El presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, Ignacio Subijana, será el ponente del juicio por el «caso de la Hacienda de Irun», en el que el Ministerio Fiscal, representado por Javier Larraya, imputa a los acusados un total de 37 actuaciones delictivas, por los que reclama un total de 44 años y nueve meses de prisión, así como la devolución de las cantidades embolsadas ilícitamente, y que ascienden a 1,9 millones de euros.

En concreto, el fiscal les acusa de delitos como «malversación de caudales públicos de especial gravedad», prevaricación, estafa, falsedad documental y cohecho, perpetrados desde 1989 hasta 2004, año en que José María Bravo Durán solicitó la excedencia «por interés particular».

La forma de actuar en casi todos los casos fue similar. Bravo, en su calidad de jefe de la oficina tributaria de Irun, se ponía en contacto con las empresas que debían alguna cantidad a Hacienda para proponerles una rebaja de la deuda -a sabiendas de que se trataba de una actuación ilegal- y anunciarles que tras el pago de dicha cantidad la deuda quedaría cancelada.

El acusado exigía a los estafados que efectuasen los pagos en metálico, hecho que se producía en su despacho de la oficina de Irun. En algunos casos, Bravo ingresaba en las cuentas de la Hacienda Foral una parte del dinero, quedándose para sí con el resto, según indica el fiscal, «con intención de enriquecerse ilícitamente». Sin embargo, en muchos casos, se quedaba con la cantidad íntegra.

Dado que el acusado no transfería las cantidades recibidas a las arcas de la Diputación, ordenaba a los trabajadores de la oficina de Irun que dieran de baja en el sistema informático a los empresarios bajo la justificación de «insolvencia» o «prescripción».

48 cuentas, 17 sociedades

A continuación, las cantidades recibidas por Bravo eran ingresadas en alguna de las 48 cuentas que disponía en ocho entidades financieras junto a su esposa y a su socio Atristain.

Además, con el fin de dar «curso legal» a este dinero y ocultar su origen ilícito, según relata el fiscal en su escrito, los acusados crearon 17 sociedades mercantiles, varias de las cuales, como Fomento y Desarrollo del Valle del Jerte o Jerte Natura Parque Multiaventura, tenían su domicilio social en esta localidad cacereña, de donde son originarias sus familias.

Asimismo, los acusados solicitaron distintos préstamos e hipotecas, además de adquirir gran cantidad de locales, aparcamientos, viviendas, vehículos y fincas. Entre ellas destaca la adquisición de una casa en Urruña en 1996 por 72.000 euros, que vendieron diez años más tarde por 1.250.000 euros y sin ponerlo en conocimiento del Juzgado pese a que ya se había iniciado el procedimiento penal y habían sido requeridos para que depositaran una fianza de un millón de euros.

El fiscal considera a Rosa Cobos «cooperador necesario» y reclama para ella diez años y un mes por malversación, receptación e insolvencia punible, y un año y medio para Pedro Atristain, a quien acusa de cooperar en la ocultación del origen ilícito del dinero.

Estas actuaciones provocaron en su momento la dimisión del senador del PNV Víctor Bravo, hermano del principal imputado y director de Hacienda cuando se produjeron los hechos. Paralelamente, las Juntas Generales crearon una comisión de investigación que atribuyó a siete antiguos altos cargos forales nombrados por el PNV las responsabilidades políticas de este fraude.