Rajoy ha cumplido sus primeros cien días en La Moncloa con unos «presupuestos de guerra» -en palabras de su ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo-.

Y los ha presentado debilitado, tras su derrota política en Andalucía y el día después de una huelga general que ha superado las expectativas sindicales estatales.

El guión del Gobierno del PP era sabido. Ir dosificando los anuncios de recortes en espera de la cita electoral andaluza, donde todas las encuestas le auguraban un rotundo triunfo electoral y la posibilidad de arrebatar al PSOE su último feudo, condenándolo a la práctica desaparición política.

En paralelo, tanto su anuncio en Bruselas de que daba por descontado que su reforma laboral «me va a costar una huelga general» como la campaña mediática contra los sindicatos buscaban amortizar y minimizar el alcance de las protestas.

Ni lo uno ni lo otro. El PP perdió 400.000 votos de Despeñaperros para abajo dando aire a un PSOE que registra un imparable desgaste matizado en la Andalucía rural -encadenada al clientelismo y al rentismo de los PER y los ERE trucados- y por el repunte electoral de IU. Y los sindicatos estatales han mostrado un importante poder de convocatoria, en buena parte prestada, pero en definitiva multitudinaria. Mal harían todos ellos enmascarando con triunfalismos su déficit de credibilidad.

Una falta de credibilidad que afecta ya al conjunto del sistema. El ministro español de Economía, Luis de Guindos, prometió ante el Eurogrupo en Copenhague: «España va a dejar de ser un problema». He ahí el eterno problema: España.