Lo que se está planteando en la gestión de los bienes culturales no es una reforma, sino una contrarreforma. Que nadie se crea que es algo circunstancial, sino un establecimiento de unas nuevas reglas del juego que condicionan el presente y el futuro incierto. Los canales de distribución se están dinamitando. Los focos de creación se deslocalizan para que se debilite todo el tejido. La formación es un remedo, una salida laboral. Sin ideales, contextos, proyección y estructuras, estamos retratando a modo de caricatura un asunto periférico. Si la cultura no forma parte de nuestra manera de ser, nuestra manera de estar va a ser disuasoria de cualquier identidad.

No hay que desesperar. Todo puede ir a peor. E irá. El desistimiento de las instituciones con sus compromisos culturales en el sentido más estructural del término, es un síntoma de un derrumbe social y político de mayor profundidad que la tabla rasa con la que se están anulando los logros laborales después de siglos de lucha. Con un agravante: no se percibe su importancia de la misma manera. La ciudadanía ha sido tratada como cliente, no como cómplice solidario y protagonista indirecto, y mientras tenga la falsa sensación de que existe esa oferta, aunque sea en otras condiciones, no va a mover un dedo.

Es el tiempo de dar un paso al frente. Reclamar una participación ciudadana activa en los asuntos culturales. Igual que se habla de la recogida de las basuras o los impuestos indirectos, que se ponga en el debate diario qué hacer con las casas de cultura, los teatros, los museos, los conservatorios o las escuelas de danza. Volver a definir qué tipo de cultura queremos. Sólo de pensarlo, entra vértigo.