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DOCUMENTAL SOBRE LA GUERRA SUCIA
Pasqua hizo parar los GAL con la contrapartida de las expulsiones
El documental emitido por la cadena francesa Canal+ anteayer por la noche no ha traído grandes novedades pero sí ha dejado en evidencia que, aunque todavía persiste un manto de silencio sobre este siniestro capítulo de la historia de Euskal Herria, con el paso de los años algunas lenguas se suelten con más facilidad. Es el caso, por ejemplo, del exministro de Interior Charles Pasqua, que reconoce que paró el GAL con la contrapartida de las expulsiones.
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Arantxa MANTEROLA | BAIONA
Investigar y relatar cualquier hecho casi treinta años después de ocurrido no es, ciertamente, tarea fácil, y aún menos cuando se trata de temas tan espinosos como los capítulos de guerra sucia que tuvieron lugar en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa entre finales de 1983 y julio de 1987. Los autores del reportaje «GAL: asesinos de Estado» Xavier Muntz y Bruno Fay lo han conseguido con bastante acierto a pesar de que los 54 minutos emitidos el lunes noche por Canal+ quedan muy escasos para reflejar lo acaecido durante esos cuatro siniestros años.
Para empezar, han conseguido que algunas lenguas se suelten. Es el caso del exministro de Interior Charles Pasqua, que reconoce haber presionado al gobierno de Felipe González para parar la actividad del GAL, objetivo que se marcó en cuanto entró a formar parte del gobierno de Jacques Chirac en 1986.
Para Pasqua, era «inaceptable» que «personas pagadas por un Estado viniesen a nuestro territorio a ajustar sus cuentas». Lo manifestó claramente en una entrevista en la radio RMC el 25 de mayo de aquel año. Era la primera vez que un responsable político francés acusaba tan abiertamente a sus homólogos españoles.
Pero esa fue una de las formas de presión para que el Gobierno español atendiese su exigencia: «Al principio Madrid negaba que tuviese algo que ver con el GAL, pero les decíamos que no nos contaran historias, que era evidente que las acciones del GAL eran directamente decididas por los servicios que dependían del Gobierno de Madrid».
Para entonces, el ambiente en Ipar Euskal Herria estaba notablemente crispado. Y es que los atentados ya no alcanzaban únicamente a militantes abertzales, sino a ciudadanos que no tenían nada que ver con el conflicto político. El atentado de Bidarrai de febrero de 1986, donde un pastor -Christophe Matxikote- y una estudiante -Catherine Brion- fueron ametrallados en su vehículo, hizo que incluso algunos grandes electos, como el alcalde bayonés Henri Grenet, salieran del caparazón de su indiferencia.
Guerrero a París
Con el fin de asegurarse de que Madrid recibía con claridad el mensaje, Pasqua convocó a París a Angel Guerrero, asesor del Ministerio de Interior. «Me dijeron: `Dí a tus patrones que tienen ocho días para parar esto. Si no, la vamos a liar'», declara en el documental Guerrero, a quien metieron en el primer vuelo hacia Madrid para que transmitiese el mensaje.
Esta vez, los españoles lo tomaron en serio. Así lo reconoce el propio Rafael Vera, que inmediatamente dio instrucciones tajantes a los responsables de la seguridad del Estado, amenazando incluso con expedientes disciplinarios y expulsiones a quienes persistiesen en dicha actuación.
Guerrero retornó a París para comunicar a Pasqua que su petición había sido atendida. «Nos dijo que Madrid haría todo para que estas acciones cesaran aunque no fueran directamente responsables» declara el exministro sin disimular una sonrisa irónica. «Cada cual tenía que salvar la cara» añade.
Sin embargo, la interrupción de la guerra sucia tenía su precio: el incremento de la colaboración que se reflejó inmediatamente en la ola de expulsiones de refugiados por el procedimiento de urgencia absoluta.
Pasqua admite en el reportaje que fueron consecuencia directa del fin del GAL. Dice entender a «algunas buenas almas a quienes las expulsiones hayan podido chocar», y luego añade, impertérrito, que «de todos modos no me han quitado el sueño».
Francis y Amedo
El documental, que será reemitido en los próximos días en la misma cadena, recoge otro «hecho inédito», según sus autores: la localización de uno de los reclutadores del GAL -Francis-, jamás identificado, a quien, tras largos meses, han logrado entrevistar con la condición de mantenerlo en el anonimato.
El denominado Francis, un mercenario de la extrema derecha retirado, revela que colaboró con el inspector de Policía José Amedo preparando varios atentados. Admite que reclutó en total a cinco mercenarios que cometieron dos atentados -el del Café des Pyrénées y el del Monbar-, ambos en Baiona. En el primero, el 29 de marzo de 1985, hubo dos heridos y un joven estudiante -Benoît Pecasteing- resultó muerto.
Respecto a este fallecido, Francis muestra cierto pesar por la equivocación: «Siento la muerte del estudiante porque, en cierto modo, soy responsable de ella». Pero a renglón seguido se reafirma en que el GAL era necesario porque «no podíamos quedarnos de brazos cruzados dejando a los miembros de ETA organizar atentados».
En el caso del atentado del Monbar, perpetrado el 25 de setiembre de 1985, murieron cuatro militantes vascos (Joxe Mari Etxaniz, Inaxio Asteasuinzarra, Agustin Irazustabarrena y Xabin Etxaide). El denominado Francis revela que lo preparó junto a dos mercenarios y al propio Amedo en el hotel Orly de Donostia.
El reclutador de mercenarios añade que lo hacía por «razones políticas»: «Mi motivación profunda era la lucha contra el terrorismo situado en nuestro territorio nacional».
Reconoce en el reportaje que «tenían la convicción y más tarde la certeza» de que el Gobierno de González estaba tras el GAL, aunque solo contaban con «pruebas endebles». Así, prefirieron no contradecirlo y priorizaron la razón de Estado.
Gilles Ménage, responsable de seguridad del presidente François Mitterrand, admite que entonces era difícil cuestionar al Gobierno español: «En estas situaciones, las democracias no son tan democráticas como pretenden», esgrime.
Angel Guerrero, asesor del Ministerio de Interior español en aquella época, afirma que González paró en seco la actividad de los GAL cuando se lo exigió París. «Arrojó el talonario al WC», dice aludiendo a la interrupción de la financiación.
El tema de los GAL es prácticamente desconocido en el Estado francés. De hecho, el destinatario principal del reportaje es la propia ciudadanía francesa. El trabajo de los dos periodistas es reseñable si se tiene en cuenta que, en general, la «guerra del GAL» ha sido considerada como una cuestión que no incumbe a los franceses. No obstante, el reportaje evidencia que sus gobernantes, sus jueces, su policía, sí tuvieron mucho que ver con aquellos hechos.
El documental puede haber permitido a muchos franceses descubrirlo (este era uno de los objetivos buscados por los autores), pero en Ipar Euskal Herria ha reavivado las memorias de todos. Algunos de ellos, como el fotógrafo Daniel Velez o los militantes abertzales Jakes Borthairu y Txetx Etxeberri aparecen también en él. Sus testimonios han sido recogidos bastante brevemente, a su entender: «Es frustante para quienes vivimos los hechos. Muchas cosas siguen quedando en la sombra», declara Velez. Una impresión corroborada por Etxeberri, que deplora que, tras tantas horas, «solo se queden con algunos minutos y, a veces, limitándose a lo anecdótico».
Aun así, reconoce que es un material documental que, espera, «sirva para que en el Estado se sepa lo ocurrido aquí». Cree que queda meridianamente claro que el PSF estaba al corriente y que prefirió priorizar la razón de Estado. «Estoy convencido de que el PS, entonces en el gobierno, hubiera podido parar los GAL. De hecho, Pasqua lo hizo en cuanto llegó al Ministerio. Esto demuestra, si no una connivencia tácita con el Gobierno de Madrid, cuando menos una ausencia de voluntad política clara», manifiesta.
Además, estima que lo revelado por el documental interpela tanto el propio PS como a los medios de comunicación estatales, a los jueces y a la Policía: «¿Cómo es posible que 30 años después, dos periodistas logren encontrar a uno de los mercenarios y todos que se queden así, tan tranquilos en sus casas, a pesar de reconocer su intervencion?» se pregunta, subrayando la diferencia con los medios desplegados estos días al hilo de las muertes de Toulouse. A.M.
El capitán de la Gendarmería Charles Saenz evoca cómo aportó a la Fiscalía de Baiona elementos claros sobre el autor del atentado de Bidarrai que solo serían investigados ocho años más tarde por otro juez y que permitieron condenar a Brescia a 65 años.