En la sesión del ayer del juicio que se sigue en la Audiencia de Donostia por el caso del fraude a Hacienda realizado desde la oficina tributaria de Irun, les tocó declarar a los otros imputados, además de Bravo, su esposa en el momento de los hechos, Rosa Cobos, y su socio en algunas empresas, Pedro Atristain. Ambos se declararon inocentes y mantuvieron que se enteraron de los hechos que se les imputan cuando en abril de 2004 la Ertzaintza les fue a buscar para prestar declaración.

Atristain mantuvo que está en este juicio «como una víctima de un abuso de confianza», en referencia a José María Bravo, al que consideró su «amigo» hasta que se hicieron públicas las imputaciones. El socio de Bravo añadió que se considera «una víctima total, la única víctima que está aquí», en alusión a los otros dos acusados presentes en la sala, Bravo y Cobos.

Este imputado reconoció que compartía participación con Bravo en las sociedades Asesoría Urdanibia, Correiduría Urdanibia y Urdanibia Asesores, y explicó que, en ellas, se dedicada a su profesión de corredor de seguros. Además, figuró como administrador único en la empresa Ulki, a pesar de que solo tenía el 3% de las acciones, el resto pertenecían a Bravo. Atristain mantuvo que asumió ese cargo como «favor» que le pidió Bravo para que pudiera participar en la subasta de una vivienda en la calle Pikoketa de Irun, que le interesaba al exdirector de la oficina tributaria, pero a la que no quería presentarse dada su condición de funcionario de Hacienda. Atristain dijo que se limitó a entregar el sobre con la puja por la vivienda y que no sabía que era administrador único, que pensó que era administrador solidario con Bravo.

Dedicada a su casa y a sus hijos

Por su parte, Rosa Cobos, esposa de Bravo hasta hace tres años, mantuvo que no sabía nada de los negocios de su marido y que, a pesar de trabajar en la empresa Urdanibia y compartir participaciones y titularidad en las cuentas corrientes, desconocía los movimientos de capital que se realizaban. Llegó a decir que se dedicaba a su casa y a sus hijos, y que la única cuenta que controlaba era la de la Caja Laboral en la que ingresaban su propio salario y el de Bravo como funcionario, que el resto de movimientos eran «los ingresos de mi marido como profesional, al margen de su sueldo».

Cobos añadió que se enteró de los hechos que se juzgan cuando en 2004 se lo contó su abogada, Mari Cruz López Gastón, tras ser interrogada por la Ertzaintza. Declaró que le preguntó a su marido, pero que hasta poco antes de comenzar el juicio no le ha confesado su forma de actuar con los cheques que le entregaban los contribuyentes.

Manifestó que desconocía lo que ganaba Bravo en sus negocios y que no hacía caso de las abultadas cantidades de dinero que eran ingresadas en las cuantas, a pesar de que le tuvo que reconocer al abogado de la acusación que, además de sus estudios de FP en contabilidad, es diplomada en Empresariales y lleva la gerencia del hotel que comparte con Bravo en Jerte.

Anteriormente, terminó su declaración José María Bravo en la que, además de exculpar a Cobos y a Atristain, trató de justificar en lagunas de funcionamiento del departamento de Hacienda de la Diputación la desaparición del dinero del que se le acusa de apropiación. En unos casos se refería a la oficina tributaria de Eibar y en otras a las centrales, a las que citaba como «San Sebastián» o «Errotaburu».

En este sentido, insistió en que él ingresó en las arcas del fisco todo el dinero recaudado -aunque no presentó ningún recibo ni confirmación de que lo hiciera- y desvió responsabilidades a los funcionarios que, una vez ingresado el dinero, no lo «aplicaron» correctamente en el expediente correspondiente.