Todos los ojos de Europa están ahora puestos en la evolución de la economía española. La puesta en marcha de nuevas medidas de ajuste por parte del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy han situado al conjunto de la Unión Europea en una situación de expectativa, dada la trascendencia de la evolución de la economía española para el conjunto de la Eurozona y, en última instancia, para el propio futuro del euro.

La razón básica es que, si bien los desequilibrios estructurales de la economía española son proporcionalmente menores que los de la economía griega, también lo es que la dimensión de la economía española es sustancialmente superior, como lo es la dimensión de la deuda pública. Los recursos destinados por la Unión Europea al rescate de la economía griega han supuesto una auténtica sangría de Europa, tanto desde el punto de vista de los recursos financieros como del tensionamiento de las estructuras institucionales de la Eurozona.

El rescate griego ha situado a la Eurozona al borde del abismo y todo ello ha sido aún insuficiente para enderezar la situación de este país. Operaciones de rescate de una dimensión proporcionalmente comparable en relación con el Estado español serían impensables. Una crisis similar con la deuda española podría fácilmente significar el fin de la unidad monetaria europea.

Es importante señalar que, en este contexto, las preocupaciones y objetivos de la Unión Europea no están ligados en sentido estricto a que el Estado español se vuelque en una política de «austeridad». La Unión Europea quiere evitar el estallido de la Eurozona y, en este contexto, su preocupación máxima es la evolución del déficit público y de la deuda pública española. En concreto, evitar que el déficit público español pueda situar a la economía española ante un colapso en la captación de deuda e, indirectamente, pueda provocar el colapso del euro y de la gran banca europea.

Las exigencias de la Unión Europea son, por lo tanto, de ajuste de las cuentas públicas de la economía española.

Aunque los medios de comunicación transmitan el concepto de ajuste presupuestario como si fuese equivalente al de las políticas de «austeridad», no lo es. El objetivo de estos ajustes es, en sentido estricto, contener el déficit público. Y ello puede conseguirse tanto a través de la contención o reducción del gasto público como de la elevación de impuestos en la medida necesaria.

Esta es la razón de que las orientaciones de la Unión Europea vayan encaminadas, en ocasiones, a elevaciones de impuestos superiores a las planteadas por el gobierno español. Las elevaciones de impuestos, como tales, no están destinadas a políticas de austeridad, sino, al contrario, a asegurar la viabilidad de un determinado nivel del gasto público.

En este contexto, el gobierno español parece haber entendido -en contra de las orientaciones europeas- que las subidas de impuestos solo moderadamente pueden contribuir al ajuste presupuestario y que -por lo tanto- este solo puede conseguirse a través de reducciones draconianas del gasto público.

Es sorprendente con qué rapidez se han desinflado las «esperanzas» que el cambio de gobierno en Madrid parecía haber despertado -desde la perspectiva de las políticas anticrisis- en ámbitos políticos y económicos. Apenas aprobada la reforma laboral y presentado el Proyecto de Presupuestos Generales, la convocatoria de huelga general, las dudas del propio Gobierno español sobre los objetivos definidos previamente y las dificultades de colocación de deuda, que han vuelto a subir la prima de riesgo de la deuda pública española hasta los 400 puntos, parecen haber desatado el pesimismo entre los analistas internacionales de la evolución económica española.

Lo cierto es que la desconfianza en Europa frente a la viabilidad de los recortes presupuestarios planteados por el gobierno español es muy alta. En conjunto, en Europa existe una cierta alarma ante la dificultad de que los objetivos planteados se cumplan por entender que, muy probablemente, se está incidiendo excesivamente en los recortes del gasto público e insuficientemente en la elevación de impuestos.

Es importante subrayar que si el problema de ajuste presupuestario es, lógicamente, lo más preocupante a corto plazo para los responsables de la Eurozona, los problemas de fondo de España no proceden del sector público. Hay que recordar que, al contrario de lo sucedido en Grecia, los presupuestos públicos venían siendo equilibrados en el Estado español hasta el año 2008 y que el volumen acumulado hasta ahora de la deuda pública es de los más bajos de Europa.

Es el amenazante sobreendeudamiento privado español el que plantea las mayores amenazas a corto y medio plazo para la economía española. La desconfianza en la solvencia de la deuda pública española, manifestada a través de la prima de riesgo, procede fundamentalmente de la falta de confianza en la evolución del sector privado español y de las previsibles repercusiones que esta negativa evolución continuará teniendo sobre el sector público.

En conjunto, la economía española se encuentra inmersa en un proceso de desapalancamiento financiero que está inevitablemente presionando a la baja a la demanda interna.

En este contexto, la dificultad práctica y política de llevar adelante los recortes del gasto planteados se verá probablemente agravada por la drástica repercusión sobre la recaudación tributaria de la caída conjunta de la demanda privada, como consecuencia del indicado proceso de desapalancamiento, y de la demanda del sector público como consecuencia de los extraordinarios ajustes planteados por el Gobierno.

En un contexto en el que todas las previsiones apuntan a un ejercicio claramente en recesión (-1% la Comisión Europea, -1,7% el FMI, -1,5% el Banco de España), sin un sector productivo capaz de relanzar el crecimiento y con un sector bancario en situación crítica, todo hace prever que los objetivos de déficit planteados este año no se cumplan como consecuencia de una caída de la recaudación tributaria sustancialmente superior a la prevista.

Por último, es importante señalar que estas políticas de drástico ajuste no están teniendo en cuenta las esenciales diferencias estructurales entre unas y otras regiones españolas. Estas políticas pueden causar un daño extraordinario a regiones como el País Vasco, sin graves problemas de endeudamiento, con un tejido productivo activo y un sistema financiero saneado, que lo último que necesitan son caídas artificiales del consumo público y, al contrario, necesitan imperiosamente acelerar los esfuerzos en inversiones en formación y equipamiento tecnológico.

Las políticas económicas españolas no deberían desentenderse de esta situación diferencial y deberían ser capaces de atender de forma diferenciada las necesidades esencialmente diferentes de los distintos territorios. No hacerlo así puede generar graves problemas económicos -y, probablemente, también políticos- a medio plazo.