En un documento presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que forma parte de su Informe sobre la estabilidad financiera mundial, el organismo presidido por Christine Lagarde señala que «a medida que las poblaciones envejezcan en las próximas décadas, consumirán un porcentaje creciente de recursos, ejerciendo presión sobre los balances públicos y privados» (...). A renglón seguido, el FMI señala que, para neutralizar esos posibles efectos, los gobiernos deben aumentar la edad de la jubilación, ligar ésta a la esperanza de vida, recortar las pensiones, incrementar los montos de las cotizaciones y contratar, con aseguradoras privadas, coberturas para ese «riesgo de que la gente viva más de lo esperado».

(...) Pero si el diagnóstico formulado por el FMI parece acertado, las propuestas de solución de ese organismo son cuando menos cuestionables, en la medida en que siguen la tendencia a optar -ante las dificultades económicas presentes y futuras- por el sacrificio de la población y a reducir a las personas a la condición de meros indicadores macroeconómicos.

En el caso que se comenta, dicha inercia es particularmente descorazonadora, por cuanto presenta a los jubilados, es decir, a quienes han contribuido durante años, con su trabajo, a la productividad y a la generación de riqueza en sus respectivos entornos, como una amenaza para la estabilidad macroeconómica de las naciones. (...)

Otro aspecto criticable de la propuesta del FMI es que, al plantear en forma general una disminución en las pensiones y un aumento en la edad de jubilación, no toma en cuenta las diferencias sociales abrumadoras que persisten en países como México, que se reproducen en todos los grupos poblacionales por edad y que se reflejan en un mayor deterioro de la salud y en una menor esperanza de vida de los sectores menos favorecidos. De tal forma, un retroceso en los derechos a la jubilación como el sugerido por el FMI afectaría, ante todo, a los integrantes de los estratos sociales más bajos, y profundizaría, en esa medida, la brecha de la ya grave desigualdad social.

(...) Lo pertinente, en suma, es revertir esa situación y restañar a los aparatos estatales de los recursos y de los mecanismos de bienestar necesarios para que puedan hacer frente a los retos actuales y futuros.