Hoy habrá 425 escoltas menos en las calles de Hego Euskal Herria. A partir de esta mañana, el número de agentes de protección privados en los cuatro herrialdes del sur del país quedará limitado a 364 efectivos. Una drástica reducción decretada por el Ministerio español de Interior, que de esta manera da muestra de que ha tomado en consideración el cese definitivo decretado por ETA el pasado 20 de octubre.

La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, anunciada el pasado sábado en la edición impresa de «El País», repercutirá en el número de escoltas asignados a cada concejal. Según explicaron ayer desde la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra, todos aquellos ediles que hasta este lunes contaban con un servicio de protección a cargo del Ejecutivo español, compuesto por dos agentes privados, pasarán a llevar un único escolta durante su día a día.

En definitiva, el recorte diseñado por las autoridades españolas dejará 364 escoltas para 305 personas protegidas en los pueblos y ciudades de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.

Esta situación, surgida como reacción a la histórica declaración de ETA, ha despertado el enfado de la citada asociación de escoltas, que ayer denunció el «duro golpe» asestado por el Ministerio de Interior.

Un nuevo ajuste en el personal encargado de garantizar la protección de los dirigentes políticos de las formaciones unionistas presentes en Euskal Herria que se suma a la reducción decretada por Lakua hace tan solo unas semanas, cuando se eliminó la escolta de los viceconsejeros del Ejecutivo autonómico, limitando la protección al lehendakari, Patxi López, y a los principales miembros de su gabinete.

Los portavoces de la Asociación de Escoltas en Activo, cuyo presidente, Santiago Fontela, está vinculado con la extrema derecha española, denunciaron que el Gobierno del PP ha tomado el relevo del Ejecutivo de Patxi López en la «reducción salvaje de efectivos» y lamentaron que «la realidad es que, a día de hoy, 425 escoltas [...] se van a quedar en paro».

Con el objetivo de evitar los despidos y poder alcanzar un acuerdo que permita la recolocación de los escoltas afectados por la reducción de efectivos, los responsables de la asociación iniciaron hace meses una serie de reuniones con el Ministerio de Interior.

Entre las principales opciones barajadas por los afectados figuraba el seguimiento y la protección de las mujeres víctimas de violencia machista en el Estado español, así como la realización de labores de vigilancia en las prisiones, en los acuartelamientos militares y en los diferentes edificios públicos del Gobierno español, como ya ocurre en alguna que otra instalación dependiente de Lakua.

A este respecto, cabe recordar que desde hace años la empresa Prosegur se encarga de la custodia de la Academia de la Ertzaintza, situada en la localidad de Arkaute, y realiza labores de vigilancia y seguridad en las instalaciones de la central de la Policía autonómica en Erandio.

Además, en las reuniones, en la que ha participado el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, la asociación de escoltas planteó hacerse cargo de todos aquellos servicios vinculados con la protección de testigos y con la seguridad de los «vuelos nacionales y de las repatriaciones de ciudadanos». Estados dos opciones han sido descartadas por los responsables del Ministerio de Interior, que argumentan que las mismas no se pueden llevarse a cabo por su «imposibilidad legal».

Centros penitenciarios

Por su parte, desde el Gobierno español se explicó ayer a la agencia Efe que el Ministerio de Interior ha ofrecido a las diferentes empresas encargadas de prestar los servicios de escolta privados (Casesa, Segur Ibérica, Eulen, Coviar, LPM y Umano), la posibilidad de custodiar la zona exterior de los centros penitenciarios. Así, los agentes afectados por los recortes adoptados por Madrid pasarían a realizar tareas de vigilancia propias de las FSE.

«En la cuneta»

Para Santiago Fontela, la reducción decretada por el Ministerio de Jorge Fernández Díaz supone «un duro golpe para un colectivo que se encuentra en vías de desaparición después de haber contribuido a proteger el sistema de libertades».

Asimismo, el presidente de la asociación de escoltas, vinculado a La Falange, destacó que «nunca, en ningún país del mundo, se ha dejado en la cuneta a quienes han puesto sus vidas al servicio de las democracia y la libertad». «Lamentablemente, España parece que será pionera también en esto y dejarán que un colectivo que ha demostrado su eficacia y preparación pase a la historia sin pena ni gloria después de tantos años de servicio», añadió.

Fontela defendió la «profesionalidad» de los escoltas privados, un colectivo que, según quiso destacar, «no ha generado ningún conflicto a pesar de estar siendo masacrado laboralmente».