Anders Behring Breivik se sentó ayer en el banquillo de los acusados por la muerte de 77 personas, la mayoría menores de 20 años que acudían al campamento de verano de las Juventudes Laboritas en la isla de Utøya. Antes de dirigirse a Utøya, hizo explotar un coche bomba aparcado frente a la sede del Gobierno del primer ministro, Jens Stoltenberg, en Oslo. El atentado costó la vida a ocho personas, entre empleados y viandantes.

Inmediatamente después de aquella matanza, Stoltenberg aseguró que «nadie impedirá que Noruega sea ella misma». Nueve meses después, el país se mantiene fiel a este sentimiento, tal y como han puesto de manifiesto los propios supervivientes durante estos meses y, en especial, ante la apertura del juicio oral, que arrancó ayer en la capital noruega.

«Hemos logrado regresar a la normalidad con notable rapidez, lo que se percibe como un indicador muy saludable. La única diferencia quizás sea que hemos perdido nuestra inocencia y que ahora somos conscientes de que aquí también se pueden dar ese tipo de situaciones. Ha habido un aumento de la concientización en ese sentido, pero sin llegar a alterar nuestros principios», remarcó Hará Stanghelle, redactor jefe de política del rotativo «Aftenposten».

En opinión de Janne Haaland Matlary, politólogo de la Universidad de Oslo, «todos están de acuerdo en que fue el gesto de un loco guiado por su radicalismo político». «Este es un crimen aislado y la ciudadanía no siente la necesidad de reforzar la seguridad», añadió. En respuesta a esta matanza, el Gobierno desbloqueó recursos suplementarios para reforzar las filas de la Policía, fuertemente criticada por su lentitud en reaccionar y detener a Breivik, y asegurarse de que los efectivos policiales siempre tendrán a su disposición un helicóptero, que, en aquella ocasión, brilló por su ausencia.

Sin embargo, el Servicio de Inteligencia (PST) mantiene el riesgo de amenazas en el mismo nivel de antes de la matanza. En el informe anual divulgado el pasado enero, el PST estimó que la principal amenaza continuaba ligada al islamismo, y que la extrema derecha tendría muy poca adhesión en 2012.

Los supervivientes tienen ante sí diez meses de juicio. «Tenemos que tomarlo como venga, ir día a día y confiar en el sistema judicial», manifestó Christin Bjelland, vicepresidenta del Grupo de Apoyo Nacional por el 22 de julio, que agrupa a los afectados. Su hijo consiguió salir con vida de Utøya.

«Todos los datos van a salir a la luz. Él se va a poder explicar, los fiscales presentarán pruebas, los testigos declararán y, al final, esperamos que haya una sentencia severa dentro de lo que establece la ley», subrayó.

El Grupo de Apoyo Nacional distribuyó pegatinas con el logo «Ninguna entrevista, por favor» para los familiares que quieran seguir las vistas pero no hacer declaraciones.

En una entrevista a BBC Mundo, uno de los supervivientes, Jordi Nordmelan, incidió en que el juicio «no es sobre las víctimas, sino sobre Breivik. Es una oportunidad para que él diga todo lo que quiera, lo cual es bueno, porque podrá responder preguntas que nunca más tendremos que hacerle. Es bueno que el sistema que él odia y trató de destruir lo oiga y le demuestre que funciona».

Prueba del fracaso de Breivik, es que los miembros de las juventudes laboristas contra las que atentó han aumentado un 45% y piensan en «recuperar» Utøya para sus eventos.