En una nota de prensa, el diputado guipuzcoano de Política Social, Ander Rodríguez, y el director foral de Inserción Social, Jon Lasa, denuncian las «nefastas consecuencias» que, a su juicio, «está teniendo sobre los colectivos más vulnerables el traspaso de la gestión de estas ayudas al Gobierno Vasco».

Según los responsables forales, la CAV «tenía un sistema de protección social con la Renta de Garantía de Ingresos que, aunque con limitaciones, era un referente en todo el Estado» y en los últimos años la Diputación de Gipuzkoa «venía gestionando esta ayuda de manera eficaz y modélica, evitando los retrasos en la aceptación de los expedientes y en los pagos».

Ahora, sin embargo, la Diputación entiende que la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, «ha hecho saltar por los aires este sistema». Por ello, se suma a «las denuncias de diversos colectivos sobre el desastre en Lanbide».

«Se retrasan las resoluciones y con ello los pagos, el personal parece no tener los medios para atender adecuadamente a las personas perceptoras y resolver expedientes, hay días en los que es imposible contactar con las oficinas a través del teléfono puesto a disposición de la ciudadanía, tardan más de un mes en dar citas...» son algunas de las deficiencias que observan los responsables forales.

Ander Rodríguez lamenta asimismo que «a la precaria situación económica que sufren quienes solicitan la RGI» haya que «sumar ahora el desconcierto de aquellas personas que, aun cumpliendo todas las obligaciones marcadas, no ven asegurado su sustento por culpa del mal funcionamiento del Servicio Vasco de Empleo».

En la misma nota, el director foral de Inserción Social, Jon Lasa, califica de «indignante» el hecho de que el Gobierno de Gasteiz «haya llegado a atribuir a las diputaciones pagos fraudulentos a personas fallecidas», aunque no ha facilitado a la Diputación datos sobre dichas acusaciones. Por ello, Lasa afirma que «mucho nos tememos que la información es falsa, que no existen tales casos y que se trata solo de una estrategia más en la campaña de desprestigio de las ayudas sociales».