La reforma territorial lanzada por el Gobierno francés en 2010 planteó, entre otros cambios, la desaparición de la estructura «Pays». La incertidumbre sobre el devenir de esa estructura ha llevado al Consejo de Desarrollo y al Consejo de Electos a abrir una reflexión sobre qué modelo institucional podría instaurarse en Ipar Euskal Herria en el futuro. La primera etapa de ese debate ha terminado, hace dos semanas, con la entrega por parte de los expertos juristas Jean-Pierre Massias y Jean Gourdou de un primer informe. Basándose en los resultados de ese documento, el Consejo de Desarrollo se pronunció el pasado 5 de abril a favor de la creación de una «colectividad territorial».

¿Cómo situaría el debate en este momento?

El debate sobre el estatuto jurídico de Iparralde es un debate profundo, antiguo y que consiste en saber si vamos a dar a este territorio un estatuto jurídico. Según las leyes francesas, solo tienen estatuto jurídico las colectividades territoriales, que pueden tomar la forma de departamento, de región o de colectividad específica. Hasta ahora, nunca se han dado esto para Iparralde. Poco a poco hemos llegamos al período actual, donde se pone en duda la ley sobre la organización administrativa y el estatuto de «Pays».

Por medio del «Pays», Ipar Euskal Herria ha conseguido estos últimos años crear una especie de estructura administrativa.

El «Pays» es un estatuto jurídico, pero no corresponde a un estatuto de colectividad territorial. Hoy en día existe una ambigüedad sobre la desaparición de esa estructura. Algunos dicen que se va a mantener para Iparralde; otros, que no. Gracias al «Pays», el Consejo de Desarrollo y el de Electos, que son estructuras asociativas particulares, han creado una forma de gobernancia, pero que no es una institución.

En octubre de 2011, Consejo de Desarrollo y Consejo de Electos lanzaron una reflexión sobre el tipo de gobernancia que ha desembocado con la publicación de un informe.

Primero se crearon grupos de trabajo compuestos por miembros del Consejo de Electos y el de Desarrollo. La idea era estudiar qué se debería hacer para conseguir las competencias que querríamos obtener de forma progresiva. Y, basándose en esos resultados, nos han pedido que tratemos de traducir jurídicamente y políticamente esa visión de futuro teniendo en cuenta el cuadro legal francés. Nuestro estudio se articula sobre dos ideas: la primera es la de traducir jurídicamente esos resultados; la segunda, interrogarse sobre los argumentos políticos que podrían acompañar un debate sobre la evolución de la gobernabilidad.

Han llevado a cabo una serie de discusiones con representantes y partidos políticos, y también miembros de la sociedad civil....

Hemos estado con muchos para saber lo que pensaban sobre el tema. Han sido encuentros profundos -algunos han durado más de dos horas-, anónimos y voluntariamente muy abiertos. El espectro ha sido muy amplio: Hemos estado con los diez presidentes de las mancomunidades, todos los parlamentarios, diputados y senadores. Hemos estado con representantes de todos los partidos políticos, desde Batasuna hasta el Frente Nacional, aunque estos últimos no nos han concedido entrevista. Y hemos hablado con estructuras como Batera, Autonomia Eraiki y algunos representantes de la sociedad civil. Pero no los suficientes, ya que no hemos tenido tiempo necesario y, además, porque la pregunta era sobre todo política.

La cuestión era sencilla: qué visión tienen del pasado y del futuro. Teníamos tres hipótesis de debate: mantener el «Pays Pays Basque», crear una colectividad territorial o crear una estructura intermedia. Las discusiones han mostrado, que en el fondo, la cuestión central era la de la colectividad territorial. Todos no están a favor, pero hemos visto que es un tema importante al que hay que enfrentarse.

Este debate era impensable hace solo unos años. ¿Por qué se ha producido este cambio?

Ha habido varios cambios. Por un lado, está la incertidumbre entorno al «Pays». El otro factor es que muchos actores piensan que el «Pays» ya no es suficiente y que, aunque se mantuviese, técnicamente no sería suficiente. Y, sobre todo, está la evolución del contexto político. Hoy en día las relaciones se han pacificado mucho y todos ven el interés de crear estructuras donde todos puedan participar. Está el ejemplo de la Oficina Publica de la Lengua Vasca: gente que hace 20 años no tenía ningún contacto amistoso hoy en día trabajan juntos. Se ha convertido en un órgano de pacificación. Y. claro, está el contexto político de Hegoalde. La tregua ha facilitado mucho las cosas.

El Consejo de Desarrollo se ha pronunciado a favor de la colectividad territorial y el de Electos dará su parecer en unos días. ¿Cuáles son las próximas etapas a cubrir?

El Consejo de Electos hará una reunión y tendrá que continuar el debate. Se creará un grupo que trabajará en torno a un texto y, posteriormente, el Consejo de Electos tendrá que adoptarlo. Pero no depende ni del Consejo de Desarrollo ni del de los Electos. Estamos dentro de la legalidad republicana, así que es el Parlamento de la República quien decide. Es una cuestión social que va por encima de las divisiones políticas de derecha e izquierda. Eso podría permitir la organización de una consulta prevista en la Constitución francesa y podría reforzar la propuesta ante el Parlamento. Soy incapaz de saber si es una cuestión mayoritaria, minoritaria o si interesa a la sociedad, pero me parece que las líneas de división entre los partidos no responden a esa cuestión. La única recomendación que hemos hecho es que hay que zanjar la cuestión de forma clara porque, si no se hace, podría envenenar las políticas locales.