El deshielo que ha caracterizado la relación entre CiU y PP desde que los primeros regresaron a la Generalitat está llegando a su fin. Las evidencias de un presupuesto que recorta en un 44,9% las inversiones en Catalunya, unida a la invasión de competencias autonómicas por parte del Gobierno central y a declaraciones como las de Esperanza Aguirre, en las que por fin se planteó de forma abierta la reformulación del Estado de las Autonomías, han aumentado el volumen de un murmullo en el que muchos escuchan el ruido de dos trenes a punto de chocar.

Pese a que el primer roce considerable se produjo a finales de marzo, después de que CiU incorporase a sus estatutos el objetivo del Estado propio, los detalles de los Presupuestos han sido la principal piedra de toque. Desde las filas del Govern todavía están asimilando unas cuentas que ignoran las infraestructuras catalanas de forma olímpica, pese a las promesas realizadas alegremente en un reciente viaje por la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Desde la Generalitat denuncian que ni la sacrosanta austeridad puede justificar la práctica congelación del Corredor del Mediterráneo -línea ferroviaria de mercancías que surca el eje mediterráneo, declarada prioritaria por la Unión Europea-, mientras se mantienen los proyectos de Alta Velocidad a Galicia y a Portugal, pese a que este último acabará en la frontera, ya que Lisboa ha paralizado de momento toda obra.

Como colofón a estas cuentas restrictivas, el Estado se niega a pagar los más de 700 millones que debe a Catalunya desde hace años según la disposición adicional tercera del Estatut.

Pero ha sido el constante goteo de declaraciones desde Madrid las que han acabado, en apariencia, de colmar el vaso. La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, declaró el miércoles que «el maltrato a Catalunya» es lo que desestabiliza el Estado, en respuesta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que había calificado de «amenaza» la aprobación de una Ley de consultas en el Parlament. El mismo día, Artur Mas fue bastante más enérgico a la hora de responder a su homóloga en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que Rajoy utilizó como ariete para formular por primera vez de forma abierta, la necesidad de reformular el Estado de las Autonomías. «Hay comunidades que responden a una cosa artificial que se hizo para poder crear el café para todos y aguar las aspiraciones de Catalunya y Euskal Herria», sentenció Mas.

De todos modos, el nuevo escenario de confrontación con el PP no es una sorpresa, sino que entra dentro de los cálculos de CiU, que después de aprobar junto a la derecha española durísimos recortes durante los dos primeros años de legislatura, preveía desde hace tiempo poner el pacto fiscal como eje de su actuación para la segunda mitad de la legislatura. Algo que irremediablemente supondría una confrontación con el PP.

En busca de nuevos equilibrios

En este contexto, los guiños del Govern hacia la oposición se están convirtiendo en una constante, sobre todo con ERC, que se erige, en principio, como aliado natural en esta nueva etapa soberanista. Esquerra no rechaza de entrada los acuerdos con CiU, aunque para ello exige, igual que Solidaritat per la Independència, que el Govern abandone los pactos con el PP y ponga el camino hacia la independencia en el centro de sus prioridades.

La predisposición de ERC quedó meridianamente clara en el pleno monográfico sobre los recortes que el Parlament celebró el pasado miércoles. Mientras el PSC e ICV-EUiA criticaron duramente los recortes realizados por la Generalitat durante sus dos primeros años de mandato, Esquerra reprendió mucho más moderadamente al Govern, prometiendo a Mas su apoyo si centra sus políticas en el camino hacia la independencia. Pero ERC deberá marcar algo de perfil propio, a riesgo de desaparecer del mapa político, lo que obligaría a CiU a revisar su agenda neoliberal, plasmada en las últimas semanas en el apoyo a la reforma laboral del PP, en el sí a la amnistía fiscal y en el anuncio, realizado el jueves, de que votarán a favor de la ley de estabilidad.

Todo indica, por lo tanto, que vienen tiempos difíciles para la tradicional ambigüedad de CiU, ya que la aritmética parlamentaria le obligará a definir sus prioridades más pronto que tarde. Su minoría se plasmó el jueves cuando toda la oposición en bloque aprobó una resolución que obligará a revisar los Presupuestos de la Generalitat para que las cuentas se correspondan con el descenso de los ingresos previstos.

Sin embargo, Mas no pierde la esperanza de poder formar un frente común, además de con ERC, con el PSC e ICV-EUiA para defender unitariamente un pacto fiscal que nadie ve factible en la coyuntura actual. La pregunta que queda en el aire es: ¿Qué pasará cuando el Estado dé el no rotundo y definitivo a la propuesta de pacto fiscal? En una reciente entrevista en Vilaweb, el flamante secretario de Organización de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull, apuntó un camino que está por ver si seguirán: «Tendremos que hacer un ejercicio unilateral de soberanía».