Cuándo se le acabará a Rajoy la baja maternal de Soraya Sáez de Santamaría?». La irónica pregunta, formulada en muchas ocasiones desde la llegada del PP a Moncloa, simboliza la estrategia comunicativa del presidente español. Desde el primer día, su todo- poderosa vicepresidenta, que había dado a luz apenas nueve días antes de las elecciones, se convirtió en mano derecha y voz de un líder parco en apariciones públicas. El hombre que llegó a jefe del Ejecutivo con la gran virtud de no molestar a nadie demasiado se ha parapetado tras sus principales colaboradores a la hora de explicar una agenda de reformas que rompe de facto buena parte del consenso social existente en el Estado español desde 1978. El mutismo selectivo de Mariano Rajoy, que habla en mítines pero no en ruedas de prensa, no implica una política del avestruz. Ha optado porque sean sus subalternos quienes pongan rostro a sus determinaciones. Sin embargo, los planes presentados tienen tal calado que muchos periodistas comienzan a sentirse incómodos por el hecho de que no sea el presidente en persona quien explica lo que hace. La puesta de largo de los Presupuestos, nuevamente a cargo de Sáez de Santamaría (acompañada por Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, ministros de Hacienda e Industria, respectivamente) fue el último ejemplo. Ante las cuentas más restrictivas en tres décadas, uno de los informadores planteó: «¿No debería de ser el propio jefe del Ejecutivo el que los presente?»

La gravísima situación económica del Estado español, en caída libre a pesar del sometimiento de Rajoy al dictamen de los mercados, y la nueva fase abierta en Euskal Herria, de la que el presidente apenas ha recogido el acuse de recibo, constituyen los dos carriles por los que han transcurrido los primeros cien días de Gobierno. Un plazo de cortesía cerrado prematuramente con la primera huelga general de la legislatura. El 29M, los manifestantes en Madrid coreaban un «Mariano, Mariano, no llegas al verano» que, si bien refleja más deseo que realidad, sí que acierta al vaticinar el desgaste. No solo por el paro. En solo cien días, el PP ya ha dejado escapar medio millón de votos en Asturias y Andalucía. Y eso que las encuestas vaticinaban la mayoría absoluta de Javier Arenas.

La resolución del conflicto vasco es la única cuestión en la que el Ejecutivo no ha movido ficha. Lo cual, de hecho, significa también tomar decisiones. Jorge Fernández Díaz, al frente de Interior, y Alberto Ruiz Gallardón, en la cartera de Justicia, conforman junto al propio Rajoy el triunvirato al frente del Estado y quienes deberían decidir con qué pasos responden al ciclo abierto tras el cese de ETA. El catalán, que dirige la Policía y la política carcelaria, es un «marianista» convencido y se le presupone fidelidad absoluta. Al madrileño, supuesto verso suelto que ha exhibido su rostro más nacionalcatólico nada más tomar posesión, se le ha otorgado un perfil más político. Pero será Rajoy quien maneje la situación personalmente. Y, por el momento, no tiene prisa.

La búsqueda de soluciones en clave de derechos no entra todavía en la agenda de Moncloa. Aunque esto no implica que no haya comenzado a fijar posición. Poco después de aterrizar en su despacho, recibió al lehendakari, Patxi López; al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y al jefe de su partido en la CAV, Antonio Basagoiti. Probablemente fue en esas reuniones donde se pergeñó el único documento que marca las directrices del Estado ante el cese definitivo decretado por ETA: un ambiguo texto firmado en el Congreso por PP, PSOE y PNV el pasado 20 de febrero en el que se habla genéricamente de la «derrota» de la organización armada y que prevé un diálogo con los ejecutivos de Lakua e Iruñea. Un respaldo que, a pesar de no haber sido votado en la Cámara, el PP interpreta como un cheque en blanco.

Para todo lo demás, Rajoy se ha aferrado una frase repetida hasta la saciedad: cumplimiento íntegro de la ley. Este mantra se repite desde el primer rifirrafe entre Amaiur, la histórica representación abertzale en el Congreso, y el jefe del Ejecutivo. En realidad, se podría decir que el trasatlántico del PP ha virado al reconocer que nada es igual desde la histórica declaración de ETA. Sin embargo, su brújula todavía no apunta hacia la dirección de la mayoría social vasca.

La situación de los presos políticos vascos y la ilegalización de Sortu constituyen los dos grandes ejemplos del inmovilismo gubernamental. Las filtraciones mediáticas apuntaban a futuras resoluciones del Constitucional como parapeto para las decisiones de Rajoy. Sin embargo, la reciente sentencia que avala la denominada «doctrina Parot» ha supuesto un jarro de agua fría para quienes confiaban en que la judicatura pondría una alfombra roja a posibles gestos del Gobierno del PP.

Ahora, las miradas están puestas en Estrasburgo, que podría fallar en verano sobre un recurso presentado por la presa política Inés del Río. Sin embargo, la táctica española de inventar nuevos nudos que luego el Estado tiene que desatar para ubicarse en clave de solución sigue vigente. Frente a la movilización social vasca, con históricas marchas como la del 7 de enero en Bilbo, el Estado constrapone las presiones sufridas desde sus sectores más ultras, capitaneados por el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y que utilizan como ariete a agrupaciones de víctimas como la AVT o Voces contra el Terrorismo. El despliegue de altos cargos del PP reunidos con estas asociaciones evidencian su temor de que estos grupos terminen volviéndose en contra de su Gobierno.

Después de cuatro meses de PP en Moncloa, queda claro que Rajoy no es ajeno al cambio de reglas de juego abierto tras la decisión de ETA. Sin embargo, se está tomando su tiempo. Y aunque añade progresivamente nuevas exigencias, el afán de sus aliados por imponer un relato sobre el conflicto vasco evidencia uno de los grandes miedos expresados por varios de sus altos dirigentes: la posibilidad de perder en la paz lo que el Ejecutivo vende como una victoria policial y judicial.

Si la cuestión vasca ha bajado a niveles históricos de preocupación social, tal y como reconocen las encuestas del CIS, la situación económica y la agenda de reformas neoliberales constituyen la gran prioridad. Reducción del déficit y creación de empleo (con el nivel de paro en un techo histórico) se han convertido en el catecismo monetario de Rajoy. En este ámbito, sus líneas de acción vienen marcadas por dos mensajes que se retroalimentan: la inevitabilidad de las medidas anticrisis y el «donde dije digo, digo Diego» que aflora en cada ocasión en la sus decisiones chocan con promesas electorales. La subida de impuestos de diciembre o la amnistía fiscal incluida en el proyecto de Presupuestos son dos ejemplos. No ha sido necesario más que «googlear» ambos conceptos para certificar cómo el PP ha virado. Hasta anteayer se oponía a lo que hoy ya es norma. Para justificar cualquier contradicción, los derechistas ya han encontrado su respuesta para todo: la culpa es de la herencia del PSOE. Un razonamiento con fecha de caducidad y que comenzará a volverse en su contra cuando se cumplan las previsiones, asumidas por el propio Ejecutivo, de que no habrá recuperación en un futuro cercano.

El paquete de medidas anticrisis se inauguró a finales de diciembre con el incremento del IRPF. De ahí pasó a una reforma laboral que casi regala el despido y socava la representatividad de los sindicatos. Finalmente, han llegado los Presupuestos, que incluyen una amnistía fiscal para los defraudadores. Durante toda la campaña, Rajoy repitió hasta la saciedad aquello de que él «sabía qué hacer». Y tiene razón, en parte. La agenda estaba clara. Aunque resulta revelador que esperase hasta sentarse en la Moncloa para hacerla pública.

Una de las grandes paradojas de la contrarreforma social está en la respuesta de los mercados. Rajoy y todo su Gabinete han reiterado que no existe otra receta para calmar a ese ente abstracto. Sin embargo, no ha sido así. El último ejemplo, el incremento de la prima de riesgo a niveles históricos apenas 24 horas después de que las Cuentas se presentasen ante el Congreso. No se puede olvidar que los 27.300 millones de ajustes incluidos en las cuentas de 2012 no sirven ni para hacer frente a los intereses de la deuda, de más de 28.000 millones.

La holgada mayoría absoluta obtenida por el PP el 20N permite prever una legislatura fácil en el interior de la carrera de San Jerónimo, donde el rodillo derechista no tiene rival. Sin embargo, aunque sea de forma retórica, Rajoy ha buscado desde el principio el apoyo explícito de CiU. En el fondo, se trata de revalidar el modelo de la «PPvergencia» ensayado en el Principat con la llegada de Artur Mas, con quien comparte agenda de recortes. Hasta el momento, los 16 diputados catalanes han avalado todas las medidas implementadas por Rajoy. Sin embargo, la no inclusión en los Presupuestos de las partidas que se adeudan a la Generalitat pone difícil que se revalide la adhesión. Este trato preferente no se ha extendido al PNV, a quien se consultan los temas relacionados con el proceso vasco, pero que no tiene la posición de fuerza de sus socios catalanes.

La estrategia de un maltrecho PSOE de mostrar un perfil bajo y esperar a que los hachazos de Rajoy terminen por desgastarlo auguran cuatro años plácidos para el presidente español, que opta por ningunear al resto de diputados. Los buenos resultados obtenidos en Asturias y, sobre todo, en Andalucía, donde previsiblemente gobernarán a pesar de todos los escándalos de corrupción, refuerzan una lógica: capear el temporal desde la barrera. Además, teniedo en cuenta que fue el expresidente Zapatero quien abrió la veda de los recortes en mayo de 2010, enarbolar ahora la bandera de la justicia social plantearía serios problemas de credibilidad.

La mirada está puesta en la calle. Y eso también lo sabe el Gobierno, que elabora una contrarreforma de los derechos civiles consciente de que la degradación de las condiciones de vida le costará una explosión de las protestas sociales. La extensión a todo el Estado español de las leyes de excepción vascas son el símbolo de un Gobierno que se prepara para dar batalla.

Los tijeretazos seguirán marcando los próximos 100 días del Gobierno de Rajoy. Luis de Guindos ya ha puesto la Educación y la Sanidad en el punto de mira, lo que multiplicará la conflictividad social. Además, sigue pendiente la resolución del conflicto vasco, con las elecciones al Gobierno de Lakua ya entradas en su cuenta atrás. En algún momento, Mariano Rajoy también tendrá que pisar la sala de prensa de la Moncloa.