Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirma el derecho a la conciliación personal, laboral y familiar de los trabajadores de la Administración pública, según informó LAB. La trabajadora Jaione Aramendi solicitó la reducción de jornada para poder llevar a sus dos hijas a la escuela por las mañanas, pero el Ejecutivo de Gasteiz impidió hacerlo en el horario que necesitaba para atender a sus hijas.

A través del servicio jurídico de LAB, presentó una denuncia en los juzgados de Gasteiz contra la actitud discriminatoria del Ejecutivo de Patxi López. Tras un primer fallo a favor, el Gobierno de Gasteiz recurrió ante el TSJPV, que ha vuelto a dar la razón a la trabajadora, «aunque la decisión llega tarde ante un hecho tan grave, porque la trabajadora no pudo ejercitar su derecho a la conciliación», según expresaron Juan Karlos Markos, responsable de LAB de Administración Pública, y Patxi Bengoa, delegado de esa central en el Gobierno de Gasteiz.

La afectada relató que «tuve problemas cuando intenté concretar el horario de la reducción, ya que no me dejaron entrar a trabajar más tarde de las 9.30, lo que me imposibilitaba ejercer el derecho de acompañar a mis hijas, porque no podía volver para esa hora», explicó ayer Jaione Aramendi, que ha visto que «me han dado la razón tarde, aunque servirá para el resto de empleadas del sector público», precisó.

Narró que ante la negativa de la Administración autonómica, presentó denuncia en el juzgado de Gasteiz. «El 12 de enero de 2011 -según Patxi Bengoa- el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gasteiz le dio la razón. Aún así, el Gobierno de Gasteiz presentó un recurso y paralizó la concesión, hasta que el pasado 22 de marzo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó el derecho de los trabajadores a la conciliación». LAB entiende que «es muy grave la actitud del Gobierno de Gasteiz» y pide la dimisión «para los responsables de esa decisión, tras obtener una sentencia a favor».

Recordaron que la sentencia del TSJPV es firme, por lo que LAB se ha comprometido a trasmitirla al conjunto de los empleados públicos de Hego Euskal Herria para que sea tenida en cuenta.

Tanto Markos como Bengoa resaltaron la «gravedad» de la situación y tacharon de «incomprensible» la actitud del Gobierno de Gasteiz «tras conocerse la primera sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo». Emplazaron a la consejera de Justicia del Gobierno de Gasteiz, Idoia Mendia, a que «deje sin efecto» todas las circulares de la Dirección de Relaciones Laborales que mantienen que la flexibilidad horaria «es la misma para todos, tengan o no jornada reducida», lo que contribuye a que la conciliación de la vida laboral y familiar sea «un derecho imposible de ejercer».

La central sindical lamentó que «a los representantes del Gobierno vasco se les llena la boca de palabras bonitas cuando nos dicen que van a impulsar la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, para lo que llevan a cabo grandes campañas de propaganda, como no hace mucho tiempo lo hizo la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, pero, como se ha demostrado en este caso, entre la teoría y la realidad hay una diferencia muy importante y, en la práctica, observamos que existen verdaderos obstáculos para que este derecho sea una realidad en el sector público», según denunció Bengoa.

Poco ejemplo

En este caso, Juan Karlos Markos explicó que «el Gobierno de Gasteiz, en vez de dar ejemplo, niega a sus trabajadoras y trabajadores la posibilidad de ejercer este derecho. Más aún, conociendo que había una sentencia que daba la razón a la trabajadora, el Gobierno continuó conculcando ese derecho a la trabajadora y recurrió la sentencia». Por lo que remarcó que «es muy grave, porque la propia institución debe proteger e impulsar dicho derecho. Estamos hablando de hipocresía e irresponsabilidad».

El portavoz de LAB en la Administración autonómica, Patxi Bengoa, destacó, por otro lado, que «estamos todavía lejos de conseguir que el derecho a la conciliación sea realmente asumido y se pueda llevar a la práctica». Indicó, en este caso, que «debemos mantener la tensión y la lucha para que este derecho sea una realidad».

Los representantes sindicales explicaron que esta no es la primera sentencia que se pronuncia en ese sentido, aunque sí en el marco de la Administración pública de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Dejaron claro que la decisión afecta al sector público.