La situación de los presos y presas que sufren enfermedades graves e incurables ha ocupado estos días una parte importante de la actualidad política, con declaraciones de destacados representantes del PP y el PSE e informaciones que anuncian posibles movimientos gubernamentales en este ámbito. Hace tiempo que la sociedad vasca viene exigiendo la puesta en libertad de los represaliados enfermos, como ha quedado constatado en todo tipo de encuestas y movilizaciones como la del mes de enero en Bilbo. Manifestaciones como las que ayer hicieron Jesús Loza e Iñaki Oyárzabal indican que esa demanda social está teniendo eco en sus respectivos partidos.

Loza, que mañana cesará como parlamentario para ejercer las tareas de comisionado encomendadas por el lehendakari, anunció que en próximas fechas presentará al Gobierno de Rajoy una propuesta al respecto, mientras que Oyárzabal, secretario de Justicia, Derecho y Libertades del PP, deslizó de forma más vaga que el Ejecutivo está abordando «soluciones legales». En este sentido, hay que recordar que la ley no solo contempla sino que prevé la excarcelación de las personas presas que padezcan este tipo de enfermedades, de modo que mantenerlas en prisión es una decisión estrictamente política. En estos momentos hay una quincena de presos vascos que se encuentran en una situación muy grave, cuya liberación no debería estar sujeta a ninguna otra valoración que la del respeto a los derechos humanos. Mantenerlos encarcelados es injusto y cruel.

El cálculo político ha primado siempre en la actuación del Estado respecto a los prisioneros vascos. Así lo han reconocido todos los mandatarios que han pasado por la Moncloa, para quienes la política penitenciaria ha sido parte de la «política antiterrorista», que ha arrollado sin miramientos los derechos de las personas presas y de sus familiares. Si esa actitud ha sido siempre rechazada por la mayoría de la ciudadanía vasca, en el actual escenario es inaceptable, más aún ante situaciones tan urgentes y extremas como la de los presos enfermos. Su estado no admite cálculo alguno y su libertad es inexcusable. Por justicia y humanidad.