La muerte de una persona a manos de la Policía es siempre y en todos los lugares del mundo un hecho político. Lo fue la muerte de Jean Charles de Menezes en el metro de Londres, por poner un ejemplo, y lo es la de Iñigo Cabacas en Bilbo. La familia y los allegados de este último han pedido que no se utilice su caso políticamente, lo cual es legítimo y debe respetarse. Se da por hecho que el sentido de «político» en este contexto es «partidario», es decir, se pide que no se utilice el caso de manera interesada y que no se trate a la víctima de modo instrumental, es decir, como arma arrojadiza para beneficio de una posición concreta. En definitiva, que se respete el duelo de una familia que ha perdido a un ser querido de un modo realmente trágico.

Lo que ese deseo no implica en ningún caso es, cuando menos, otra vertiente política, a saber, que se realice un sincero esfuerzo por parte de todos para que el de Pitu sea el último caso. Desgraciadamente, no ha sido así. Por un lado, tras un vergonzoso intento por desvincular la muerte de Cabacas de la carga de la Ertzaintza, las posteriores explicaciones del Consejero de Interior, Rodolfo Ares, no han hecho más que indignar a quienes exigen justicia, sembrando la duda de la impunidad. No ofreció ninguna explicación veraz y se agarró al recurrente «victimismo» que tan a menudo suele criticar. Un dato significativo: mencionó tan solo dos veces a Iñigo Cabacas y hasta en diecisiete ocasiones a ETA. Ares tampoco ha presentado medida política alguna que garantice que la Ertzaintza no vuelva a provocar heridos graves con sus intervenciones, sino todo lo contrario.

Asimismo, la dimisión de Ares, si bien resulta pertinente aunque solo sea por la lamentable gestión que ha hecho del tema, no garantizaría el objetivo de que no haya más desenlaces fatales a causa de la brutalidad policial. Porque el problema es precisamente ese: un modelo policial abonado a la brutalidad sectaria. A nadie escapa que la razón por la que los mandos policiales valoraron realizar una carga indiscriminada fue que el lugar de los hechos era las inmediaciones de la herriko taberna de Indautxu. Es decir, según su punto de vista, no era indiscriminada, era contra un sector de la sociedad al que ellos catalogan como sospechosos o, directamente, como criminales. La realidad social muestra que la separación entre «buenos» y «malos» que se hace en los cuarteles no se corresponde con cómo convive la gente en las calles de Euskal Herria. Deberían ser conscientes de que para muchos vascos los «malos» son precisamente quienes habitan esos cuarteles.

Volviendo a la cuestión del modelo policial, las razones por las que Ares no prohibió las pelotas de goma este mismo jueves -cuando ya se sabe que Europa lo va a hacer más pronto que tarde- son políticas; no quiere conceder una victoria, ni siquiera simbólica, a quienes han padecido hasta ahora esos pelotazos. La razón para mantener la densidad policial más alta de Europa es también política, puesto que en este momento resulta insensato incluso económicamente. Las razones para no desmantelar una Brigada Móvil sin más función que no sea el control social y la persecución ideológica son claramente políticas. En definitiva, esta semana ha quedado claro que el modelo policial solo puede cambiarse con una agenda clara y con presión popular. Es decir, con una estrategia que vaya más allá de la consigna. También se ha demostrado que, de no cambiar ese modelo, nadie puede garantizar que hechos como el de Indautxu no se vuelvan a repetir.

Interlocución en nuevos parámetros

Si en el caso de Iñigo Cabacas la indignación ha prendido en la sociedad vasca de manera bastante espontánea, en el caso de los presos políticos vascos el sentimiento de injusticia es sostenido en el tiempo, tal y como demuestra la manifestación de ayer contra la cadena perpetua y el resto de medidas excepcionales.

Otro hecho relevante ocurrido esta semana en este terreno es el nombramiento de Mikel Albisu, Marixol Iparragirre, Lorentxa Gimon, Anabel Egues, Jon Olarra y Xabier Alegria como interlocutores del EPPK. Según reconocían los nuevos representantes del EPPK en la entrevista a GARA y «Berria», si en anteriores procesos los estados querían zanjar cuanto antes el tema de los presos para dilatar cuestiones políticas, ahora bloquean el tema de los presos para no afrontar el proceso y, en definitiva, la naturaleza política del conflicto. En un sentido estrictamente «técnico», los gobiernos español y francés ya tienen adonde acudir para resolver el problema de los presos, los interlocutores ya han tendido esa mano. Pero quizá su mensaje más importante no sea ese. Además del diagnóstico sobre el momento político, la interlocución tiene la gran potencialidad de poder expresar la posición de ese colectivo, muy importante dentro del proceso político. Como ellos mismos resumían, «con la interlocución tenemos voz propia».

Junto con la unilateralidad, otra de las claves del éxito de la estrategia de la izquierda abertzale y, en general, del denominado frente amplio, es que su mensaje ya no se dirige exclusivamente a los estados, sino particular y especialmente a la gente, a la calle, a la sociedad vasca.