Era una charla en la Universidad de Leioa. La impartía la profesora de derecho penal Elena Larrauri. La eminente criminóloga barcelonesa ponía el dedo en la llaga: no se puede imponer la pena a un hecho delictivo en base a las expectativas de sus víctimas. Cuchicheos en la sala. Concretamente, el razonamiento era que tal y como se hace hoy, por mucha pena de prisión que se imponga y en las condiciones más rayanas con el trato cruel, será difícil -e incorrecto- tratar de satisfacer al damnificado por el hecho delictivo. Y esto hay que asumirlo. Murmullos in crescendo.

La académica se preguntaba, en un ejemplo carente de contexto político, si el padre a quien habían asesinado a su hija se vería mejor amparado en su dolor con una pena de cuarenta años que por una de diez. Comentarios escandalizados desde la última fila, «a pues si matan a mi hija...», «por mí, a la silla eléctrica...», «que se pudra...». Incluso se expresaba otra idea: «yo le cojo y...».

Curiosa la forma de razonar, porque se conjugan dos respuestas de raíz diametralmente opuesta: la primera denota una adhesión absoluta a la inspiración ultra del sistema penal-penitenciario actual -más madera: más castigo y más cruel- mientras que la segunda evidencia la mayor de las desconfianzas, recurriendo a la vindicación privada para solventar los numerosos defectos de este sistema: «¡que me lo dejen a mí, que ya verá!».

Salí bastante preocupado por las nuevas generaciones del derecho -o por lo menos por las que ocupaban las últimas filas-. Porque cierto que hay muchísimos aspectos muy discutibles, pero el episodio es indicador de la reacción que se muestra contra el infractor y de la visión populista que se ha extendido sobre el castigo, dirigido únicamente a satisfacer irreflexivamente a la víctima.

Escribo esto cuando se ha conocido la decisión del Tribunal Constitucional sobre la aplicación retroactiva de la cadena perpetua, más conocida como «Doctrina Parot». Una de las más palpables y absolutas evidencias de quién dibuja los torcidos renglones de la justicia española. Por si alguien tenía duda de quién es el más satisfecho de esta decisión, el presidente de la plataforma Voces Contra el Terrorismo (VCT), Francisco José Alcaraz, se apresuró a mostrarse exultante: «es de justicia avalar la doctrina Parot y que prácticamente el 100% de las víctimas apoyan esta postura». Oxímoron: justicia y expectativas de las víctimas son términos contrapuestos.

Añade Salomón-Alcaraz que «la doctrina Parot es mucho más blanda que la cadena perpetua» evidenciando que aspiran a que se aplique esa segunda institución, que no existe en la legislación española muy a pesar de estos colectivos.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Angeles Pedraza, alias la Justa, también aplaude, «pero nos hubiera gustado que se aplicara a todos los presos de ETA», propugnando una perpetua para todos.

Se desvela, pues, que la decisión está cocinada al vivo fuego que han prendido las víctimas de ETA. Víctimas largamente arrulladas por autoridades y engordadas por los presupuestos del Estado. Víctimas que han alcanzado una capacidad de lobby, de presión que ahora deja atados de pies y manos a quienes deberían tomar decisiones políticas. La pregunta clave es ¿cuánto están dispuestos a hacer para aplacar su voracidad? ¿Las vestirán de toga y puñetas para que sean ellas quienes apliquen su especial concepto de justicia?

Estas actitudes contrarias a un sentir popular dirigido a la adopción de soluciones, evitando generar nuevos agravios, ¿no afecta de muerte a la presunta «superioridad moral» de esos colectivos?

Pero a quien deja totalmente desarmada la sentencia del TC es a la timorata actitud de Patxi López y los suyos. El trasluz de esta decisión deja en vergüenza a Jesús Loza, comisionado por López para la recién inaugurada Ponencia para la Convivencia y la Memoria. Fue designado, según su jefe de filas, por su «compromiso personal con las víctimas del terrorismo y la lucha por la libertad». Que repase la frase, porque nuevamente expresa una contradictio in termini de bulto.

Tal vez para ratificar esa adhesión a las víctimas empezó su andadura cargando tintas contra el colectivo de presos políticos. Utilizó su primera intervención para atribuir a la izquierda abertzale la responsabilidad de la situación en la que se encuentran los presos vascos. Concretamente manifestó que la izquierda abertzale les dice: «tranquilos, vais a salir todos en loor de multitudes y en alegre biribilketa».

Quien pretende ridiculizar, fácilmente puede verse ridiculizado en su espejo. Se podría deducir que el mensaje que él envía las víctimas es el de «tranquilos, van a pudrirse en la cárcel solos y olvidados, les impondremos nuevos y mayores castigos a ritmo de chunda-chunda». Un mensaje peligroso, un mensaje sin recorrido, ridículo... que la decisión del TC hoy avala.

Eligió este discurso. Podría haber empleado otro más pedagógico, explicando a las víctimas para las que tanta ascendencia tiene que, por mucho que añoren a las personas que les arrebataron, por mucha indignación y agravio que atesoren, que se aferran a aspiraciones injustas. Porque las pretensiones de muchas víctimas tanto en el ámbito penitenciario, como en el ámbito del desarrollo político que se intuye, no son de justicia. Expectativas que Loza y sus colegas han potenciado, pero que ahora generan incomodidades. Están maniatados por ofrecer satisfacciones que llevan al abismo.

La izquierda abertzale «está engañando» a los presos decía el Comisionado con la reivindicación de amnistía generales. Para acabar de refutar sus palabras, recientemente, el colectivo Herrira, puso sobre la mesa la existencia de 214 presos quienes, con la ley en la mano, podrían ser excarcelados. A esa exposición de buena voluntad, tal alejada de los maximalismos que pretende Loza es a la que hoy el Tribunal Constitucional cierra las puertas y se traga la llave. Al planteamiento de liberación progresiva, sin atajos ni vericuetos, por la simple aplicación de la legislación que, con buen criterio exponía el movimiento Herrira, se le antepone una interpretación en clave de saña. Sin duda, en la línea del discurso de vencedores y vencidos que se pretende imponer.

Si fuera coherente el señor Loza, y desde su ánimo por desgastar las posiciones de la izquierda abertzale, debería promover la aplicación de la ley sin trampas y la liberación de quienes lo tienen ya merecido de derecho. Con ese mensaje favorable a la excarcelación progresiva de presos y presas ¡qué sonoro plastazo daría a la izquierda abertzale! ¡Qué torpedo en su línea de flotación dialéctica precursora de amnistías totales! ¡Como se dejaría en evidencia a sus estrategas del todo o nada! ¡Qué gran triunfo del estado de derecho con la aplicación magnánima de su ley!

Pero me temo que no hará ni eso... ni todo lo contrario.