Uno de los primeros países en conseguir su libertad de Gran Bretaña, hoy con alrededor de 58 millones de habitantes, que ha vivido la mayor parte de su historia sumido en una dictadura, comenzó su aparente democratización en 2003 con la creación de una Convención Nacional para finalizar la creación de la Constitución. Una Constitución que restringiría la participación de ciertos candidatos en las próximas elecciones y aseguraría el poder de los militares para el futuro.

Esta Carta Magna, que se votó en referéndum (2008) tras el paso devastador del ciclón Nargis por parte del país, trajo tras de sí unas elecciones legislativas (2010) en las que se prohibió la participación de la líder opositora Aung San Suu Kyi -ganadora de las elecciones celebradas en 1990, en las que tras su triunfo la Junta Militar anuló los resultados y se mantuvo en el poder- basándose en las leyes electorales aprobadas en la Constitución. Los resultados volvieron a mantener en el poder a la Junta Militar, con el boicot del partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND). Reformas de aparente evolución democrática, con resultados igual de dictatoriales.

Pero las sanciones internacionales, sobre todo provenientes de EEUU, y la necesidad de avanzar tanto económica como políticamente, han hecho que el actual Gobierno, formado por antiguos militares tras dimitir de sus cargos, comience un proceso de reformas en estos últimos meses.

La liberación de la galardonada con el premio Nobel de la Paz y líder de la oposición Suu Kyi, la legalización de su partido LND, ilegalizado en 2010, y la opción de participar en las elecciones que se celebran hoy han sido pasos muy valorados por Occidente y sobre todo por EEUU -que han supuesto el acercamiento de ambos países con la visita histórica que realizó Hillary Clinton al país-. Pero también el diálogo de paz comenzado con el movimiento independentista karen, una de tantas etnias que lucha por su independencia, y la liberación de más de 600 presos entre ellos prisioneros políticos, han mostrado una cara desconocida hasta ahora de los mandatarios birmanos, un rostro hacia la reconciliación, aunque quedan muchas conversaciones pendientes para una solución de las luchas internas y grandes demandas a las que responder.

Así, tras años de largo proceso con demasiados altibajos, parece que las actuales reformas han tomado una dirección recta, aunque aún asegurando cada paso y con algún que otro bache para la plena democratización de un país marcado por la dictadura, las incesantes protestas, la represión, las luchas de las distintas etnias y la miseria.

Elecciones legislativas

Las elecciones que se están celebrando hoy en Myanmar tienen dos grandes favoritos entre las cinco principales formaciones políticas: el Partido para el Desarrollo y la Solidaridad de la Unión, el partido oficialista del actual presidente Thein Sein -fundado en 2010 tras la renuncia de sus miembros a sus cargos militares-, y la Liga Nacional para la Democracia (LND), de la opositora Aung San Suu Kyi -ilegalizado en 2010 y refundado en 2011-.

La última vez que ambos partidos se enfrentaron fue en las elecciones de 1990, donde ganó el partido de Suu Kyi con el 80% de los votos, pero los resultados fueron invalidados por la Junta Militar.

En segundo plano se encuentran el Partido Demócrata de Nacionalistas Shan -conocido como Tigre Blanco y que defiende los intereses de la etnia shan-, que fue la segunda fuerza más votada en las elecciones de 1990, el Partido de Unidad Nacional -oficialista- y el partido Fuerza Democrática Nacional -una escisión de la LND de Suu Kyi tras su decisión de boicotear las elecciones-.

La comunidad internacional ha marcado como punto de inflexión estas elecciones que seguirá de cerca para decidir si levantar o mantener las sanciones impuestas al país durante las décadas anteriores. Un punto de inflexión tras el cual habrá que analizar si las reformas llevadas a cabo seguirán por el camino de la democratización o se desviarán, como ha ocurrido en anteriores intentos cuando los resultados no han favorecido a los intereses de aquellos que ocupan el poder desde 1962.