El grupo parlamentario de Amaiur ha registrado una pregunta por escrito en el Congreso español en la que solicita información sobre los miembros del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista y demanda saber cuántas personas fueron condenadas y por qué motivo.

La sala de excepción española estuvo vigente entre el 2 de diciembre de 1963 y el 4 de enero de 1977 y constituye el antecedente de la actual Audiencia Nacional, creada por decreto ley el mismo día en el que el TOP dejó de funcionar. La pregunta, que solicita una respuesta textual, pretende arrojar luz tanto sobre las víctimas de este órgano represivo como acerca de los magistrados que formaron parte de él en esos tres lustros.

Sobre la primera cuestión, la relativa a los represaliados, el escrito formulado por el diputado de Amaiur Sabino Cuadra solicita los datos sobre el número total de condenados y cuántos años de pena fueron impuestos. Además, el electo independentista pide la «cuantificación de las penas impuestas según cada uno de los delitos cometidos», que divide entre «rebelión, sedición, asociación, reunión y propaganda ilegal y desórdenes públicos».

La segunda parte de la batería de preguntas está referida a las estructuras del propio tribunal de excepción. En este sentido, Amaiur pide al Gobierno español «la relación nominal de todos los jueces, magistrados y fiscales que fueron miembros del mismo, especificándose el período en el cual desempeñaron su labor». Un modo de averiguar cuál fue la carrera de todos los magistrados franquistas tras la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.

Número de sentencias

En la misma línea, y en relación con las víctimas del tribunal de excepción, Cuadra insta a hacer público el número de sentencias en las que participó cada uno de los jueces y los años de condena total correspondientes a todas ellas.

Finalmente, Amaiur solicita la información sobre los «destinos posteriores que tuvieron sus miembros en la Administración de Justicia u otros servicios de la Administración tras su paso por el Tribunal de Orden Público». El escrito, fechado a 23 de febrero y firmado por el propio Cuadra, está todavía pendiente de una respuesta por parte de la Administración española.