En su «Carta a dos jueces franceses condecorados con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort», Gilles Perrault recuerda como en 1994, en un congreso de los Verdes al que asistió, uno de los ponentes reivindicó la figura de Nelson Mandela como alguien que había demostrado que sus objetivos podían ser logrados pacíficamente (el libro está publicado en euskara: «Bi epaile frantziarrentzako eskutitza», Txalaparta, 2007). Escandalizado por la imagen excesivamente ghandiana ofrecida por aquel líder de los Verdes, Perrault le recordó que Mandela había creado y dirigido la organización armada Umkhonto we Sizwe. Recordó también que una de las razones por las que había permanecido durante 27 años en la cárcel era que nunca renunció a lo que él consideraba un uso legítimo de la violencia. Por esa razón jamás fue reconocido por Amnistía Internacional como un preso de conciencia. Perrault recuerda a las jueces Laurence Levert y Roger Leloire, a quienes está dirigida la epístola, que Mandela sería luego nombrado Premio Nobel de la Paz, premiado por terminar a través de las negociaciones lo que primero había empezado por medio de las armas. [Quien no quiera sacar esta referencia de contexto y desee conocer la opinión crítica del escritor francés sobre la lucha armada de ETA debería leer la brillante entrevista que le hizo Amets Arzallus en «Argia» (http://bit.ly/wmZZuP)].

El caso es que Amnistía Internacional sigue unos criterios muy estrictos y supuestamente neutrales que hacen que, en aquellos lugares donde se desarrolla un conflicto armado, su posición venga condicionada por una visión aparentemente virginal de los derechos humanos y del estado de derecho occidental (que delata el origen occidental de esta ONG, que marca su línea política y donde tiene intereses y relaciones consolidadas con los estados). Durante décadas esto ha supuesto que, en el caso concreto de Euskal Herria, AI haya intentado situarse por encima del bien y del mal. Pero en realidad ha pecado de una parcialidad y una condescendencia con el Estado español que le han acarreado una falta de credibilidad notable ante una gran parte de la sociedad vasca. Al menos ante esa parte que ve a Nelson Mandela como lo que realmente es: un luchador irreductible por la libertad y no un pacifista bonachón.

En ese sentido, el empeño de AI por desligar la tortura a los detenidos vascos de una estrategia política de los sucesivos gobiernos y sus Fuerzas de Seguridad, denunciando los casos más llamativos o escandalosos pero apostillando siempre (aún hoy en día) que no se ha tratado de una práctica sistemática, ha permitido que esa estrategia se sostuviera en el tiempo sin mayores costes políticos a nivel internacional para el Estado español. Los relatores internacionales sobre la tortura, por ejemplo, han sido más tajantes al respecto.

No es este el único tema de derechos humanos en el que AI no ha sido suficientemente vehemente respecto al Estado español. Cabe reseñar por ejemplo el cierre de dos periódicos vascos, varias revistas y una radio en las últimas dos décadas, cierres que hasta los propios tribunales españoles han considerado injustificados. O el hecho de que alrededor de 40.000 personas estén inhabilitadas para ser electas. En definitiva, un registro que en el contexto europeo solo igualan Turquía y Rusia. En la delgada línea que separa la templanza de la cobardía, en el caso vasco demasiadas veces la balanza de Amnistía Internacional se ha decantado hacia la segunda.

Los derechos humanos como hoja de ruta

Evidentemente, esa postura no se puede desligar de la actividad armada llevada a cabo por ETA durante los últimos cincuenta años. Por eso precisamente hay que valorar muy positivamente que en su reciente visita al Estado español el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, haya interpelado al Gobierno español para que adopte medidas en favor de un proceso que debe tener los derechos humanos como elemento rector. La involución democrática y la excepcionalidad han lastrado el aparato jurídico que el Estado español ha ido construyendo para castigar al independentismo vasco. Ha llegado el momento de desmantelar ese sistema excepcional y es importante que una organización tan referencial a nivel mundial como Amnistía Internacional así lo reconozca y lo apoye.

En la entrevista que hoy publica GARA con su responsable para el Estado español, Esteban Beltrán, este reivindica que «la hoja de ruta del proceso deberían de ser los derechos humanos». Para la ciudadanía vasca es un lugar común que ese debe ser el punto de partida para una resolución justa y duradera. Ese es, por decirlo de otra manera, el campamento base al que urge llegar cuanto antes: la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas; la situación de los presos políticos, empezando por los enfermos y quienes ya tienen cumplida su condena; el fin de la segregación política de un sector de la sociedad vasca... todo ello urge. Tal y como señala Beltrán, en el Estado español algunas leyes no solo han castigado medios ilícitos, sino fines democráticos. Esa es una de las claves para avanzar en el proceso.