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Un caso de narcotráfico sienta en el banquillo a guardias civiles y policías

Un total de 23 imputados por narcotráfico, de los que siete son guardias civiles y dos policías españoles, se sientan en el banquillo de los acusados por el «caso Martorell». Se trata del juicio de estas características más importante celebrado en Barcelona en los últimos años.

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Beñat ZALDUA | BARCELONA

El juicio por el llamado «caso Martorell» comenzó ayer en la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona, con un total de 23 personas procesadas, siete de las cuales son guardias civiles y dos policías españoles.

Se les acusa de formar parte de una trama de narcotráfico que se aprovecharía de la información privilegiada de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) «para dar el palo» a otros narcotraficantes, según explicó ayer uno de los procesados, Juan Pedro Lozano, convertido en el principal delator del caso.

Lozano, delincuente arrepentido condenado por un doble homicidio, detalló en su declaración el modus operandi de la organización de la que él mismo formaba parte. Según señaló, el jefe de la banda, Javier Segura, alias Trapero, recibía el soplo de las FSE para apropiarse de una mercancía que luego colocaban en el mercado con suculentas ganancias, parte de las cuales iba a parar a los propios guardias civiles, encabezados por el teniente coronel Alfonso López, alias Tete.

Además de Lozano, ayer era el turno de la declaración de los principales acusados de la trama, que podrían ser condenados a hasta 39 años de prisión. Se trata del ya mencionado Segura, Daniel Ribelles Bolo y David Barba Chucho; los dos primeros declinaron contestar a las preguntas del fiscal y de los abogados, mientras que el último se limitó a contestar las preguntas de su letrado para declararse inocente.

Inicio de la investigación

La investigación comenzó la noche del 24 de enero de 2005, cuando 12 personas robaron 400 kilogramos de cocaína de un contenedor de gambas congeladas en el Puerto de Barcelona. Se trataba, sin embargo, de un contenedor vigilado por la Guardia Civil, que había recibido el aviso de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y esperaba a que el propietario del contenedor apareciese para detenerlo con las manos en la masa. El robo, por lo tanto, dejó en evidencia la connivencia de las autoridades portuarias y de la Guardia Civil.

A partir de ahí, y no sin dificultades, la investigación ha seguido un hilo del que se han derivado diferentes casos de corrupción y narcotráfico, y del que todavía no se sabe dónde está el final.

un periodista

Entre los imputados hay un periodista que trabajaba para «El Mundo» y que habría participado en una campaña de descrédito contra el encargado de la investigación.

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