El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, manifestó ayer que «es hora de matizar» la denominada «doctrina Parot» en función «de las situaciones a las que se pueda aplicar», para que «no se produzcan situaciones de injusticia material en los casos de aplicación retroactiva de esta doctrina que puede suponer un perjuicio para personas que podían encontrarse con unas expectativas de cumplimiento que, luego, han cambiado a raíz de este cambio de jurisprudencia».

Esta doctrina fue creada por el Tribunal Supremo en 2006, modificando el modo en que se contabilizaban las reducciones de condena. En vez de restarse del máximo de 30 años se computan del total de la pena, y comenzó a aplicarse de inmediato a presos que habían sido juzgados muchos años antes de su puesta en marcha.

Calparsoro recordó que fue «un criterio que sentó el Tribunal Supremo en contra de la posición de la Fiscalía». Los recursos presentados por las defensas de los prisioneros están a la espera de que el Tribunal Constitucional tome una decisión. El fiscal superior del TSJPV expresó su deseo de que el TC «se pronuncie cuando antes, porque afecta a un derecho tan básico como es la libertad».

En cuanto al acercamiento de presos o la puesta en libertad de los enfermos, reconoció que «la idea general y prioritaria es que las penas se cumplan en los centros más próximos al lugar de residencia de los penados».

Sin embargo, justificó la dispersión porque los presos «formaban parte de un colectivo muy cerrado, sujeto a una disciplina interna» y se pretendía lograr «una mejora de su tratamiento y de su evolución», si bien «ahora las circunstancias han cambiado».

Al margen del aspecto penitenciario, Calparsoro fue cuestionado por el concepto de «justicia transicional» planteado por la izquierda abertzale. Tras dejar sentado que «llevamos muchos años con un régimen de garantías plenas», no descartó en el futuro que se deba buscar «un objetivo de justicia y de reconciliación y reparación».