Los derechos no admiten compensación
El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, expresó ayer su convicción de que el Tribunal Constitucional va a adoptar de forma inminente una decisión sobre Sortu, augurando además que se va a pronunciar en favor de la legalización de la formación abertzale, vetada el año pasado por el Tribunal Supremo. En este sentido, y en referencia al hecho de que hace apenas unos días ese mismo tribunal avaló la doctrina 197/2006 contra los presos políticos vascos, Pastor apuntó la posibilidad de que el Estado esté aplicando un «mecanismo de compensación», según el cual mostraría su rostro más intransigente en el tema de los prisioneros y una actitud más abierta en este. El objetivo sería, a juicio del parlamentario del PSE, lograr una situación de «equilibrio».
De ser cierta esta estrategia, sería inaceptable desde cualquier punto de vista, ya que lo que se está abordando, tanto en un caso como en el otro, es el respeto a derechos fundamentales que no admiten «compensaciones» ni dobles juegos. En el caso de Sortu, lo que está en debate son derechos básicos como el de participación política y el de asociación, puntales de cualquier sistema que quiera cumplir unos mínimos democráticos. Asimismo, la política de excepción que se aplica en las cárceles vulnera no solo el derecho a la libertad, como hace la doctrina recién aprobada al alargar condenas que ya han sido cumplidas, sino también los derechos humanos de las personas presas. Por tanto, no puede decirse que una eventual legalización de Sortu, si se produce, restituya ningún «equilibrio», porque el respeto de un derecho fundamental no subsana la vulneración de otro. En todo caso, la hace más evidente.
Si finalmente el Tribunal Constitucional decide en favor de Sortu, lo que hará será devolverle lo que le arrebataron. Pero se levante o no el veto legal que impuso el Tribunal Supremo a este partido, los derechos de los represaliados seguirán siendo vulnerados. Lo mismo puede decirse del fallo del «caso Bateragune», en un sentido o en otro. Lo que está en juego son derechos fundamentales, y estos deben ser respetados en todos los casos, sin ninguna excepción.