiar o a él mismo, o cuando alguien ha sido sometido a torturas o malos tratos. Tienen los mismos derechos. Para nosotros no hay diferencias. Cada víctima de violación de Derechos Humanos merece reconocimiento, verdad, justicia y reparación.