En el renombrado y, al final, poco edificante pleno del Parlamento de Gasteiz del pasado 8 de marzo, Joseba Egibar indicaba a PP y PSOE que no se olvidasen de la apuesta realizada por la propia izquierda abertzale sobre el principio de la unilateralidad, para poder componer así una fotografía del nuevo tiempo más ajustada a la realidad. No tuvo mucho éxito, pues el mismo Patxi López se apresuró a decir que también esa variable era consecuencia de «la firmeza del Estado de Derecho».

Poco importa que su argumentación no sirva para explicar cosas realmente sustanciales que han pasado en los últimos meses. Por ejemplo, ¿dónde encaja en esa lectura la celebración de la Conferencia Internacional y la siguiente Declaración de Aiete? Difícilmente se puede interpretar que la llegada de Kofi Annan sea consecuencia directa de la actuación de la Guardia Civil. Los acontecimientos políticos del pasado octubre, dentro de un proceso de varios años, muestran una realidad más compleja que la caricatura que impera en gran parte de la clase política y los principales medios de comunicación. Ni se explican ni se entienden en un guión tan pobre.

Es por ello que procuran ignorar la referencia a Aiete e intentan buscar otras más ajustadas a su raquítico relato, como el texto acordado por PP, PSOE y PNV en el Congreso de los Diputados o la nonata ponencia de Gasteiz, cuyo contenido no hace más que decaer.

En el primer caso, se produce la particularidad de que la loable motivación aducida por los peneuvistas para suscribir el acuerdo -nada menos que hacer abandonar al PP el intento de ilegalización de Bildu y Amaiur- ha perdido rápidamente peso en beneficio de su utilización por parte del Gobierno de Rajoy al objeto de mantener una posición contraria a un proceso de soluciones. La usa como pala para cavar una trinchera, y le puede servir para colocar al PNV como cortafuego ante las fuerzas que intentan impulsar el proceso de resolución. Ciertamente, resultan preocupantes los rumores de que los jelkides se muestran cada vez más apáticos ante las propuestas y posibilidades de desarrollar la hoja de ruta de Aiete que apoyaron. La perspectiva electoral y el miedo a que el desarrollo del proceso sea capitalizado por la izquierda abertzale podrían estar en el origen de esa posición.

En cierta forma, se podría colegir que la fase de resolución no ha llegado a la definición suficiente, debido a la actitud de los responsables del gobierno actual y del anterior. Ellos también piensan que dar pasos que perfilen el proceso fortalecerá a la izquierda abertzale y a sus aliados, y así, claro está, no hay quien venda lo de su derrota. La reacción es, por tanto, escudarse en la capacidad de bloqueo del Estado para restar recorrido a un proceso de soluciones de corte integral como el que dibuja en sus cinco apartados la Declaración de Aiete.

El punto de partida debiera ser otro, y no el de fomentar discursos tan negativos y actuaciones, como las de carácter represivo, que perjudican objetivamente al nuevo tiempo. Ningún agente puede pretender encarar el futuro con una versión triunfalista sin el menor de los matices. El movimiento independentista ya comenzó a realizar ese ejercicio. La propia ETA, en la entrevista concedida a GARA tras la decisión del pasado 20 de octubre, reconocía, por ejemplo, que la estrategia armada había mostrado señales de agotamiento.

Ya fue significativo el discurso que, lejos de lecturas unívocas, realizó Arnaldo Otegi en un acto celebrado en el Anaitasuna en la primavera de 2009. Tras recordar que el Estado, al habérsele encendido a partir de Lizarra-Garazi todas las alarmas ante el proceso que se podía abrir en Euskal Herria, planteó una «estrategia refinada» para neutralizar a la izquierda abertzale y reconducir al PNV, Otegi reconoció que Madrid «había logrado bloquear en parte el proceso de liberación nacional», y lo hizo con una frase clarificadora: «Mientras nosotros hemos sido capaces de desgastar sus marcos, ellos han sido capaces de bloquear la dinámica que permite construir uno nuevo». Sin embargo, lo relevante estratégicamente, a juicio del dirigente independentista, residía en que «las condiciones para el cambio político y social» estaban dadas en Euskal Herria.

Se puede entender, por tanto, que la variación de la estrategia respondió al doble objetivo de, por una parte, zafarse de la asfixia que producía el sitio del Estado y de, por otra, hacer explotar las condiciones creadas para un nuevo tiempo.

Y lo cierto es que muchos ciudadanos vascos y sectores populares estaban esperando a esa oferta del independentismo de izquierdas, por lo que en estos tres años su apuesta de provocar un auténtico cambio de ciclo ha ganado mucho crédito ante el pueblo vasco y la comunidad internacional. Los datos en términos electorales, de iniciativa política y de movilización social cantan. De ahí el constante lamento de personajes como Antonio Basagoiti por el prestigio que se le está otorgando a la izquierda abertzale, que encaja difícilmente con el discurso de vencedores y vencidos.

El grave perjuicio de ese discurso no lo padece solo su enemigo a batir, sino el conjunto de la sociedad vasca, que se ve privada de un proceso de solución en condiciones. La oportunidad abierta no puede desarrollarse en toda su intensidad por la perniciosa práctica que acompaña a dicho mensaje.

Así, desde el Gobierno español y el PP, marcados muy de cerca por los sectores de la ultraderecha que han alimentado hasta la gula, se utilizan cuestiones como las víctimas o la disolución de ETA no como posibles temas a trabajar en la agenda de soluciones, sino como excusas para no abordarla.

Incluso desde un punto de vista técnico, una relación con ETA resulta del todo razonable, entre otras cosas, para poder ejecutar cuestiones como el desarme de forma ordenada. El mero criterio de seguridad aconseja esa vía, por lo que satanizarla como está haciendo el PP solo se puede interpretar como un pretexto más para mantener el bloqueo.

Resulta llamativo que para fortalecer esta posición se intente presentar la solicitud de diálogo por parte de ETA como un maximalismo o una treta de esta organización, como un intento por recrear la salida política negociada en los términos de otros procesos anteriores. Así lo expanden ya algunos comentaristas en las tertulias al uso, quienes eluden, además, los insistentes pronunciamientos de ETA en los que esta reconoce que el diálogo y el acuerdo políticos sobre el futuro del país deben correr a cargo de las fuerzas políticas, con la ciudadanía como depositaria de la última palabra. Olvidan deliberadamente que la demanda de relación directa de la organización armada a los gobiernos español y francés responde escrupulosamente a la solicitud realizada por los expertos internacionales en la Declaración de Aiete, que algo sabrán de este tipo de cuestiones y que no hubiesen actuado de esta forma sin, al menos, haber sondeado primero al Gobierno español, entonces en manos del PSOE.

Sin oferta política atractiva alguna para la ciudadanía vasca, el problema de aquel Gobierno, que no dio continuidad a la hoja de ruta, y del actual, que intenta esquivarla, reside en que solo confían en la fortaleza del Estado en la peor de sus versiones, aunque sea a costa de un futuro mejor para todos. Sin vencedores ni vencidos.