En otro tiempo, era imprescindible tener pasaporte para contemplar la bahía de Txingudi desde el otro lado del Bidasoa. La modernidad de la Transición nos permitió viajar con el obligado DNI español y, en 1985, la construcción de Europa desmanteló las fronteras firmando el acuerdo de Schengen, que facilitó el derecho de libre circulación de un país a otro y en su lado más oscuro reforzó la cooperación policial entre los países de la UE. La caída de las fronteras administrativas hizo crecer la alegre sensación de ser ya Europa y, en los 90, desaparecido el muro de Berlín y mientras Yugoslavia se deshacía y la guerra levantaba nuevos muros de odio y racismo entre los pueblos que la formaron, la industria armamentista disparó sus beneficios y las ayudas económicas llegadas de la UE para el empleo y el desarrollo, avivaron la idea de que ¡por fin! el Estado español era un país democrático, rico y competitivo, dentro de una burbuja inmobiliaria que nunca se iba a romper. Con el nuevo siglo, como dicen en los cuentos, aconteció que una mañana el FMI deshizo el sortilegio y amanecimos, aun no siendo españoles, siendo europeos de cuarta, cada día más pobres, sin trabajo, sin derechos, apaleados o detenidos por hacer huelga. Alemania y Francia apelan al populismo de la seguridad y el miedo y han solicitado la suspensión del acuerdo de Schengen para levantar de nuevo las fronteras, restringir la llegada de inmigrantes y controlar el ir y venir de gentes peligrosas con ideologías que estropean el convivir silencioso del pacifismo que oprime. Lo mismo ocurría en los albores del fascismo. No sé si la historia se repite, pero sí se asemeja.