Estos días se están organizando en diversos lugares actos con ocasión del décimo aniversario de los acontecimientos habidos en Venezuela entre el 9 y el 14 de abril de 2002: convocatoria de huelga general por la oposición con claro sello patronal, movilizaciones de encontrada orientación, golpe de Estado, derrocamiento de Hugo Chávez, formación de un nuevo Gobierno y, tras la respuesta popular, la reacción de parte de las fuerzas armadas y las denuncias internacionales (con un papel notable de Cuba), restablecimiento de la legalidad. Ello permitió el posterior proceso político bolivariano hasta el presente.

En el País Vasco, el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela realiza un cine-foro, abierto a quienes quieran asistir hoy en Bilbo (a las 19.30 horas en el Centro Municipal de Castaños). En el mismo se visionará el documental «La Revolución no será transmitida» -elaborado por un equipo de televisión irlandesa-, junto con un intercambio de opiniones en el que intervendré.

No haré aquí un análisis detallado de los acontecimientos, coyuntura por la que atravesaba el país, contexto latinoamericano e internacional, antecedentes, aspectos técnicos del golpe, comportamientos políticos y sociales u otros factores, cuestiones sobre las que existen trabajos académicos y periodísticos.

Obviamente, cada cual puede valorar los hechos desde diversas percepciones. En mi caso me limitaré a señalar el aspecto que me pareció más llamativo desde un punto de vista político-social y que actualmente no debe olvidarse ya que la oposición, o más propiamente la contrarrevolución, sigue en la misma onda: la actuación prepotente y triunfalista fundamentada en la seguridad y certeza de quien considera logrados sus objetivos. Me refiero al acto habido en el Palacio de Miraflores el 12 de abril con el juramento del empresario y devenido en breve presidente del país Pedro Carmona y el anuncio y firma del Acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional.

El golpe fue presentado como un «acto patriótico» con el fin de la «reafirmación y recuperación de la institucionalidad democrática». Se partía de una situación en la que el presidente Chávez había presentado su «renuncia», el vicepresidente «abandonó su cargo» y, por lo tanto, se daba «un vacío constitucional de poder», aseveraciones absolutamente falsas. Sobre ese zócalo se establecía un Gobierno llamado de «transición democrática» y «unidad nacional».

El Acta contenía, entre otras, las siguientes medidas: rescate de la Constitución de 1961, obviando sin más la Constitución vigente desde 1999 que fue aprobada en referéndum; vuelta a la denominación de República de Venezuela anulándose la palabra «Bolivariana»; disolución de las principales instituciones como Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, etc.; derogación de las leyes emitidas gracias a la Ley Habilitante del año 2000, y formación de un Consejo Consultivo compuesto por 35 personas en supuesta representación de los «sectores de la sociedad democrática venezolana».

Como se aprecia en el documental antes indicado, las personas asistentes al acto iban aplaudiendo y vociferando según iban siendo leídos los artículos del Acta hasta generarse una especie de paroxismo clasista y revanchista en un curioso grupo humano integrado por políticos, empresarios, figuras eclesiásticas y militares. Además, se les invitó a estampar su firma como fórmula de «adhesión a este proceso».

Es decir, tras el golpe y convicción de que el mismo había triunfado las nuevas autoridades no se limitaron a algunas medidas esperables en este tipo de situaciones y a poner en marcha un plan progresivo de vuelta atrás, sino que en menos de cuarenta y ocho horas quisieron borrar de un plumazo lo construido desde 1998-99.

Otras cosas que ocurrieron en esas horas de crisis explicaban la mencionada prepotencia de los golpistas, caso en el ámbito diplomático del apoyo conjunto de los Estados Unidos de América y España (siendo presidentes George W. Bush y José María Aznar). Ya en otro trabajo he valorado la Declaración conjunta de EEUU y el Reino de España sobre la situación en Venezuela como una auténtica pieza de antología golpista de intervencionismo en otro estado. En la misma se indicaba, entre otros puntos, que «expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena y sirva para lograr un consenso nacional y la garantía de los derechos y libertades fundamentales»; y que «los gobiernos de Estados Unidos y de España reiteran su convicción de que solo la consolidación de un marco democrático estable puede ofrecer un futuro de libertad y progreso al pueblo venezolano». Palabrería de aliento al golpe y respaldo a lo que pensaban iba a venir.

Diez años y medio después está convocada una nueva elección presidencial para octubre. La amalgama opositora en torno a una veintena de grupos presenta a Henrique Capriles, quien durante el golpe de 2002 pretendió registrar la Embajada de Cuba en Caracas en busca de posibles asilados. Los apoyos reúnen diversos sectores que van desde grupos alejados del proceso boliva- riano hasta los opositores cásicos, incluyendo a los golpistas de hace una década. El programa y propuestas se muestran en un envoltorio progresista, al punto de que la última ocurrencia del candidato ha sido solicitar la institucionalización de las misiones sociales, curiosamente tan denostadas hasta ahora.

Sin embargo, y como el mismo Capriles afirmó («El Universal», 8 de mayo de 2011): «Mi adversario lo tengo clarito y es quien hoy tiene que cerrar su ciclo, es Chávez. Ese liderazgo faraónico mesiánico». ¿Quizás se refiere con cerrar el ciclo a poner punto final al actual proceso político y social? ¿Tal vez para de una manera más suave y a plazo implementar el programa de los golpistas de 2002?

Pueden darse muchas respuestas a tales interrogantes. Yo me inclino por la siguiente hipótesis: las elecciones de 2012 pueden ser la revancha a la derrota del golpe de 2002. Políticamente hablando esas son las dos grandes opciones: consolidar el camino emprendido, pese a errores y contradicciones, o volver a la Venezuela tradicional, capitalista, rentista, clasista, desigual y racista.