Nadie va a imponer el ritmo ni la hoja de ruta a este Gobierno. Ni ETA, cuyo único destino es la extinción, ni la izquierda abertzale, que tiene que exigir su disolución incondicional, ni ningún otro interesado, directo o indirecto». El miércoles, durante una comparecencia en el Senado, el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, tuvo que reafirmar que las pautas en política carcelaria las marca el Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy. Las referencias a la izquierda independentista eran obligadas, especialmente cuando es cada vez más evidente su incomodidad ante las crecientes demandas para que Madrid mueva ficha. Pero lo que Fernández no dejó claro fue a quién se refería cuando habló de «ningún otro interesado».

La mención puede interpretarse como un cortafuegos frente al lehendakari Patxi López, quien también ha instado a Madrid a dar pasos respecto a los represaliados. Pero no hay que descartar que la advertencia se dirigiese hacia sus propias filas, sobre todo, después de un mes en el que el ala más ultra del PP, además de UPyD y ciertas cabeceras de la prensa derechista madrileña, hayan agitado a ciertos colectivos de víctimas contra el Gobierno. Por ahora, están lejos de las marchas con las que minaron al PSOE en el anterior proceso de diálogo, pero tras escuchar las posturas de Francisco José Alcaraz, de Voces contra el Terrorismo, o de Ángeles Pedraza, de la AVT, las fisuras son evidentes.

La ofensiva de estos grupos no se ciñe a los presos políticos vascos. También abarca el relato sobre el conflicto, la petición de ilegalizar Amaiur y Bildu, el rechazo a reconocer a las víctimas de la violencia policial e, incluso, la exigencia de que no todos los proyectos políticos (obviamente, la independencia) puedan ser realizables. Y, como guinda, se aferran a las tesis «conspiranoicas» sobre los atentados del 11M.

Ante el nuevo ciclo abierto tras el cese definitivo de la lucha armada de ETA, la confluencia de estos sectores tiene un objetivo claro: condicionar al Gobierno de Rajoy para que no dé pasos hacia la resolución. El Ejecutivo, por su parte, esgrime el documento acordado el 20 de febrero entre PP, PSOE y PNV en el Congreso de los Diputados como «hoja de ruta» para protegerse frente a quienes consideran que «nada ha cambiado» desde el 20 de octubre de 2011.

«Es una kamikaze en dirección contraria», señalaban fuentes del PP en el Congreso sobre Rosa Díez, portavoz de UPyD que había llevado a la Cámara una propuesta para instar a la ilegalización de Bildu y Amaiur. El texto alternativo, que no llegó a votarse, se ha proyectado como un pacto de Estado. Pero asociaciones como la AVT, Voces contra el Terrorismo o Covite no la ven con buenos ojos. El discurso establecido por Interior sobre el «cumplimiento de la ley» o declaraciones del ministro acerca de la «generosidad» del Estado ante un nuevo tiempo no han sido bien recibidas. Mucho menos cuando escuchan a representantes institucionales, como Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, decir que «las víctimas no pueden condicionar» la política estatal hacia Euskal Herria.

«Nada justifica la Justicia transicional», aseguraba el miércoles Ángeles Pedraza, que marcó sus líneas rojas en el cumplimiento íntegro de las condenas y la ilegalización de cualquier plataforma abertzale. Este discurso llega a considerar la denominada «vía Nanclares» como un «subterfugio». El fantasma del «precio político» al que se aferró el PP durante las dos legislaturas pasadas está siendo esgrimido ahora en ahora en su contra. Eso sí, por el momento con menor intensidad que durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se llegaron a montar masivas manifestaciones.

Despliegue de reuniones

«La actual etapa va a seguir siendo convulsa. Menos en las formas, pero igual en el fondo», señalaba el miércoles Rubén Múgica, representante de Covite, comparando los ocho años de gobierno de Zapatero (que calificó de «deplorables») con el nuevo ciclo abierto tras la llegada de Rajoy a La Moncloa. Francisco Alcaraz, exlíder de la AVT y actual portavoz de Voces contra el Terrorismo, daba un paso más y hacía una predicción: «Seguiremos con la `rebelión cívica' [es como denominan estos grupos a la campaña lanzada contra el anterior proceso de diálogo] en tiempos más duros». Las tesis de Alcaraz son las mismas que las de Jaime Mayor Oreja, portavoz del PP en el Parlamento Europeo. «Existe una hoja de ruta marcada por PSE y ETA que se ha mantenido hasta la actualidad», aseguró, insistiendo en que, a pesar de que confía en que el actual Ejecutivo «no negociará» con la organización armada, ese diálogo proseguirá «con Rubalcaba como testaferro».

De las principales asociaciones, solo una se ha mantenido fiel al Gobierno. Es la Federación Autonómica de Víctimas del Terrorismo, dirigida por el andaluz Joaquín Vidal, la única que se ha hecho la foto con el ministro de Interior durante la intensa ronda de contactos desplegada por la cúpula del PP desde mediados de febrero. Fue el día 27, apenas una semana después de que PP, PSOE y PNV acordasen el texto en el Congreso. En todas sus intervenciones, Vidal se ha seguido la línea gubernamental: cumplimiento de la ley «nos guste o no».

A pesar de todo, desde el Ministerio del Interior se insiste en que la relación con las asociaciones de víctimas «es muy buena». Pero en privado los miembros del PP no ocultan su malestar con UPyD y con Mayor Oreja. Para contrarrestar los movimientos de los sectores más intransigentes, desde Génova se ha lanzado una contraofensiva. Por una parte, diversos líderes se han reunido, tanto en público como en privado, con las organizaciones de víctimas. Por otra, estas siguen siendo el eje central de su discurso y se les hacen ciertas concesiones legales.

Los encuentros de Jorge Fernández con la Federación Autonómica o, esta misma semana, con Maite Pagazaurtundua y el propio Mayor Oreja son la punta del iceberg. También María Dolores de Cospedal e Iñaki Oyarzábal (que juega un papel clave desde que ha sido nombrado secretario de Justicia, Derechos y Libertades) se han sentado con estas agrupaciones.

Los guiños lanzados desde el PP a las víctimas no pasan desapercibidos para nadie. Estos no se circunscriben al discurso, sino que también se plasman en iniciativas como el futuro Estatuto de la Víctima, que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y que les dará potestad para recurrir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria cualquier excarcelación, así como en la articulación del reglamento de la Ley de Protección, aprobada la pasada legislatura.

El Gobierno español no se ha sumado al mensaje de que «nada ha cambiado» desde el 20 de octubre. No obstante, las presiones que llegan desde el sector intransigente se han convertido en la excusa perfecta para el inmovilismo que mantiene hasta el momento. También es cierto que han hallado instrumentos para no salir tocados ante futuros movimientos. Por una parte, el texto del Congreso, elevado a la categoría de «hoja de ruta». Por otra, las apelaciones a la Justicia. El Constitucional tiene sobre la mesa el recurso de Sortu y las alegaciones a la denominada «doctrina Parot». Unas sentencias que avalasen la legalidad del partido abertzale y las excarcelaciones permitirían al PP iniciar movimientos sin soportar el coste de una decisión política. Hasta entonces, el partido y el Gobierno de Rajoy se enfrentan al reto de lidiar con un sector que él mismo alimentó y del que se aprovechó hasta ayer.