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NUEVO TIEMPO EN EUSKAL HERRIA
Madrid reduce hoy a la mitad el número de escoltas en Euskal Herria
El Ministerio de Interior español ha decidido reducir en un 55% el número de escoltas en las calles de Hego Euskal Herria. A partir de hoy, el número de agentes privados en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa pasará de 789 a 364; es decir, 425 menos. Esta reducción, criticada por la asociación de escoltas, muestra que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha tomado en consideración el nuevo tiempo iniciado tras el cese definitivo anunciado por ETA el pasado 20 de octubre.
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GARA | MADRID
Hoy habrá 425 escoltas menos en las calles de Hego Euskal Herria. A partir de esta mañana, el número de agentes de protección privados en los cuatro herrialdes del sur del país quedará limitado a 364 efectivos. Una drástica reducción decretada por el Ministerio español de Interior, que de esta manera da muestra de que ha tomado en consideración el cese definitivo decretado por ETA el pasado 20 de octubre.
La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, anunciada el pasado sábado en la edición impresa de «El País», repercutirá en el número de escoltas asignados a cada concejal. Según explicaron ayer desde la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra, todos aquellos ediles que hasta este lunes contaban con un servicio de protección a cargo del Ejecutivo español, compuesto por dos agentes privados, pasarán a llevar un único escolta durante su día a día.
En definitiva, el recorte diseñado por las autoridades españolas dejará 364 escoltas para 305 personas protegidas en los pueblos y ciudades de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.
Esta situación, surgida como reacción a la histórica declaración de ETA, ha despertado el enfado de la citada asociación de escoltas, que ayer denunció el «duro golpe» asestado por el Ministerio de Interior.
Un nuevo ajuste en el personal encargado de garantizar la protección de los dirigentes políticos de las formaciones unionistas presentes en Euskal Herria que se suma a la reducción decretada por Lakua hace tan solo unas semanas, cuando se eliminó la escolta de los viceconsejeros del Ejecutivo autonómico, limitando la protección al lehendakari, Patxi López, y a los principales miembros de su gabinete.
Los portavoces de la Asociación de Escoltas en Activo, cuyo presidente, Santiago Fontela, está vinculado con la extrema derecha española, denunciaron que el Gobierno del PP ha tomado el relevo del Ejecutivo de Patxi López en la «reducción salvaje de efectivos» y lamentaron que «la realidad es que, a día de hoy, 425 escoltas [...] se van a quedar en paro».
Con el objetivo de evitar los despidos y poder alcanzar un acuerdo que permita la recolocación de los escoltas afectados por la reducción de efectivos, los responsables de la asociación iniciaron hace meses una serie de reuniones con el Ministerio de Interior.
Entre las principales opciones barajadas por los afectados figuraba el seguimiento y la protección de las mujeres víctimas de violencia machista en el Estado español, así como la realización de labores de vigilancia en las prisiones, en los acuartelamientos militares y en los diferentes edificios públicos del Gobierno español, como ya ocurre en alguna que otra instalación dependiente de Lakua.
A este respecto, cabe recordar que desde hace años la empresa Prosegur se encarga de la custodia de la Academia de la Ertzaintza, situada en la localidad de Arkaute, y realiza labores de vigilancia y seguridad en las instalaciones de la central de la Policía autonómica en Erandio.
Además, en las reuniones, en la que ha participado el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, la asociación de escoltas planteó hacerse cargo de todos aquellos servicios vinculados con la protección de testigos y con la seguridad de los «vuelos nacionales y de las repatriaciones de ciudadanos». Estados dos opciones han sido descartadas por los responsables del Ministerio de Interior, que argumentan que las mismas no se pueden llevarse a cabo por su «imposibilidad legal».
Centros penitenciarios
Por su parte, desde el Gobierno español se explicó ayer a la agencia Efe que el Ministerio de Interior ha ofrecido a las diferentes empresas encargadas de prestar los servicios de escolta privados (Casesa, Segur Ibérica, Eulen, Coviar, LPM y Umano), la posibilidad de custodiar la zona exterior de los centros penitenciarios. Así, los agentes afectados por los recortes adoptados por Madrid pasarían a realizar tareas de vigilancia propias de las FSE.
«En la cuneta»
Para Santiago Fontela, la reducción decretada por el Ministerio de Jorge Fernández Díaz supone «un duro golpe para un colectivo que se encuentra en vías de desaparición después de haber contribuido a proteger el sistema de libertades».
Asimismo, el presidente de la asociación de escoltas, vinculado a La Falange, destacó que «nunca, en ningún país del mundo, se ha dejado en la cuneta a quienes han puesto sus vidas al servicio de las democracia y la libertad». «Lamentablemente, España parece que será pionera también en esto y dejarán que un colectivo que ha demostrado su eficacia y preparación pase a la historia sin pena ni gloria después de tantos años de servicio», añadió.
Fontela defendió la «profesionalidad» de los escoltas privados, un colectivo que, según quiso destacar, «no ha generado ningún conflicto a pesar de estar siendo masacrado laboralmente».
El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo (PP), afirmó ayer que la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no es desproporcionada, «sino adecuada a las circunstancias». Una opinión que choca con la nueva situación abierta en Euskal Herria tras el cese definitivo anunciado por ETA el pasado mes de octubre, cuando decidió poner fin a su actividad armada.
Lejos de asumir en público esta situación, Urquijo, que compareció en el Parlamento de Gasteiz ante la comisión de estudio sobre las duplicidades existentes en el entramado institucional de la CAV, defendió la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional española en los tres herrialdes, al tiempo que destacó que las funciones y las actuaciones de los citados cuerpos policiales n0 se solapan con las de la Ertzaintza.
Según explicó ante los portavoces parlamentarios de la Cámara autonómica el delegado nombrado por Mariano Rajoy tras llegar a La Moncloa, el reparto de competencias entre los diferentes cuerpos policiales presentes en la CAV viene recogido en el Estatuto de 1979 «de manera orientativa y no limitativa». Además, destacó la «máxima lealtad» de los diferentes cuerpos de seguridad, aunque puntualizó que en períodos anteriores a la llegada de Patxi López a Ajuria Enea -con la izquierda abertzale ilegalizada- «podría haber sido mejor». Es más, a su parecer, la colaboración de los fuerzas de seguridad españolas con la Policía autonómica, dirigida ahora por el consejero Rodolfo Ares, ha provocado que la organización armada vasca haya tomado su histórica decisión.
No obstante, las palabras del delegado español y su defensa de la permanencia de las FSE en la CAV chocan con otros datos que evidencian la saturación policial que viven los cuatro herrialdes que conforman Hego Euskal Herria. En concreto hay desplegados alrededor de 2.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, unos 4.400 agentes de la Guardia Civil, 8.000 ertzainas, 1.100 agentes de la Policía Foral y no menos de 3.500 policías municipales.
En total son unos 19.000 agentes policiales, es decir, uno por cada 148 habitantes. En términos de densidad policial (número de agentes por cada 100.000 habitantes) Euskal Herria, con 672, dobla la media de la Unión Europea y hasta triplica y cuatriplica la cifras de los países del norte de nuestro continente. GARA