Fraude a la Hacienda de Gipuzkoa
La estrategia de la defensa de Bravo retrasa el juicio hasta mañana
El juicio que comenzó ayer en la Audiencia de Donostia contra el exdirector de la oficina tributaria de Irun José María Bravo, acusado de un delito de fraude contra la Hacienda de Gipuzkoa, fue aplazado hasta mañana por el presidente del Tribunal, Iñaki Subijana, al objeto de estudiar la petición de la defensa del principal imputado y de su esposa, Rosa Cobos, de que se anule todo el procedimiento porque consideran nulas todas la actuaciones realizadas.
Iñaki TELLERIA | DONOSTIA
El presidente del tribunal anunciará mañana a las 9.30 de la mañana si prosigue el juicio con el comienzo de las declaraciones de los imputados o si atiende los criterios de la defensa y hay que repetir las diligencias previas, con lo que la vista quedaría aplazada.
El exdirector de la oficina tributaria de Irun José María Bravo está acusado de apropiarse del dinero que exigía a determinados contribuyentes a cambio de dar por saldada la deuda que mantenían con la Hacienda de Gipuzkoa y, en este juicio, se enfrenta a una petición fiscal de 24 años y tres meses de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos, estafa, usurpación, receptación u ocultación, e insolvencia punible; así como a una multa de dos millones de euros. Junto a él están imputados su esposa, Rosa Cobos, para quien la Fiscalía pide diez años y un mes de prisión por malversación, receptación e insolvencia punible, y también multa de dos millones; y su socio, Pedro María Atristain, para quien solicita un año y medio de cárcel por receptación.
La acusación particular, que defiende los intereses de la Diputación y de las Juntas Generales, pide treinta años y seis meses de cárcel para Bravo, ocho años y cinco meses para Cobos y dos años para Atristain.
Tras los prolegómenos, con la incorporación de nuevos documentos por parte de la defensa que las partes quedaron en estudiar, la vista comenzó con la exposición del abogado de Bravo, Jesús Urraza, quien mantuvo que el procedimiento «está viciado de nulidad desde su origen», por lo que pidió la nulidad de las actuaciones realizadas hasta el momento. Entre los aspectos que citó para argumentar que no se han respetado los derechos de defensa del exdirector de la oficina de Irun está que al comienzo del proceso no se puso en marcha un proceso de expediente disciplinario administrativo y que el Ministerio fiscal «ha actuado como juez instructor, con lo que se ha vulnerado el derecho a un juez ordinario».
Asimismo, Urraza calificó de irregular que, tras las denuncias de los contribuyentes José Agustín Azpitarte y José Rovira -que fueron quienes con su denuncia destaparon el fraude-, no solo fueron revisados estos dos expedientes sino que se analizaron todos aquellos en los que intervino el acusado. Además, denunció el mantenimiento de secreto de una parte del sumario durante dos años.
Por su parte, la abogada de Cobos, Mari Cruz López Gascón, utilizó argumentos similares para pedir también la nulidad del proceso. Además, denunció el cambio de imputaciones de su defendida, al añadírsele también la malversación.
«Aspectos intrascendentes»
El fiscal Javier Larraya calificó de «aspectos intrascendentes» los argumentos de las defensas para pedir la nulidad. Recordó que no es necesaria la declaración del acusado durante la investigación y, en cuanto al secreto parcial del sumario, lo justificó en que el acusado no tenía que conocer las investigaciones que se realizaban sobre sus bienes en el Estado francés.
Larraya recordó después a la defensa que, desde que en 2009 se levantó el secreto de esas actuaciones concretas del sumario, no había planteado ninguna actuación al respecto. Además, justificó la acusación contra Cobos de malversación en calidad de cooperadora porque es la titular de la cuenta corriente en la que se ingresaban las cantidades de dinero supuestamente defraudadas.
Desde la acusación particular, el abogado Miguel Alonso Belza afirmó que «en cuanto tiene noticia de una irregularidad» la Diputación la denuncia ante la Fiscalía y que «es ésta la que tutela todas las actuaciones posteriores». Asimismo, indicó que la realización de diligencias de investigación por parte de la Inspección de Hacienda «no supone ninguna conculcación de derechos de los contribuyentes» porque en el marco de sus competencias la Diputación puede investigar «lo que crea oportuno».
Desde el ámbito político, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó que su partido está «absolutamente tranquilo» y que espera «se llegue hasta las últimas consecuencias».
El abogado de Atristain, Pedro Lasagabaster, se alejó de la estrategia dilatadora de los defensores de Bravo y Cobos en cuanto tuvo ocasión de tomar la palabra. No quiere saber nada de nulidades. De hecho, se diría que él y su defendido no quieren saber nada de los compañeros de imputación.
Ni siquiera el matrimonio parece tal, ya que primero entraron en la Audiencia Atristain y Cobos, seguidos pero no juntos, y cuando los cámaras se centraban en ellos, Bravo entró como si la cosa no fuera con él. Sin embargo, el traicionero detector de metales le atascó en la entrada y chafó la discreción de su aparición.
Al final de la jornada y tras la salida de Atristain y su abogado, Bravo se dirigió al exterior sin contemplaciones junto a su abogado y su grupo de asesores -cargados de maletas como en una huida-, quizás para que los reporteros gráficos le siguieran y no pudieran inmortalizar la cara acongojada de su esposa y es que Rosa Cobos tiró de pañuelos tanto durante la vista como en la despedida. I.T.
En medio del debate sobre los casos de beneficios fiscales, las Juntas de Araba y Gipuzkoa abogaron ayer por eliminar los privilegios de la Iglesia. En Gipuzkoa, con los votos en contra de PP y PNV aprobaron una propuesta de resolución, transaccionada por PSE, Aralar y Bildu a partir de una iniciativa del PSE, a través de la cual instan a la Diputación a elaborar un estudio detallado que informe del impacto económico en el herrialde de los beneficios y exenciones fiscales de las distintas confesiones religiosas, en particular de la Iglesia Católica. En Araba aprobaron una iniciativa similar, con los únicos votos en contra del PP, en la que instaron al Gobierno a modificar la legislación para que se eliminen los privilegios en el tratamiento fiscal de las diferente confesiones religiosas. Ambas instituciones piden que se revise el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, que data de 1979, y tengan en cuenta las críticas de la Comisión Europea respecto a los privilegios de financiación de la Iglesia católica. Las mociones presentadas reclaman asimismo que se revise la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Contrucciones, Instalaciones y Obras a los inmuebles relacionados con la religión.
Romero cuestionó la capacidad de las Juntas para decidir sobre expedientes sin disponer de toda la información necesaria por cuestiones de confidencialidad, algo que Franco consideró necesario para tomar decisiones sin ningún tipo de injerencia.
