Sabin Arana, de 67 años y vecino de Sestao, inició su militancia política en la década de los 60 lanzando por la noche pequeñas ikurriñas, realizando pintadas y acudiendo a reuniones «clandestinas». En 1962, recibió su primera multa «gubernativa». 25.000 pesetas por bailar y tocar el txistu en fiestas junto al grupo de baile al que pertenecía. Aquel «desafío» no gustó a las autoridades. Arana fue enviado a prisión durante un mes por no pagar la multa. No sería la última vez. En 1964, fue nuevamente detenido y, dos años después, absuelto.

En marzo de 1968, ya en plena clandestinidad, fue arrestado en Araba. Estuvo cuatro días en comisaría. «Me podían haber tenido dos días más. Pero no pudieron hacerlo por el estado en el que estaba. Las torturas fueron, realmente, duras. En los interrogatorios participaron agentes de Bilbo, Donostia, Iruñea. Tuvieron que llevarme a un hospital y, de ahí, fui directamente encarcelado. No recuerdo ya cuántos meses estuve en la enfermería», señala a GARA.

«Los expresos somos testigos vivos de la represión. Aunque Baltasar Garzón no es un personaje de nuestro gusto, con su procesamiento quedó claro el poder que siguen teniendo los franquistas, insertados aún en la Administración, en la Judicatura...», remarca. Agradece a los organismos de derechos humanos argentinos su apoyo y solidaridad, «compañeros en el sufrimiento y en la lucha» contra la impunidad. Tarea que Goldatu comparte en Euskal Herria con Lau Haizetara, Ahaztuak, Martxoak 3...

Josu Ibargutxi no olvida el estado en el que quedó Andoni Arrizabalaga, cuyo caso inspiró a Telesforo Monzón a la hora de escribir la canción Itziarren semea, y el de Imanol Aspiurrena. El lunes, entregará a Servini de Cubría el expediente de ambos junto a muchos más. Reconoce que no ha sido tarea fácil recopilar tanta información y, sobre todo, «volver a leer testimonios como el de la viuda de Aspiurrena» y ser portador de «tanto sufrimiento». Al igual que Arana, Ibargutxi estuvo nueve años preso. Fue detenido en 1968 después de que le explotara la bomba que estaba manipulando. Las heridas que sufrió impidieron su trasladado a comisaría. En todo momento, le amenazaron con llevarlo ante el comisario Melitón Manzanas.

A Servini de Cubría le pedirá que, además de a Madrid, se traslade al consulado argentino de Bilbo porque «en Euskal Herria somos miles los represaliados».

En su declaración del lunes, hará hincapié en la tortura, en episodios como el proceso de Burgos y en la Ley de Amnistía de 1977, «una Ley de Punto Final encubierta. A nosotros nos sacó de prisión el anhelo y la movilización de un pueblo. Queremos que, de una vez, desaparezcan todos los posos del franquismo y superar esa injusticia, porque el franquismo jamás ha sido enjuiciado, ni siquiera ha habido una petición de responsabilidades. Ahora, incluso, quieren cambiar el relato intentado hacer ve que `en fin, la dictadura no fue para tanto'», resalta.

«Vamos a denunciar ante la juez argentina a todos los componentes del Tribunal de Orden Público, desde el presidente hasta el último secretario, a 148 torturadores, a unos 18 carceleros, entre los que hay una decena de directores de prisiones, y a otra decena de miembros de tribunales militares», explica José María Galante Chato, detenido en cuatro ocasiones y torturado en tres. En uno de los tantos interrogatorios a los que fue sometido, le dijeron que «me iban a enseñar euskara». Chato prefiere no hablar de las torturas que sufrió, porque pertenecen «al ámbito personal y fuimos muchos los torturados». Admite que le ha costado «más de lo que pensaba» hurgar en el pasado. «Llevamos unos 40 expedientes. Algunos no han podido escribir más que una cara de folio porque a medida que iban recordando, lo iban pasando mal», añade. Entre esos expedientes está la declaración de las cuatro hermanas de Puig Antich.

Tampoco ha sido tarea fácil recopilar archivos y documentos acreditativos del paso por las dependencias de la Dirección General de Seguridad del Estado, de las sentencias, de los consejos de guerra. «Es increíble que, a día de hoy, no tengamos acceso a los archivos de nuestras propias historias y que, cuando nos permiten tener acceso a algunos expedientes, todos los nombres, excepto el tuyo, estén tachados. Los ocultan, claramente, en relación al presente», destaca.

«Este es el inicio de una pequeña batalla contra la impunidad. Más aún en un momento en el que las libertades democráticas están en retroceso con un Gobierno que, amparándose en la crisis, se está armando de leyes que le permitan reprimir cualquier protesta», subraya Manolo Blanco. Con él viajarán hasta Comodoro Py los expedientes de los consejos de guerra de setiembre de 1975 y, en particular, el de Humberto Baena. «Un expediente repleto de irregularidades. Un proceso en el que el juez denegó en solo 20 minutos las 124 pruebas presentadas por la defensa, en el que el fiscal ni siquiera fue capaz de mostrar ninguna de las evidencias que decía tener y, en definitiva, exponente de la excepcionalidad jurídica que caracterizó al franquismo», remarca Blanco.

Como sus compañeros, se muestra optimista en la «tenacidad» demostrada por Servini de Cubría, que «todo hace indicar que va muy en serio». Lamenta que «esto no se hubiera hecho hace treinta años» y augura centenares de nuevos testimonios en una querella cuyo volumen no para de crecer.