Si se desconoce su existencia, parecería que la defensa del «derecho humano a la paz» es el lema de una candidata a Miss Universo o de un cándido. Evidentemente, Carlos Villán Durán no es ni lo uno ni lo otro. De la conversación con él se concluye que es una persona muy realista con una obsesión por lograr un marco legal global que, si bien quizá no pueda desterrar las violaciones de derechos humanos, sí pueda prevenirlas y hacer que quienes las cometan no lo tengan tan fácil. Villán es experto en Derecho internacional de los derechos humanos y un gran conocedor de los entresijos de la comunidad internacional, especialmente de las Naciones Unidas. No en vano, entre 1982 y 2005, fue miembro de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de esa institución.

Nos reunimos con él en Donostia, un día después de que diera una conferencia sobre el tema en el Palacio de Aiete, a invitación del alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre. Villán reconoce que le «conmovió» el escenario, dado su pasado como residencia de Franco, y señala que le parece muy positiva la nueva función que se le ha asignado, así como el hecho de que el parque esté abierto a la ciudadanía.

Su tono es académico, pedagógico. No obstante, para tratarse de alguien habituado a un entorno diplomático, resulta vehemente y no se amilana a la hora de hacer críticas, por duras que suenen. En la conversación Villán no rehusa hablar de la cuestión vasca, y lo hace sin medias tintas, pero siempre lo intenta contextualizar dentro de su campo.

Qué es el derecho a la paz

El proyecto de codificar el derecho humano a la paz «nace de la idea de que la paz, siendo un valor universal, no ha sido más que eso, un valor, no ha tenido un significado jurídico; sí político pero no jurídico». Ese sentido político está contemplado en «la Carta de las Naciones Unidas, el tratado constitutivo de la comunidad internacional contemporánea». Villán lamenta que, por el contrario, «la paz como valor jurídico es un nasciturus. No hemos sido capaces de darle un contenido jurídico a lo que debe ser la paz».

El origen de su campaña es, en cierta medida, la guerra de agresión contra Irak, que califica de «catástrofe en un sentido jurídico, político y moral». Fruto de ella son «las violaciones masivas de los derechos humanos a raíz de la denominada `guerra contra el terror' -ahí está Guantánamo, la punta del iceberg-». La conciencia social contra esa guerra fue lo que alentó a la AEDIDH a poner en marcha el proyecto de declarar la paz derecho humano, es decir, «trasladar la paz de la categoría de valor al mundo jurídico». Villán tienen la convicción de que, de estar consagrado el derecho humano a la paz como tal, «desencadenar dicha guerra hubiera sido mucho más difícil». No tiene duda de que «su incumplimiento supondría una dificultad añadida para cometer guerras de agresión sin apoyatura legal».

Más que ausencia de violencia

El próximo junio el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidirá cómo continuar la codificación del derecho humano a la paz. De momento estudiarán una propuesta que recoge el 80% de la Declaración de Santiago, último trabajo promovido por la sociedad civil sobre este tema. A partir de ahí se creará un grupo de trabajo de codificación que trabajará durante dos años. Después la Asamblea General recibirá la propuesta y el objetivo es que adopte una Declaración universal tan importante como la del año 1948, pero centrada en el derecho humano a la paz. «Creo que en 2015 se hará esa Declaración», afirma Villán, que insiste en que «lo importante es que no se rebaje lo adoptado en Santiago».

Según Villán, la paz «no se limita a la ausencia de violencia armada». La paz tiene una lectura positiva que significa la ausencia de otros tipos de violencia como la estructural -que recoge las desigualdades en el mundo, de entre las que destaca los 1.000 millones de personas hambrientas-. «Hay que luchar contra las desigualdades, que no son naturales», sentencia. La violencia estructural va acompañada de la violencia cultural, como la violencia de genero, «una epidemia global».

Villán también es muy crítico con la carrera armamentista, recordando que al año en el mundo se gastan 1.635 millones de dólares en armas.

ONU: reforma y/o refundación

La labor de Villán se dirige a la ONU. En esa línea, la Declaración de Santiago defiende la necesidad de reformar esa institución. Villán va más allá, y tiene claro que «las Naciones Unidas habría que refundarlas». Considera que su «capacidad de autoreformarse ha sido superada».

En todo caso, Villán no es de los que espera a que todo se solucione para empezar a trabajar. Su visión es muy realista y tiene claro «que hay que trabajar con lo que se tiene», sin por ello renunciar a cambiarlo. Por ejemplo, en la mencionada Declaración de Santiago, piden «que el Consejo de Seguridad se reforme, porque el derecho a veto paraliza. Ademas todo se hace a puerta cerrada, sin control».

Cree que es importante reformar no solo las estructuras, sino también «los métodos, el funcionamiento, que sea más transparente». En ese sentido, defiende «que se reconozca el derecho de la sociedad civil a participar en el Consejo de Seguridad».

¿Qué hacer mientras no se reforme el Consejo de Seguridad? Según Villán la revitalización de la Asamblea General es clave, aunque se hable poco de ello.

Sobre los órganos de derechos humanos, cree que ha habido un retroceso al transformar la Comisión en el actual Consejo de Derechos Humanos, en 2005. «Era mejor la Comisión que el Consejo, porque las áreas de participación de la sociedad civil se han reducido». Las razones de ese retroceso son políticas. En 2005, en plena crisis de Irak, «lo que G.W. Bush quería era cerrar las Naciones Unidas, y estuvo a punto de hacerlo». Villán considera que el cambio fue una «trampa de EEUU». Aun así, la ventaja del Consejo es que la mayoría de sus 47 estados son del tercer mundo. Eso hace que pueda tomar decisiones -no hay derecho a veto- y muchas resoluciones se toman con la oposición de los estados ricos. «Así ha ocurrido en el caso del derecho humano a la paz: el Norte rico está en contra, el Sur pobre está a favor».

Esos países tienen una agenda nueva en materia de derechos humanos, lo que ha provocado un «avance en derechos de solidaridad, desarrollo, a la paz, al medioambiente... que responden a los intereses del Sur, no del Norte». En ese sentido, el actual Consejo es más representativo; lo que no evita que existan muchas contradicciones, como que muchos de esos estados violen permanentemente los derechos humanos y que participen del Consejo a modo de parapeto. Por ejemplo, Libia es miembro del Consejo ahora y lo fue en tiempos de Gadafi.