Con el proyecto de ley para la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, Cristina Fernández de Kirchner ha tomado una decisión trascendental: recuperar para Argentina su principal recurso natural. Y ha obrado como lo haría cualquier país libre y soberano, puesto que no hay ningún país productor de petróleo en el mundo, que realmente sea independiente, que no tenga una compañía estatal hegemónica. Que sus recursos no sean un bien de interés general y no, siguiendo la lógica depredadora de las petroleras, un bien a la libre disposición de estas. Unas empresas multinacionales solo preocupadas en la extracción, en llevarse todo lo que puedan y en repartir miles de millones de dólares entre sus accionistas extranjeros.

Esta medida, además, se enfrenta a las agresivas políticas desplegadas por el capital español en América Latina, con una amplia gama de negocios -eléctricas, petróleo, teléfono, agua, medios de comunicación...- en muchos casos más importantes que los del Estado español. Un verdadero «segundo descubrimiento de América», sin cruz y espada, con todos los espejos de colores y abalorios del liberalismo, que esta decisión resquebraja. Es previsible una respuesta agresiva del poder económico, político y mediático del gran capital. Pero Argentina no está sola ante este reto de la historia.