El domingo 4 de marzo, casi 180.000 madrileños tomaron parte en una consulta popular organizada por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. La pregunta era sencilla: «¿Está usted de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?» Los planes de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, de poner en manos privadas el 49% de la empresa que gestiona el suministro de agua potable han encendido todas las alarmas. Nadie, salvo quizás la propia «lideresa» o su número dos, Ignacio González, conoce los detalles de una operación que acarrerará un fuerte impacto en la distribución de este bien de primera necesidad y que está prevista desde 2008. La posibilidad de que un recurso ante los tribunales frenase el proyecto, o la creciente contestación social, han provocado que el equipo de Aguirre pise el acelerador de un proyecto que entregaría a compañías privadas una empresa pública con 150 años de historia. La necesidad de liquidez que aqueja a los ayuntamientos, agravada por la crisis económica, juega en contra de quienes defienden la idea de que existen bienes que deben de ser preservados de la lógica de la acumulación capitalista.

«Canal es un ejemplo de eficacia de empresa pública; da beneficios, es una máquina de hacer dinero», explica Jorge García Castaño, concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid, y uno de los representantes públicos que han encabezado la oposición al proyecto. Los políticos neoliberales que copan las principales administraciones madrileñas se escudan en el pozo sin fondo en el que, a su juicio, se han convertido las empresas públicas. Sin embargo, este no es el caso. Aquí, además de beneficio social, también hay económico. «El único argumento que ofrecen desde la Comunidad de Madrid es un supuesto plan de inversiones de la Comunidad Europea que obligaría a realizar un fuerte desembolso. Ese plan no lo han presentado, nadie dice qué es, qué significa», denuncia Castaño, que advierte de que, a pesar de todo, la fortaleza económica de la sociedad pública le permitiría hacer frente a los gastos sin desmembrarse.

La opacidad del proyecto, gestionado en las entrañas de la mayoría absoluta de Esperanza Aguirre y Ana Botella, constituye otra de las críticas. «No se sabe nada, solo hay rumores», dice el concejal de IU. Y eso, que él está dentro del Ayuntamiento. Por el momento, lo único que está claro es que la Comunidad de Madrid ha encargado a diversas consultoras algunos informes sobre la gestión y el procedimiento legal para privatizar. Ni siquiera los miembros del Consistorio tienen acceso a la información,

«Perderemos calidad en el agua, se potenciará el consumo y no el ahorro, se subirán las tarifas y nos enfrentaremos a una gestión opaca en la que desconoceremos en qué se está gastando el dinero». Liliana Pineda, portavoz de la plataforma contra la privatización, alerta sobre los principales riesgos de que una empresa privada se haga con el 49% de la gestión de todo el ciclo del H20.

Por el momento, la respuesta social se sustenta en dos carriles: movilización y recursos legales, tanto en ayuntamientos como, posiblemente, ante el Tribunal Constitucional o incluso en Europa. Tienen claro que se trata de una pelea a largo plazo. La concesión de la gestión del agua se vende a 50 años lo que, según señala Pineda, supone hipotecar a toda una generación. Hace dos semanas, 177.685 personas tomaron parte en la consulta popular. El 99% rechazó el proyecto de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su valor es más cuantitativo y evidencia la capacidad de convocatoria de la «marea azul». Eso sí, no renuncian a que, en algún momento, la consulta sea vinculante.